La desaparición forzosa de la abogada y defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano, es otra muestra de la estrategia de coerción con la que ha arremetido el régimen de Nicolás Maduro después de la primaria del 22 de octubre, en contra de líderes de la oposición y otras figuras de gran credibilidad que no han temido criticar al gobierno. Su arresto, en el aeropuerto internacional de Maiquetía el pasado viernes, bajo la acusación de estar vinculada con la operación “Brazalete Blanco”, una de las supuestas cinco conspiraciones para eliminar al presidente, que develó él mismo en la presentación de su memoria y cuenta, no es sino una táctica psicológica más diseñada para sembrar miedo entre la población venezolana.
Con la detención de la presidenta de Control Ciudadano, el régimen de Maduro busca silenciar las voces tanto de civiles como de militares que critican las condiciones en Venezuela, particularmente aquellas que denuncian las violaciones de derechos humanos. Maduro, con una popularidad de apenas 8% según el último sondeo de Meganálisis, parece empeñado en eliminar cualquier amenaza a su poder, siguiendo el ejemplo de Daniel Ortega en Nicaragua, quien no dudó en encarcelar y exiliar a opositores políticos, líderes religiosos católicos y estudiantes porque representaban un riesgo para su reelección.
La firmeza de la líder de la oposición, María Corina Machado, de no traicionar el mandato que obtuvo de la primaria, bien sea nombrando un sucesor o exiliarse, tiene frustrado a Maduro. Las tácticas que en 2014 y 2019 le permitieron mantenerse en el poder ya no están dando los resultados esperados. En este contexto, Maduro intenta desviar la atención de las críticas a su mandato con temas como el manejo de la disputa territorial con Guyana y los ataques a la sociedad civil.
La utilización del diferendo del Esequibo, usando al ministro de Defensa, Vladimir Padrino, pretende distraer el robo de la elección presidencial. La detención de San Miguel se inscribe en este guion. Y el reciente informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), basados en imágenes satelitales, han revelado movimientos militares sospechosos cerca de la frontera con Guyana, lo que sugiere preparativos para una posible escalada militar. A finales de 2023 y en enero, Maduro trasladó vehículos blindados y tanques ligeros a la isla Anacoco en el río Cuyuní. También se están ejecutando obras de construcción que sugieren la ampliación de la base militar.
La detención de la presidenta de Control Ciudadano destaca la tendencia autoritaria de actuar al margen de la ley. Las irregularidades en el proceso son evidentes, desde la falta de claridad sobre la orden de arresto hasta la ausencia de información sobre su paradero y el proceso legal correspondiente.
Este caso, junto a un reciente trabajo de la agencia de noticias AP, obliga a Maduro a quitarse la careta con relación a su interés de que se haga en el país una elección presidencial justa, libre y competitiva. La operación encubierta de la DEA “Tejón del Dinero”, sobre el tráfico de droga en 2018 que involucra al régimen, así como los testimonios de Cliver Alcalá y el Pollo Carvajal en los juicios de Nueva York, tienen a Maduro y sus secuaces contra las cuerdas, pues saben que habrá consecuencias una vez que estén fuera del poder.
La frustración que genera la detención de Rocío San Miguel debe ser canalizada para seguir luchando contra la dictadura de Maduro. Es duro ver a voces inocentes -por cierto, la gran mayoría son mujeres- siendo víctimas del despojo de sus derechos humanos. La historia de San Miguel y el impacto en su familia, desaparición forzosa de su hija, hermanos, y exesposo, destacan el costo humano de la lucha por la democracia en Venezuela.
El otro objetivo es resquebrajar la moral y la decisión de María Corina de defender el mandato popular hasta el final.
Es fundamental enfrentar esta operación psicológica con sabiduría y coraje. La aspiración de libertad de la mayoría del pueblo venezolano (80%) es un testimonio de su resistencia ante el miedo de la dictadura. Recordemos siempre que la oscuridad más profunda precede al amanecer.
En resumen, lo ocurrido a Rocío San Miguel no es un acto de represión aislado, sino parte de una estrategia destinada a silenciar a la oposición y perpetuar el control autoritario en Venezuela. Este hecho destaca la utilización del sistema judicial como herramienta política contra quienes desafían al régimen, evidenciando una crisis profunda de derechos humanos y falta de libertades fundamentales. Al intentar intimidar a la población y a figuras opositoras como San Miguel y María Corina, Maduro revela su vulnerabilidad ante la falta de apoyo popular. La manipulación de conflictos territoriales y la militarización de fronteras subrayan tácticas de distracción ante los fracasos internos y un esfuerzo por legitimar la opresión bajo el pretexto de la defensa nacional.
La resistencia dentro y fuera del país, así como la continua denuncia de estas violaciones de los derechos humanos, son esenciales para contrarrestar la normalización de la represión y abogar por un retorno a las prácticas democráticas y el respeto a las libertades fundamentales. La lucha por la democracia en Venezuela no solo es un desafío político, sino también una batalla por redefinir los límites de lo que la sociedad considera aceptable y justo.
La determinación del pueblo venezolano de enfrentar esta treta psicológica y su anhelo de libertad son la luz al final del túnel. A pesar de la oscuridad que prevalece en el presente, la historia de Venezuela y la resiliencia de su gente sugieren que el amanecer de la democracia y la justicia está en el horizonte. La lucha contra la dictadura de Maduro es dura y el camino hacia la libertad está lleno de desafíos, pero la esperanza y el coraje de aquellos comprometidos con la causa democrática son más fuertes que el miedo impuesto por la dictadura. La noche es más oscura justo antes del amanecer.
@antdelacruz_
