Maduro rechaza posible investigación de la CPI por crímenes de Lesa Humanidad

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En un acto de gobierno comunal, el líder chavista Nicolás Maduro hizo referencia a los ataques que le hacen a su «gestión», y rechazó la posibilidad de sere investigado por la Corte Penal Internacional por crímenes de Lesa Humanidad contra los venezolanos.

«Hay quienes dice, Maduro dictador, Maduro violador de DDHH, Maduro es malo, Maduro es el culpable de la crisis, hay gente que cree esos engaños”, sentenció.


“El asunto está ahora a la espera de los jueces y no hay mucho más que pueda decir, al menos en esta etapa”, dijo Bensouda en una entrevista con la agencia EFE, en la que manifestó que confía en poder hacer pública su decisión sobre Venezuela “antes de que finalice” su mandato, es decir, antes del 15 de junio.

La jefa saliente de la Fiscalía de la CPI, además, respondió nuevamente a las acusaciones hechas por el régimen de Nicolás Maduro sobre supuesta falta de cooperación de su oficina. En este sentido, indicó que ha presentado una respuesta incluyendo “ejemplos y estadísticas del compromiso que hemos tenido con Venezuela durante todo este tiempo”.

“Sobre la afirmación de que mi oficina no se ha relacionado con Venezuela, de que no ha sido transparente o no ha dado información, puedo decir categóricamente que es incorrecta”, aseveró la fiscal jefa de La Haya.

Proceso en La Haya
En febrero de 2018, la Fiscalía de la CPI inició un examen preliminar por presuntos crímenes de lesa humanidad al menos desde abril de 2017 en el contexto de las protestas antigubernamentales en Venezuela.

En septiembre 2018, Bensouda recibió una remisión por parte de Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, solicitando que la investigación se ampliara al 12 de febrero de 2014.

En 2020, la Fiscalía de la CPI concluyó que existe una base razonable para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad, particularmente desde al menos abril de 2017.

En los próximos días, la fiscal de la CPI anunciará si abre una investigación formal, fase en la que se imputarían cargos en contra de funcionarios del régimen chavista responsables de las violaciones sistemáticas y generalizadas a los derechos humanos.