El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, llegó este domingo a Venezuela, para cumplir una agenda de trabajo de tres días en las que se reunirá con autoridades del país, según informó el canal estatal VTV.
La CPI mantiene abierto un examen preliminar a Venezuela, desde febrero de 2018, por supuestos abusos de sus fuerzas de seguridad, tanto en las manifestaciones ocurridas desde abril de 2017 como en algunas cárceles donde se habría maltratado a opositores.
El país está pendiente de si el alto tribunal internacional abre una investigación formal por los hechos denunciados o da por cerrado el caso.
La primera reunión que tuvo el fiscal de la CPI fue con Félix Plascencia, ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Nicolás Maduro.
En esta ocasión está previsto que el Fiscal Khan conozca de primera mano la marcha de las instituciones del Estado y establezca un dialogo de cooperación positiva, como viene haciendo desde su ratificación del Estatuto de Roma.
La exfiscal Fatou Bensouda adelantó en noviembre del año pasado que existían «fundamentos razonables para creer» que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela, pero tras su salida, el caso ha quedado en manos de Khan, quien debe tomar la decisión final.
Bensouda dejó su cargo como fiscal en la CPI el 15 de junio de este año y en su último informe señaló que existe «una base razonable» para creer que en la nación caribeña se cometieron «crímenes de la competencia de la Corte al menos desde el 2017».
La visita responde, según el Ejecutivo, a una invitación formal del Estado venezolano a través de la Fiscalía General de la República.
Se espera que Khan conozca el funcionamiento de las instituciones y escuche a funcionarios, opositores y organizaciones de la sociedad civil que han pedido reunirse con él.
La visita del fiscal forma parte de un viaje de 10 días a Latinoamérica, con una agenda centrada en Colombia, donde estuvo la semana pasada, y Venezuela, que se mantiene a la expectativa de la decisión final sobre las denuncias por crímenes de lesa humanidad, que el Gobierno niega.
