La exrepresentante estatal de Florida, Carolina Amesty, compareció este martes 18 de febrero ante un tribunal federal tras ser objeto de lo que ella describe como una ofensiva política en su contra. Amesty, quien ha denunciado públicamente ser víctima de ataques por sus posturas conservadoras y su liderazgo en la comunidad cristiana hispana, reafirmó su compromiso de demostrar su inocencia ante lo que califica como un “complot” orquestado por sus adversarios.

Luego de una primera comparecencia ante el tribunal el día de hoy, la ex legisladora por Florida,  Carolina Amesty, fue liberada bajo ciertas condiciones.

Amesty enfrenta cargos de malversación por $122.000 en fondos de ayuda por COVID-19 a través de su fundación y negocios externos en 2020. No obstante, su defensa sostiene que las acusaciones carecen de sustento y que cuentan con pruebas exculpatorias que demostrarán su inocencia.

En una publicación en redes sociales, la exlegisladora expresó que este proceso es parte de una estrategia de persecución política y religiosa contra su persona, enfatizando que el Departamento de Justicia ha sido utilizado como herramienta para deslegitimar a líderes conservadores.

Durante la audiencia, el juez Robert M. Norway le impuso varias condiciones de liberación, incluyendo la entrega de su pasaporte y armas de fuego, así como restricciones de viaje. Sin embargo, le permitió viajar fuera del Distrito Medio de Florida para asistir a la Universidad de Miami y visitar las oficinas de su abogado en Washington, D.C.

«Soy un exrepresentante estatal y todavía hay asuntos por los que tengo que viajar a Tallahassee», dijo Amesty.

El juez Robert M. Norway dijo que Amesty podría viajar en todo el estado de la Florida, excepto Tallahassee donde se encuentra el Capitolio. Si necesita ir su abogado debe presentar un permiso para hacerlo.

El caso de Amesty ha generado reacciones en la esfera política, con la intervención de su abogado Brad Bondi, hermano de la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi.

Bondi ha elevado el caso al Senado, enviando una carta a legisladores como Ted Cruz y Josh Hawley, argumentando que la acusación contra Amesty es un ataque a organizaciones cristianas sin fines de lucro que han servido a la comunidad hispana en Orlando durante años.

A pesar de los intentos de desacreditar su trayectoria, Carolina Amesty se mantiene firme en su defensa y confía en que la verdad prevalecerá. En los próximos meses, la justicia tendrá la tarea de evaluar las pruebas presentadas en un caso que ha despertado controversia y que podría sentar un precedente sobre el uso de la ley con fines políticos.

En agosto de 2024 Amesty fue acusada de 4 cargos por presunta falsificación por un gran jurado, sin embargo en diciembre pasado los cargos de falsificación presentados contra la joven política republicana fueron retirados.

Antes del 21 de abril, ambas partes involucradas en este nuevo caso deberán presentar una notificación sobre una audiencia preliminar programada.

Instituciones religiosas bajo ataque

En carta enviada por el abogado Brad Bondi a los senadores Joshua Hawley, al Senador Ted Cruz y al Senador Michael S. Lee, hace un llamado de atención sobre el proceso penal de última hora iniciado por la administración Biden el pasado 16 de enero de 2025, a cuatro días del cambio de gobierno, como claro ejemplo de la instrumentalización del Departamento de Justicia por parte de la administración saliente.

En la misiva señala que la exrepresentante estatal de Florida Carolina Amesty, una pastora juvenil cristiana y republicana, fue acusada penalmente por el Fiscal de los Estados Unidos, Roger Handberg, pocos días antes de que el presidente Trump asumiera el cargo.

A continuación parte de la correspondencia enviada a los senadores donde argumenta el ataque político contra su representada.

«La Sra. Amesty, quien es inocente de estos cargos, es una líder en la comunidad cristiana hispana del área de Orlando, siendo pastora juvenil ordenada y exrepresentante estatal de Florida. Durante su mandato, promovió posturas cristianas de alto perfil en diversos temas. Ahora enfrenta una persecución injustificada por parte del fiscal del Distrito Medio de Florida, nominado por Biden, quien ha tomado la inusual decisión de liderar personalmente su enjuiciamiento. En el momento en que se presentaron las falsas acusaciones en su contra, la Sra. Amesty era una pastora juvenil profundamente comprometida, con veintitantos años, que dedicaba su tiempo y recursos financieros limitados a la mejora de la Universidad Cristiana Central y a la red de organizaciones cristianas sin fines de lucro fundadas por su padre, el Pastor Juan Carlos Amesty. Entre sus contribuciones, destaca un aporte personal de $35,000 a la Universidad Cristiana Central en 2017, cuando tenía apenas 23 años, es decir, tres años antes de que el gobierno alegara que actuó de manera indebida al solicitar préstamos por daños económicos de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA, por sus siglas en inglés) en nombre de las organizaciones religiosas de su padre y otras empresas que él dirigía, la mayoría de las cuales, a su vez, brindaban servicios a estas organizaciones cristianas sin fines de lucro.».

