A 200 AÑOS DE CUANDO SIMÓN BOLÍVAR DECRETÓ PENA DE MUERTE PARA LOS CORRUPTOS
El 2 de enero de 1824, nuestro incorruptible Simón Bolívar, actuando bajo su condición de presidente de la República Decreta Pena de Muerte para los funcionarios públicos que hayan «malversado o tomado para sí» parte de los fondos de la nación, medida que tomó con el fin de reducir el mal de la corrupción que ya amenazaba la estabilidad de la República recién creada.
Decretó lo siguiente.
Teniendo Presente:
1°–Que una de las principales causas de los desastres en que se han visto envuelta la República, ha sido la escandalosa dilapidación de sus fondos, por algunos funcionarios que han invertido en ellos;
2°–Que el único medio de extirpar radicalmente este desorden, es dictar medidas fuertes y extraordinarias, he venido en decretar, y
Decreto:
Artículo 1°–Todo funcionario público, a quien se le convenciere en juicio sumario de haber malversado o tomado para sí de los fondos públicos de diez pesos arriba, queda sujeto a la pena capital.
Artículo 2°–Los jueces a quienes, según la ley, compete este juicio, que en su caso no procedieren conforme a este decreto, serán condenados a la misma pena.
Es evidente que no estamos en el siglo XIX y por razones constitucionales no podemos aplicar el decreto de marras, emitido por el Libertador desde el Palacio Dictatorial de Lima, pero es lo que provoca imponer en la futura legislación venezolana, para salir de una vez y para siempre con tanto civil y militarote bandido, que a nombre de Bolívar y de una delincuencial «revolución bolivariana» han hecho de Venezuela el paraíso de la corrupción, el cohecho y la venalidad pública, para vergüenza de sus ciudadanos y asombro de nuestros vecinos en el mundo.
Los ladrones de Pdvsa y demás instituciones del Estado lo puso en esos cargos Nicolás Maduro, de manera que sólo él es el único responsable de este asalto público al dinero de nosotros los venezolanos.
Este es el reto y de seguro cuando el 28 de julio salgamos de Maduro y sus delincuentes, habrá que imponer medidas severas contra la corrupción en la futura legislación libre, democrática y decente.
Douglas Zabala
