Gran parte de los partidos que protagonizaron la gesta por la democracia el 23 de enero de 1958, se encargaron de enterrarla. Las principales organizaciones del Acuerdo de Punto Fijo (Acción Democrática, Copei y Unión Republicana Democrática) firmado el 31 de octubre de 1958, luego se convirtieron en sus verdugos, cuando los herederos gobernantes no supieron responder a las expectativas creadas por la sociedad, generando los vicios (corrupción e impunidad) que debilitaron sus instituciones y facilitaron la llegada del teniente coronel golpista, Hugo Chávez.
En la historia de la humanidad, hay varias lecciones que indican cómo la degeneración de las instituciones democráticas abre las puertas para que otros modelos de gobierno asuman el control del poder, utilizando instrumentos fundamentales como el voto popular, para legitimar autoridades y representantes, que luego, en abierta traición a sus principios, controlan autoritariamente a la sociedad y sus estructuras.
El 23 de enero de 1958 se consolida una visión de país, expuesta por un liderazgo que interpretó el momento de saltar de una tradición histórica militarista, a otra basada en la democracia representativa, garante de las libertades del hombre. Fue un paso decisivo hacia la construcción de una nación ya impulsada por la influencia de la cultura petrolera y de un modelo de sistema universal que ya despuntaba en el horizonte como el modelo ha seguir. Era la respuesta contra una tradición histórica venezolana, basada en el autoritarismo y el caudillismo militar.
La consolodicación del ideal democrático fue producto de la evolución de la sociedad venezolana, perfilada como una nación, a partir de la dictadura de Juan Vicente Gómez (1857-1935), quien ya influenciado por la cultura petrolera y el positivismo dio los primero pasos para sentar las bases institucionales de la nación. Muerto Gómez, asume “el coroto”, el general Eleazar López Contreras (1883-1973) cuya gestión (1935-1941) facilitó la apertura política, proceso que se profundizó con el general Isaías Medina Angarita (1897-1953), gestión (1941-1945) que acelera el proceso de modernización y de derechos ciudadanos que permitió avisorar la pronta llegada de la democracia.
Historiadores venezolanos consideran que el proceso de democratización de la sociedad venezolana, especialmente en materia de derechos civiles, impulsado por Medina Angarita, fue uno de los más importantes y que fue un error su derrocamiento cívico-militar liderado por Rómulo Betancourt y Carlos Delgado Chalbaud. Este hecho interrumpió su gestión y luego de los breves gobiernos de Rómulo Betancourt (1945-1947) y Rómulo Gallego (1948), se regresó al autoritarismo.
Con la dictadura de Marco Pérez Jiménez (1952-1958), aparentemente se cierra el ciclo de gobiernos militares en la Venezuela del siglo XX. Se abre un nuevo compás para la democracia, luego del acuerdo del Pacto de Punto Fijo, que propició la rotación de los gobiernos cada cinco años, entre 1959 y 1999. Con aciertos y fallas el compromiso funcionó. A su vez, en las prácticas de poder, AD y Copei mostraron un deterioro de sus gestiones en las dos decadas de finales de siglo, producto de la corrupción, la impunidad y el divorcio dirigente-pueblo.
La llegada al poder de Hugo Chávez (1999) representa un retroceso al proceso democrático. Como dijo el editor de la revista Resumen, Jorge Olavarría, “Chávez vio el mundo al revés”. Los logros de la democracia, entre estos la descentralización impulsada por el presidente, Carlos Andrés Pérez (CAP), en su segundo mandato (1988-1993), retrocedieron con la instauración de la autocracia militarista, la centralización, la corrupción y la destrucción institucional.
La visión militarista vuelve repotenciada a ser protagonista en la historia política de Venezuela. Una crítica que hace el historiador de la Universidad de Zulia, Ángel Lombardi Boscán, porque el sector castrense se ha robado el protagonismo desde la independencia y sigue cobrando con creces esa misión, en la que los civiles fueron borrados del proceso.
Ese espíritu del “gendarme necesario” (1919), expuesto por Laureano Vallenilla Lanz (1870-1936) que fundamentó el período de Juan Vicente Gómez, con otras características y personajes, se mantiene vigente en la Venezuela del siglo XXI, con el agravante del incremento de la arrogancia por el poder, el ideal comunista y una corrupción desbocada que destruyó y empobreció al país.
La génesis del nuevo dictador, disfrazado de demócrata, no fue por “generación espontánea”. Es producto de un proceso de descomposición de los partidos gobernantes -principalmente AD y Copei-, que no supieron impulsar la cultura ciudadana, la disciplina fiscal, la defensa de la institucionalidad democrática y el respeto de sus valores y principios.
El desorden de las finanzas públicas impulsado por el V Plan de la Nación (1976-1980), diseñado por el ministro de Planificación durante el primer gobierno de CAP, Gumersindo Rodríguez (1933-2015), impulsó la liquidez monetaria, la inflación, incremento del gasto público y la corrupción, decía el ya fallecido analista, Antonio Marcano: “Particularmente lo considero el quinto plan del desastre”.
La llegada del Ayatolah Komeini (1979) al poder de Irán generó un incremento mundial de los precios del petróleo que estimuló la expansión del gasto público y la corrupción, error que rompió con la disciplina fiscal mostrada en los gobiernos anteriores, y que en 2022 sigue causando estragos. Sin embargo, en medio de la embriaguez y los planes sociales y económicos de ese primer gobierno de CAP, los correctivos necesarios no se hicieron y la crisis se profundizó en las posteriores gestiones de Luis Herrera Campins (1979-1984), Jaime Lusinchi (1984-1989) y Rafael Caldera (1994-1999).
El régimen de Chávez y Nicolás Maduro es la síntesis de las aberraciones ocasionadas en el período democrático, que aún con sus errores, fueron mejores que los últimos 23 años. Lo vivido en Venezuela en las últimas dos décadas, refleja una catástrofe inigualable, que bajo este modelo autoritario difícilmente se resolverá.
La nueva lucha, en el presente, tiene ribetes confusos que impiden visualizar soluciones reales. La nomenclatura sabe que no tiene mañana. La corrupción y los crímenes de lesa humanidad les impide ceder poder, ya lo vivieron en 2015. Venezuela enfrenta tiempos difíciles y las salidas son complejas y poco clara.
Lo expuesto por el secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, relacionado con la “cohabitación oposición-chavismo”, es una opción que interpreta lo hecho en México por Estados Unidos de América (EUA), el G-3 (Acción Democrática, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo) y el régimen.
Unas elecciones transparentes, tal como lo plantea el gobierno de Joe Biden, vislumbra una derrota del régimen. Un hecho así, sólo podrá aceptarlo el chavismo con un candidato opositor “blandengue y comprometido”, que garantice la ansiada impunidad de Maduro y sus cómplices. Las realidades de 1958 y 2023 son diferentes, aunque son resultados –acertados o erróneos- de la acción de los venezolanos. La diferencia radica en quienes interpretaron y lideraron aquellos cambios y los que hoy se atreven a negociar en nombre de la oposición y de la desconfiada mayoría de los venezolanos.
@hdelgado10
