La suspensión de las actividades de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela es alarmante, afirmó este viernes una fuente del Departamento de Estado norteamericano.
El gobierno de Nicolás Maduro tomó esta medida después de que el Alto Comisionado expresara su profunda preocupación por el arresto de la activista Rocío San Miguel.
Estados Unidos considera alarmante esta decisión de represalia por la posición de la oficina técnica de asesoría de la ONU en defensa de la activista, afirmó la fuente, que pidió el anonimato, en declaraciones a la AFP.
Washington «respalda totalmente a la OHCHR y sus operaciones en Venezuela de monitoreo e información sobre los derechos humanos, así como la prestación de asistencia técnica, de conformidad con el mandato de la Asamblea General de las Naciones Unidas», añadió el informante, citando las siglas en inglés del organismo.
La Casa Blanca afirmó esta semana que está «profundamente preocupada» por la detención de San Miguel, y señaló que sigue «muy, muy de cerca» la situación.
Últimamente el gobierno del demócrata Joe Biden ha elevado el tono contra Maduro, a quien reprocha el incumplimiento del acuerdo de Barbados alcanzado en octubre con la oposición, que fijó las presidenciales para el segundo semestre del año.
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El trato consistía en levantar la inhabilitación de todos los candidatos a los comicios, pero el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó la que pesaba sobre la líder opositora María Corina Machado.
La exasperación ha aumentado con la detención de San Miguel, a quien Caracas acusó de «traición a la patria», «terrorismo» y «conspiración», al vincularla «de manera directa» con un supuesto plan para asesinar a Maduro.
Washington advirtió a Maduro, cuya reelección en 2018 considera fraudulenta, que reimpondrá sanciones al sector petrolero y del gas en abril si no cambia de rumbo.
En enero ya reimpuso sanciones a la minera estatal de extracción de oro de Venezuela.
AFP
