La líder opositora María Corina Machado manifestó este viernes que la decisión del Gobierno de Nicolás Maduro de suspender el trabajo de la oficina de Derechos Humanos de la ONU en Venezuela es “peligrosa”, en un momento en el que -aseguró- se vive “una ola represiva” por parte de las autoridades, para “impedir elecciones presidenciales libres y transparentes”, que se prevén para este año en una fecha todavía por definir.
Machado, elegida como candidata a las presidenciales por la oposición mayoritaria, pero inhabilitada por el Estado para poder concurrir, dijo que la suspensión de dicha oficina, aparejada a la expulsión del país de 13 de sus funcionarios, es «una nueva arbitrariedad» que «dificulta el acceso a la información veraz, el acompañamiento a la sociedad civil y la defensa y protección de víctimas».
En un comunicado difundido este viernes en X, la opositora llamó a la comunidad internacional a presionar para que Venezuela tenga «la oportunidad de un cambio político pacífico» en el que -aseguró- millones de personas se «han comprometido», según lo que han «expresado ejemplarmente en los últimos meses».
Con la salida de la oficina de derechos humanos, insistió, el riesgo de que se impida ese cambio “se incrementa”, pese a lo cual se dijo dispuesta a organizar al país, con el apoyo de su equipo, “para las elecciones libres que deben tener lugar este año”.
Subrayó que dependerá de la comunidad internacional que los comicios se puedan llevar a cabo “con protección y acompañamiento”, o sin este apoyo, “con las implicaciones y los costos que eso pueda conllevar”.
En este sentido, Machado hizo un llamamiento especial a los Gobiernos latinoamericanos para que «eleven su reclamo» y exijan la permanencia de la oficina de la ONU.
Tras la suspensión, que se produjo este jueves, la oposición, ONG, organizaciones internacionales y diversos Gobiernos rechazaron la decisión del Ejecutivo, que justificó el hecho al considerar que la institución ha desarrollado «un impropio papel» al actuar con parcialidad y ejercer como el «bufete particular de los grupos golpistas y terroristas que, permanentemente, confabulan contra el país».
Según manifestó el canciller Yván Gil, la oficina ha mantenido una «postura claramente sesgada y parcializada, procurando constantemente impunidad para las personas involucradas en diversos intentos de magnicidio, golpes de Estado, conspiraciones y otros graves atentados contra la soberanía y la Constitución».
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU dijo, a través de su web, que continuará su labor de asistencia técnica, monitoreo y presentación de informes, para evaluar «de manera creíble la situación de los derechos humanos y los desafíos desde el terreno».
EFE
