«Hacia 2007, Flores de Maduro ofreció a grupos alineados con el Eln contratos de PDVSA (empresa estatal petrolera de Venezuela) para ayudar en las negociaciones con el grupo y, hacia 2014 y 2015, el hijo de Maduro Moros, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, alias ‘Nicolasito’, utilizó un avión de PDVSA para transportar drogas protegidas por la Guardia Nacional Bolivariana en la isla de Margarita, Venezuela»
Ese es uno de los señalamientos judiciales de mayor peso conocidas por EL TIEMPO y contenidas en la nueva acusación sustitutiva (superseding indctment) en contra del expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, extraído de su país en enero pasado por fuerzas de seguridad de Estados Unidos y en medio de un juicio por cargos de narcoterrorismo, tortura y posesión de ametralladoras.
El nuevo documento, de 30 páginas, detalla conductas criminales atribuidas a Maduro en su condición de funcionario y posterior presidente del régimen chavista en Venezuela. En esta ocasión particular, sumado a la ya conocida acusación por utilizar el Estado venezolano como pista de narcotráfico, a los procesados se les atribuye conexiones con guerrillas colombianas como el Eln y las extintas Farc.
De acuerdo con la Fiscalía estadounidense, “a medida que el narcotráfico se descontrolaba, Nicolás Maduro Moros y Cilia Adelia Flores de Maduro, los acusados, junto con otros miembros de alto nivel del gobierno venezolano, también utilizaron sus cargos para robar a instituciones gubernamentales financiadas con dinero de los contribuyentes mediante contrataciones corruptas”.
Y agrega la acusación: “Esta corrupción fue particularmente frecuente en la empresa petrolera estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), e involucró contratos corruptos que la dirigencia de PDVSA calificaba como ‘política de Estado’ establecida por Maduro Moros. El robo, el derroche, la incompetencia y la corrupción estaban generalizados en PDVSA, y la dirigencia venezolana también utilizó a PDVSA para facilitar su narcotráfico”.
De ahí que, para 2007, según la acusación que deberá ser probada en juicio, la esposa de Maduro habría ofrecido a grupos alineados con el Eln contratos en PDVS, para supuestamente ayudar en negociaciones con el grupo. Los detalles de esos supuestos ofrecimientos deberán ser soportados por la Fiscalía.
El contexto del caso Maduro
La quinta acusación sustitutiva fue presentada este 8 de octubre ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. El texto establece que durante “más de 25 años” los procesados “abusaron de sus posiciones de confianza pública, enriqueciéndose mediante la corrupción y permaneciendo en el poder mediante graves violaciones de derechos humanos”.
Según la Fiscalía, ambos “se sentaron en la cima de esa violenta estructura de poder”, que dependía del control de las fuerzas armadas, la judicatura y los cuerpos policiales, y de alianzas con grupos criminales, incluidas organizaciones terroristas y bandas respaldadas por el Estado conocidas como colectivos. Su círculo íntimo, al que el documento llama Cartel de los Soles, habría traficado drogas “bajo la protección” de esas instituciones.
El documento describe a Maduro como presidente de Venezuela y luego “gobernante de facto pero ilegítimo”, tras haber sido diputado, canciller y vicepresidente. A Flores la presenta como presidenta de la Asamblea Nacional, fiscal general y miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, a la que califica de “entidad ilegítima”.
En la parte dedicada al enriquecimiento, la Fiscalía sostiene que desde 2006 la pareja usó a los agentes asignados para generar riqueza personal. Ese año, afirma, ordenaron a allegados y miembros de sus escoltas “supervisar y facilitar el transporte regular de cargamentos de cocaína” por unos 1.000 a 2.000 kilogramos, con ayuda de la Guardia Nacional Bolivariana.
También se lee en la acusación que ordenaron a sus equipos de seguridad “secuestrar, golpear y asesinar” a quienes les debían dinero por droga o afectaban el negocio, y cita como ejemplo el asesinato, ordenado por Maduro, de un jefe local de drogas en Caracas. La violencia, según el texto, también tuvo lugar en las actuaciones de Maduro, pues hacia 2010, ante la sospecha de que un agente de su confianza les había robado droga, Maduro habría ordenado torturarlo dentro de un tráiler militar, con golpes, un disparo en la pierna y una agresión sexual con un palo de escoba.
Jhoan Sebastian Cote Lozano y Juan Diego Torres Lasso/ El Tiempo
