La líder opositora venezolana María Corina Machado emitió este miércoles un comunicado junto al candidato presidencial Edmundo González Urrutia, vencedor de los comicios del 28 de julio, en el que rechazan la pretensión de validar el fraude electoral a través de la justicia chavista.
“La soberanía reside en el pueblo y la haremos respetar”, afirmaron en el escrito; al tiempo que enfatizaron: “El 28 de julio de 2024, el pueblo de Venezuela habló. Ese día, con su voto, dio un mandato en claro cumplimiento del artículo 5 de nuestra Constitución: ‘La soberanía reside intransferiblemente en el Pueblo. Se ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente mediante el sufragio por los órganos que ejercen el poder público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos’. El pueblo decidió que el nuevo presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela para el período 2025-2031 es Edmundo González Urrutia”.
Luego indicaron que “se trata, sin duda, de la gesta cívica más importante del siglo XXI. Millones de electores, con sus votos, abrieron las compuertas al futuro democrático de Venezuela. La decisión del pueblo no puede ser ignorada por ninguna persona, no importa la posición de poder en la que esté. Por ningún órgano del poder público y mucho menos por quienes pretenden aferrarse al poder. El Consejo Nacional Electoral debe hacer valer lo que el pueblo ordenó y cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes”.
Los líderes opositores reiteraron que “la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no puede atribuirse las funciones y facultades del órgano Electoral, pues no le competen. La Sala Electoral del TSJ no está facultada en circunstancia alguna para ejercer esas funciones conforme a nuestra Constitución. Sería ineficaz y nula toda eventual sentencia de la Sala Electoral que pueda validar el fraude electoral que se pretende imponer”, remarcaron; al tiempo que destacaron: “Los magistrados de dicha Sala estarían violando los derechos inalienables de los electores e incurrirían en responsabilidad penal, civil y administrativa”.
