La líder opositora venezolana y Nobel de la paz, María Corina Machado, celebró que la jueza María Lourdes Afiuni, una presa política del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), recibiera este viernes la libertad plena y se cerrara su caso de manera definitiva «después de 16 largos y tortuosos años de injusticias».
«Oramos por su recuperación y esperamos que pueda salir del país lo más pronto posible para ser atendida de inmediato. Seguimos por la libertad de todos, hasta el final», escribió en la red X.
Afiuni se encuentra en una clínica luego de «presentar un cuadro de mareos, vómitos e hipertensión», según informó el jueves la familia, y tras la realización de estudios, se detectaron tres «lesiones tumorales localizadas en distintas partes de su cuerpo que requieren atención medica inmediata con el fin de evitar consecuencias irreparables para su salud».
El caso de Afiuni
La detención de la jueza se dio en diciembre de 2009 tras otorgar libertad bajo fianza a un banquero. Chávez pidió que se le impusiera la condena máxima de 30 años de cárcel por supuestamente haber facilitado la fuga del empresario, quien salió del país.
Estuvo en prisión hasta 2011, cuando pasó a arresto domiciliario, y en 2013 obtuvo libertad condicional.
En 2019, recibió una condena de cinco años por «corrupción espiritual», es decir, la misma fiscalía reconoció que no tuvo ningún beneficio económico.
Hasta hoy, Afiuni tenía una libertad condicional que incluía, según la familia, prohibición de hablar a la prensa o en redes sociales y votar.
Tampoco tenía derecho a un pasaporte y estaba inhabilitada políticamente.
Las reacciones de los allegados a la jueza
Su hermano Nelson Afiuni y la representante legal de la familia, Thelma Fernández, afirmaron este viernes en un comunicado que el cierre del caso y la libertad de la jueza representan «el final de un largo y doloroso capítulo marcado por graves violaciones a los derechos humanos y al debido proceso».
Sin embargo, señalaron que el cierre definitivo del expediente «no borra el sufrimiento vivido ni repara, por sí solo, los daños ocasionados».
Aseguraron que el caso «permanece como una advertencia para toda la región sobre las consecuencias de utilizar el sistema de justicia como instrumento de represalia contra quienes ejercen sus funciones con independencia e imparcialidad».
EFE