Además de la implicación personal del fiscal en el caso, el momento y el mecanismo legal mediante el cual se presentaron los cargos subrayan la posible motivación política de esta acusación. Contonúa el abogado Bondi:

«El 13 de enero de 2025, enviamos una carta al Fiscal de los Estados Unidos, Handberg, solicitando una reunión para presentar pruebas exculpatorias en la primera fecha disponible entre el 23 y el 28 de enero. En esa misma carta, notificamos nuestra intención de que la Sra. Amesty testificara ante el gran jurado en su propia defensa si el fiscal decidía proceder con los cargos. No solo el Fiscal Handberg se negó a esperar hasta después de la presentación de pruebas por parte de la defensa antes de presentar cargos contra la Sra. Amesty, sino que también se negó a esperar la evaluación de un gran jurado. Esta decisión es llamativa, ya que no es común que los casos de delitos graves sean procesados en el Distrito Medio de Florida sobre la base de una denuncia en lugar de una acusación formal. Además, en este caso no existían problemas de prescripción, por lo que no había ninguna necesidad legítima de apresurarse a presentar cargos mediante una denuncia el 16 de enero de 2025 en lugar de esperar la conclusión de una investigación completa del gran jurado».

«Todo esto genera la preocupante sospecha de una motivación política: asegurar los cargos contra la Sra. Amesty antes de que la nueva administración asumiera el poder apenas cuatro días después. Las acusaciones del gobierno en la denuncia penal son preocupantes tanto por lo que dicen como por lo que omiten. No se mencionan en absoluto los gastos personales extravagantes que suelen caracterizar los casos de fraude relacionados con los préstamos COVID. En cambio, el gobierno enumera quince organizaciones fundadas o patrocinadas por la familia Amesty, para las cuales solicitaron préstamos EIDL; once de estas organizaciones son entidades cristianas sin fines de lucro y las otras cuatro son negocios privados. Todas las empresas con fines de lucro ya han reembolsado sus préstamos, a pesar de que tenían derecho a pagarlos en un plazo de 30 años. Las entidades restantes que recibieron financiamiento de la SBA son todas organizaciones cristianas sin fines de lucro, cada una de las cuales operaba y brindaba servicios a la comunidad cristiana hispana del área de Orlando antes de la pandemia de COVID-19, incluyendo: Universidad Cristiana Central – universidad cristiana fundada hace veinte años. Academia Cristiana Central – escuela primaria y secundaria cristiana. Central Christian University Holding Corp. Concilio Iglesia de Dios Misionera – asociación de iglesias evangélicas hispanas. Iglesia de Dios Misionera Okeechobee – iglesia evangélica cristiana. Asociación de Iglesias Cristianas Hispanas – otra asociación de iglesias evangélicas hispanas. Las supuestas irregularidades en las solicitudes de EIDL de la Sra. Amesty son fácilmente explicables por las deficiencias del propio proceso de solicitud. La Ley CARES fue diseñada para priorizar la rapidez y hacer llegar la ayuda a la mayor cantidad de empresas y organizaciones sin fines de lucro en el menor tiempo posible. Para lograr estos objetivos, la SBA dejó a los solicitantes en una situación en la que, según su propia admisión posterior, el proceso era «confuso». La Sra. Amesty actuó con diligencia en la cumplimentación de sus solicitudes de préstamo. Sus registros telefónicos muestran que realizó al menos 17 llamadas a la SBA buscando orientación sobre el proceso de solicitud. En una de esas llamadas, un administrador de la SBA le informó explícitamente que podía incluir una cifra de ingresos proyectados en las solicitudes de EIDL, consejo que la SBA también dio a muchos otros solicitantes. A pesar de las protecciones legales para las organizaciones religiosas, el fiscal de EE. UU. para el Distrito Medio de Florida ha asignado un contable forense del FBI para someter a la familia Amesty y a las diversas iglesias y organizaciones cristianas que representan a un nivel de escrutinio contable mucho mayor del que el Congreso previó incluso para entidades con fines de lucro bajo la Ley CARES».

«La Sra. Amesty es completamente inocente de los falsos cargos en su contra. Esta acusación constituye una grave injusticia y viola sus derechos constitucionales y las protecciones establecidas en las regulaciones de la SBA vigentes en 2020. Por lo tanto, les solicitamos respetuosamente que tomen medidas para investigar la naturaleza de este preocupante proceso penal que fue iniciado cuatro días antes del cambio de administración. Atentamente, Bradley J. Bondi»

@damasojimenez

Foto cortesía de Ricardo Ramírez Buxeda / Orlando Sentinel