Así como la inflación sube cual espuma diariamente en Venezuela, pulverizando la moneda nacional y el poder adquisitivo del trabajador, en proporción geométrica se manifiestan los índices de irritabilidad del gobierno nacional, quien ha adoptado una actitud de exterminador contra las instituciones que a nivel internacional se atrevan a cuestionar y evidenciar sus tropelías de todo calibre, contra los derechos humanos y en particular los derechos laborales.
Esta conducta irracional plena de soberbia del poder, condición típica del capricho de las tiranías, lo conlleva a denigrar del Informe de la comisionada de DDHH de la ONU, contra el Secretario General de la OEA, igualmente denostar del Grupo de Lima y de la UE y de su supuesto agresor impenitente los EEUU.
En fin, este guión aprendido del castrismo lo maneja a su antojo, aún cuando éste afecte la condición de vida del pueblo venezolano. En esta oportunidad la ha emprendido contra la OIT al emitir Informe gubernamental en tono rabioso el pasado 27/12/2019 dirigido a Guy Ryder, Director General del organismo laboral tripartito.
¿Cuál es el origen de tanta iracundia?. Se debe al Informe publicado el 27/09/2019 de la Comisión de Encuesta de la OIT designada por esta institución para investigar las agresiones del régimen contra trabajadores y empleadores privados en la última década, cuyo contenido demuestra la violación contumaz del régimen de los convenios, 26 sobre fijación de salarios mínimos, 87 relativo a la libertad sindical y 144 la consulta tripartita, reconocidos por el Estado Venezolano desde el siglo pasado.
El informe firmado por el Ministro del Trabajo cuyo contenido carece de todo talante diplomático y jurídico, comienza por descalificar a los sindicatos venezolanos, calificándolos de amarillos, adjetivo adjudicado a los sindicatos patronales, cuyo concepto cuadra realmente es con los sindicatos rojos gubernamentales, como lo es la Central Socialista Bolivariana de Trabajadores (CBST), fundada en 2011 por el fenecido presidente, cuyo máximo directivo es un genuflexo alcahuete de todas las felonías y arbitrariedades cometidas contra sindicatos y centrales sindicales autónomas.
El segundo artilugio gubernamental es que la queja fue introducida por los empleadores privados, por tanto los trabajadores no tienen facultad para adherirse, por tanto no tiene validez la denuncia de los sindicatos, argumento risible ya que el convenio 87 incluye a empleadores y trabajadores en el derecho a disfrutar de la libertad sindical.
El colmo del informe gubernamental es el referente a la prisión de Rubén González, de quien se ocupa no nombrándolo, pero si justificando su detención y enjuiciamiento por un tribunal militar, aún cuando cumplía su deber de defender a los afiliados del sindicato de la empresa Ferrominera. Lo anecdótico del caso es que el firmante del texto hoy ministro del trabajo pasó de ser sindicalista a ser hoy un desmoralizado funcionario de la tiranía.
Pues bien, mal termina el año para el régimen, quien se ufana de mantener el poder controlado mediante fanfarrias y coheterías de noche vieja, hoy como chacumbele se infringe una raya mas ante la comunidad internacional, que cada día se convence de su carácter antidemocrático.
Froilan Barrios Nieves
