¿La verdad sobre los venecos? Por mí que los saquen como ratas”. Ese tuit es sólo uno de los mensajes destacados por el barómetro de xenofobia, una herramienta creada por universitarios y oenegés en Colombia para medir el “odio” contra los migrantes venezolanos. El contenido aterra.
“Comemierdas”, “hijos de puta”, “plaga” fueron otros de los insultos identificados por este medidor. El rechazo hacia los venezolanos que han emigrado masivamente en los últimos años crece en toda América Latina en un contexto económico sombrío y la pandemia del coronavirus.
Las salidas comenzaron luego de la elección como gobernante a Nicolás Maduro, el heredero de Hugo Chávez tras su muerte en el 2013, y se intensificó entre el 2014 y el 2015, con una crisis económica que arruinó el poder adquisitivo y llevó a más de cinco millones de venezolanos a abandonar el país en busca de mejores condiciones.
El flujo se ha relentizado, pero no se ha detenido al transitar el octavo año de recesión económica en la otrora potencia petrolera.
“En principio había una inmigración de clase media alta, que iba en avión con documentos en regla, algún ahorro”, explica Claudia Vargas, socióloga que investiga el tema en la Universidad Simón Bolívar de Caracas.
“No ocurre así desde el final del 2014” cuando clases más pobres comenzaron a emigrar.
Cerca del 60% de los más de 5.4 millones de migrantes venezolanos no tienen papeles. Y la mayoría, unos 1.7 millones, vive en Colombia, por delante de Perú, Chile y Ecuador, según el sitio Frontera Viva.
“LO PEOR ES PERÚ”
Los “venecos” ahora son responsabilizados por la inseguridad, la delincuencia, el desempleo, los déficits públicos, los problemas en los hospitales, y hasta por el aumento en los divorcios.
Y el discurso xenófobo se ha ido imponiendo en Chile, Ecuador, Brasil y Perú, además de Colombia, donde el barómetro ha hecho un análisis de los insultos.
Juan Emilio L., un indocumentado venezolano de 31 años, terminó instalándose en Chile, tras pasar por Colombia, Ecuador y Perú.
“Es un pueblo más cerrado y está difícil sacar papeles, pero la verdad es que te dejan trabajar y no se meten contigo ni te repudian como sí me pasó en otros países”, dice. “El peor, Perú, ahí no nos quieren ver ni en pintura”.
“¿Por qué eres tan idiota para transportar las ‘huevadas’? Eres un imbécil, un idiota”, le dice por ejemplo un cliente a un repartidor venezolano en Lima, según uno de ellos. “Estoy harto de ustedes (…) ¿Quieres que te mande de un combo (puñetazo) a tu puto país, hijo de puta?”.
Perú, que tenía 60,000 venezolanos antes de la crisis, ahora alberga a unos 1.2 millones.
Tanto el presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), un activo rival de Maduro, como su sucesor Martín Vizcarra mantuvieron una política de fronteras abiertas para los venezolanos. Pero las autoridades endurecieron sus medidas desde el 2019, cuando el tema irrumpió en la escena política.
La lucha contra la inmigración ha estado en el centro de la campaña presidencial del 2021. Pedro Castillo, un nacionalista de izquierda que lidera las encuestas de cara a la segunda vuelta del 6 de junio, ha prometido deportar a todos los inmigrantes ilegales en las 72 horas siguientes a su eventual llegada al poder: “que [Maduro] venga y se lleve a sus compatriotas que han venido acá a delinquir”.
Chile por su parte ha deportado a cientos de venezolanos en situación irregular.
“Devuelves a una persona a un país (…) que has reconocido en tu discurso político que corren peligro en su país”, critica Vargas.
¿REFUGIADOS?
Algunos países han iniciado operaciones para integrar a sus inmigrantes. Colombia, que ha también deportado a venezolanos que cometieron crímenes, inició un plan de regularización para casi un millón de migrantes venezolanos, en medio de una disputa política entre Maduro y el presidente Iván Duque.
República Dominicana también espera regularizar a 115,000 venezolanos indocumentados, a los que considera una fuerza laboral “calificada”, según Enrique García, director de Migración de este país que denuncia y condena la importante inmigración haitiana.
Pero la tendencia sigue siendo al cierre, explica Vargas, que pone como ejemplo la militarización de la frontera en Ecuador o los “muros legales”, como documentos apostillados o altas tarifas administrativas, que dice han impuesto muchos países para dificultar la regularización.
“Lo único que esto genera es que haya mayor irregularidad y por tanto más personas en condiciones de vulnerabilidad”, añade.
“Hay un reconocimiento de la crisis”, que “amerita una responsabilidad añadida”, dice la experta. Pero para ella, aunque lo ideal sería otorgar el estatus de refugiados a estos inmigrantes, ello representa “una responsabilidad legal, política y financiera demasiado grande que los países no tienen”.
Patrick Fort/ AFP
