En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro ha instaurado un sistema de represión que utiliza la desaparición forzada, la tortura y las detenciones arbitrarias como herramientas para silenciar a opositores, defensores de derechos humanos y voces críticas. Según el más reciente informe de Foro Penal, actualizado al 12 de mayo de 2025, al menos “68 presos políticos” se encuentran en condición de desaparición forzada, sin que se conozca su paradero o estado de reclusión. Este dato, alarmante por sí solo, es solo una faceta de un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas ha calificado como posibles “crímenes de lesa humanidad”.
Una radiografía de la represión
De acuerdo con Foro Penal, Venezuela registra un total de “895 presos políticos”, de los cuales 808 son hombres y 87 mujeres. Entre ellos, 726 son civiles y 169 militares, incluyendo a “5 adolescentes” de entre 14 y 17 años. Solo 149 han recibido una condena formal, mientras que “746 permanecen detenidos sin juicio”, en una clara violación al debido proceso. En la última semana, se documentaron “8 nuevas detenciones” y “7 excarcelaciones”, lo que refleja la naturaleza cíclica de la persecución política en el país, metodología siniestra denominada por el Foro Penal como “la puerta giratoria”.
La Misión de la ONU ha exigido al régimen de Maduro el cese inmediato de las desapariciones forzadas, clasificándolas como una práctica “perversa e ilegal” que forma parte de una política represiva orquestada desde las más altas esferas del poder. Según el organismo, estas acciones, junto con las detenciones arbitrarias y la tortura, podrían constituir crímenes internacionales. Marta Valiñas, presidenta de la misión, ha señalado que “el aislamiento e incomunicación de los detenidos son tácticas deliberadas para quebrar a los opositores y perpetuar el miedo en la sociedad”.
Tamara Sujú acaba de presentar el informe anual del Instituto Casla ante la Organización de Estados Americanos, en el que se demuestra con pruebas que la represión en Venezuela es “sistemática y generalizada”. El informe documenta cómo “el régimen de Nicolás Maduro utiliza la represión como herramienta de control político y social, ejecutando crímenes de lesa humanidad tanto dentro como fuera de Venezuela, con el objetivo de anular a la disidencia y silenciar a opositores”. El Instituto Casla coloca a la vista las pruebas que sindican al régimen de Maduro de “tramar una convergencia entre represión estatal y crimen organizado”. La abogada Sujú denuncia “la colaboración estructural entre el aparato estatal y el crimen organizado trasnacional, como el Tren de Aragua, para perpetrar violaciones de derechos humanos, incluyendo asesinatos políticos, como el caso del teniente Ronald Ojeda en Chile».
El centro de detención más emblemático de esta maquinaria represiva es El Helicoide, considerado el principal centro de torturas de Latinoamérica. Operado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), este lugar se ha convertido en un símbolo del terror de Estado, donde los presos son sometidos a condiciones inhumanas, aislamiento prolongado y torturas físicas y psicológicas. Otros cuerpos de seguridad, como la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana, también participan en estas prácticas, ejecutando detenciones sin órdenes judiciales y negando a los detenidos acceso a abogados o contacto con sus familias.
La Misión de la ONU ha denunciado la complicidad del sistema de justicia venezolano en estos abusos. El Ministerio Público, los tribunales ordinarios y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia han actuado como engranajes de la impunidad, ignorando denuncias, rechazando recursos legales y bloqueando mecanismos de protección como el “habeas corpus”. Esta connivencia asegura que los responsables de las violaciones queden impunes y que las víctimas permanezcan atrapadas en un limbo jurídico. Dispénsenme que me refiera al caso particular, pero estimo que es de alguna manera emblemático. A mí me secuestró el régimen el 19 de febrero del año 2015. Los policías que ejecutaron esa maniobra no presentaron ni orden de captura ni de allanamiento de mi oficina. Derribaron la puerta con objetos contundentes. No respetaron el debido proceso, ya que siendo alcalde metropolitano de Caracas tenía derecho a un “antejuicio de mérito”. Nunca se realizó. Me privaron de mi sagrada libertad por más de 1.000 días y en ese lapso solo tuve acceso a una sola audiencia.
La persecución no se limita a ciudadanos venezolanos. Según Foro Penal, “72 presos políticos son de nacionalidad extranjera”, lo que evidencia el carácter expansivo de la represión. Desde 2014, se han registrado “18.358 detenciones políticas” en el país, y aunque más de “14.000 personas” han sido liberadas tras recibir asistencia legal gratuita, más de “10.000 ciudadanos” siguen sometidos a medidas restrictivas arbitrarias, como presentaciones periódicas o prohibiciones de salida del país.
El Foro Penal, el Instituto Casla y la Misión de la ONU coinciden en que estas cifras no son hechos aislados, sino parte de un “patrón sistemático” de persecución y criminalización diseñado para aplastar cualquier forma de disidencia. Las desapariciones forzadas, las torturas y las detenciones arbitrarias son herramientas de un “terrorismo de Estado” que busca perpetuar el control de Maduro mediante el miedo y la supresión de derechos fundamentales. El informe del Instituto Casla detalla “nuevos métodos de tortura, como descargas eléctricas, asfixia y violencia sexual, documentando al menos 16 nuevas incidencias que afectan a aproximadamente 35 personas. También identifica unidades clandestinas del Sebin, como la Coordinación de Protección del Orden Democrático, implicadas en estas prácticas”. También se arrojan pruebas que señalan la “injerencia cubana, presentando evidencias de la participación del régimen cubano en la planificación y ejecución de crímenes de lesa humanidad, incluyendo la formación de militares venezolanos en tácticas represivas y la supervisión directa de torturas por parte de oficiales cubanos”.
En un país donde la justicia está subordinada al poder político, las víctimas de estas atrocidades enfrentan un panorama desolador. La comunidad internacional, encabezada por organismos como la ONU, ha levantado su voz para exigir el fin de estas prácticas, pero la respuesta del régimen ha sido el silencio o la negación. Mientras tanto, lugares como El Helicoide, La Tumba. Ramo Verde, Tocorón y la cárcel de Yare siguen siendo testigos mudos de un capítulo oscuro en la historia de Venezuela, donde la libertad y la dignidad humana son sacrificadas en nombre del poder. Pero la justicia está por llegar y será muy severa con los responsables de todos esos delitos y no valdrán excusas como la manida expresión “sólo cumplía órdenes”. Lo dejó nítidamente sentado el Instituto Casla en su más reciente informe: “La impunidad y responsabilidad de la cadena de mando señalando a figuras clave del régimen, incluido Nicolás Maduro, y aboga por la emisión de órdenes de captura por parte de la Corte Penal Internacional”.
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