La calma volvió a París el martes, después de un fin de semana marcado por graves disturbios en distintas ciudades de Francia. Las protestas, motivadas por el aumento del coste de la vida y las malas condiciones en los colegios, derivaron en enfrentamientos con la policía, incendios de vehículos, saqueos y ataques a edificios públicos. En total, cerca de 2.500 personas fueron detenidas desde el sábado.
Durante la noche del domingo, pequeños grupos de manifestantes continuaron provocando incendios y saqueando comercios en ciudades como París, Lyon y Marsella. Para evitar nuevos episodios de violencia, las autoridades establecieron toques de queda en varias localidades. En la capital, la restricción se mantuvo entre las 23:00 y las 06:00 horas, mientras helicópteros policiales vigilaban las zonas más afectadas.
El martes por la mañana, los trabajadores municipales comenzaron a limpiar los daños en París, retirando un chaleco amarillo gigante que cubría una estatua en la Place de la République y eliminando los grafitis del monumento. Este símbolo recordaba las protestas de los “chalecos amarillos” iniciadas en 2018 contra el aumento del precio del combustible, que representaron un importante desafío para el presidente Emmanuel Macron.
El Gobierno francés atribuyó la disminución de la violencia a los toques de queda selectivos y anunció que podrían imponerse nuevas restricciones según las necesidades de cada localidad. Por su parte, el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, aseguró que se aplicarán sanciones severas contra los responsables de los saqueos. Más de 800 detenidos fueron remitidos a la fiscalía, y varios recibieron condenas o deberán comparecer ante los tribunales. En Lille, tres hombres sin antecedentes penales fueron condenados a diez meses de prisión por saquear una tienda de videojuegos.
Finalmente, la presidenta de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, anunció una investigación parlamentaria sobre los actos violentos del 17 de octubre y la estrategia policial empleada por las autoridades. Se espera que las conclusiones estén listas a finales de año. Mientras tanto, el Gobierno busca mantener el orden público y evitar que se repitan los disturbios que han causado importantes daños materiales y numerosas detenciones en todo el país.
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