En un informe de 158 páginas que abarca el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024, la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venzuela acusa a fuerzas de seguridad y grupos civiles armados progubernamentales de asesinatos, desapariciones forzadas, actos de tortura y violencia sexual y de género.
La Misión Internacional Independiente de Naciones Unidas para Venezuela afirmó este martes que ve motivos razonables para creer que el gobierno de Nicolás Maduro cometió «crímenes de lesa humanidad» antes, durante y después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, marcadas por la persecución a opositores y la represión de las protestas tras los comicios.
En un informe de 158 páginas que abarca el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024, la misión acusa a fuerzas de seguridad y grupos civiles armados progubernamentales de asesinatos, desapariciones forzadas, actos de tortura y violencia sexual y de género. El documento incluye casos ilustrativos que ejemplifican los hallazgos y coloca el testimonio de las víctimas en el centro de sus conclusiones.
Según el reporte de la Misión, 25 personas fueron asesinadas por arma de fuego en recientes incidentes de violencia en ese país. Cientos de personas más resultaron heridas y miles más fueron detenidas simplemente por ejercer su derecho fundamental a la libertad de expresión.
Las fuerzas de seguridad estuvieron «involucradas masivamente» en violaciones de derechos humanos tales como detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza para reprimir protestas, o tratos crueles y degradantes, indica el documento, señalando como responsables a los servicios de inteligencia civil (SEBIN) y militar (DGCIM), así como a la Guardia Nacional Bolivariana y a la Policía Nacional.
Otras instituciones señaladas en el informe son el Consejo Nacional Electoral (CNE), que «incumplió las medidas básicas de transparencia e integridad», la Asamblea Nacional, «instrumental en la aprobación de nuevas leyes contrarias a los derechos humanos y restrictivas del espacio cívico y democrático», o el sistema de justicia, que «siguió operando con falta de independencia».
El informe también asegura que «las declaraciones de las máximas autoridades del Estado, sobre todo después del 28 de julio, incitaron a la represión y contribuyeron a generar un clima de hostilidad y violencia».
EFE/UNIVISION
