Un grupo de unos 20.000 exempleados de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) presentó una demanda colectiva contra la empresa ante un tribunal en Delaware, Estados Unidos, por violación a los derechos humanos. Los demandantes esperan recibir una indemnización de 100.000 dólares por persona, que se haría efectiva con la subasta de Citgo, la filial de Pdvsa en EE. UU.
La demanda fue admitida por la corte y se basa en la figura del alter ego, que permite atribuir la responsabilidad de una entidad a otra que actúa como su extensión. De esta forma, los extrabajadores pretenden cobrar su indemnización con los activos de Citgo, que están en riesgo de ser embargados por los acreedores de Pdvsa.
La acción legal fue impulsada por Iván Freites, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Petroleros Petroquímicos y Gasíferos del estado Falcón, quien afirmó que los despidos masivos que realizó Pdvsa entre 2002 y 2003, y que se han extendido hasta la fecha, constituyen una violación a los derechos humanos de los trabajadores.
Freites indicó que se trata de una demanda privada, por lo que no se pueden revelar sus términos. Sin embargo, reconoció que el economista Francisco Rodríguez, quien ha asesorado a los demandantes, explicó en una entrevista con El Pitazo que, de ganar el juicio, los extrabajadores tendrían prioridad en el pago tras la subasta de Citgo.
No obstante, la demanda no cuenta con el respaldo de la Asociación Civil Gente de Petróleo, que agrupa a los trabajadores despedidos de Pdvsa entre 2002 y 2003. Esta organización considera que este tipo de acciones deben realizarse directamente contra la estatal petrolera y ante tribunales venezolanos. Unapetrol, otra asociación de ex trabajadores, comparte esta posición.
Gente de Petróleo también denunció que fue alterada una comunicación interna dirigida a sus agremiados para asociarlos a acciones en las que no han participado. La organización aseguró que seguirá apoyando iniciativas apegadas a las leyes que permitan resarcir los derechos de los despedidos y que introdujo en la Asamblea Nacional de 2015 un proyecto de ley que busca ese fin. Sin embargo, consideran que esta medida solo se podrá ejecutar cuando ocurra un cambio de modelo político y económico en Venezuela.
Luis Martínez/ ND
