Organizaciones políticas señalan que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela busca sembrar incertidumbre en los ciudadanos acerca del poder del voto.
Durante los últimos cinco años Venezuela ha contado con cuatro directivas diferentes en el Consejo Nacional Electoral (CNE), la instancia encargada de organizar las elecciones en el país.
Esta volatilidad en la composición del organismo no afecta su principal característica: el control casi absoluto que el chavismo-madurismo tiene sobre la institución y tampoco ha servido para minimizar las exigencias de la oposición y de la comunidad internacional occidental para que se permita la celebración de elecciones justas, donde la aplicación de las leyes sea igual para todos los factores políticos; transparentes, donde se cuenten los votos de manera exacta y se respete el principio de un elector – un voto; y libres, para garantizar que se respete el derecho a elegir, a ser elegido y a votar sin intimidación ni coacción.
A través de un cuestionado procedimiento que implicó la renuncia de la mayoría de los rectores designados en 2021 para un periodo de siete años, la Asamblea Nacional -electa en 2020- designó a los nuevos integrantes de la autoridad electoral recayendo la presidencia del organismo en Elvis Amoroso, un militante del Partido Socialista Unido de Venezuela que entre 2018 y 2023 se desempeñó como Contralor General de la República, junto a él fueron designados la también militante del PSUV Rosalba Gil (ex cónsul del gobierno venezolano en Boston y ex secretaria de la Asamblea Nacional); Aimé Nogal, integrante de la consultoría jurídica del CNE hasta el año 2020 cuando pasó a formar parte del partido de oposición Un Nuevo Tiempo y Juan Carlos del Delpino, un ex funcionario electoral vinculado con el partido Acción Democrática.
Además, la Asamblea Nacional designó como rector principal al coronel retirado Carlos Quintero, que durante la última década ha desempeñado cargos técnicos dentro de la organización.
Tanto Amoroso, como Quintero se encuentran sancionados desde el año 2018 por socavar las garantías de los procesos electorales en Venezuela. Además, Amoroso fue el responsable de avalar -como Contralor General- las inhabilitaciones políticas en contra de Maria Corina Machado, Henrique Capriles Radonski y Freddy Superlano, tres de los principales candidatos presidenciales opositores.
Diferentes nombres, estructura similar
Aunque entre los cinco rectores del CNE, dos no están directamente vinculados al oficialismo, esto no modifica significativamente la valoración que los líderes de la oposición democrática hacen del organismo; incluso cuando se asegura que la presencia de dos rectores no oficialistas fue producto a la negociación directa entre el gobierno de Nicolás Maduro y la administración de Joe Biden para lograr que los próximos comicios sean elecciones competitivas.
María Corina Machado, quien a pesar de estar inhabilitada para postularse a la elección presidencial de 2024 mantiene la primera opción de triunfo en la primaria presidencial opositora que se realizará el próximo 22 de octubre, sostiene que “el CNE ha sido un instrumento del sistema, del régimen. Por eso, nosotros insistimos en que tenía que ser una primaria sin ese organismo (…) Que se quiten las caretas es muy bueno, que la gente sepa realmente quiénes son para tener claros a quienes nos estamos enfrentando. Enfrentar las maniobras o pretensiones de un CNE entregado al sistema será una de las tantas barreras que vamos a derrotar”.
Para Henrique Capriles Radonski “nadie ni nada puede detener a un pueblo cuando se decide a cambiar. Nicolás Maduro nombrando a Elvis Amoroso como presidente del CNE demostrando cuál será su estrategia, quiere ahuyentar el voto, intentará sacarnos de la ruta electoral y distraernos del objetivo que une a todos los venezolanos: dejar atrás al peor Gobierno de la historia de nuestro país y abrir las puertas al futuro”.
Freddy Superlano es otro de los políticos víctima de las inhabilitaciones impuestas por la Contraloría General de la República de Elvis Amoroso. El abanderado de Voluntad Popular para la primaria opositora sostiene que el nuevo CNE “está diseñado para espantar el voto e incentivar la abstención. Sin embargo, si las fuerzas democráticas hacen las cosas bien, la victoria podría lograrse”.
Por su parte, Stalin González, integrante del grupo negociador de la Plataforma Unitaria confía en que los dos rectores no oficialistas que integran al CNE puedan servir de contención a la agenda de Amoroso.
Confiamos en el trabajo de Aimé Nogal y Juan Carlos Delpino como rectores del CNE y su lucha para impulsar la democracia en el país -sostiene González- Los espacios son para defenderlos y no me queda duda que harán lo mejor posible para que los venezolanos podamos tener más condiciones electorales. Estoy convencido de que es posible lograr un cambio, aunque el camino se vea cuesta arriba (…) Tenemos un compromiso de cambio que queremos materializar en el 2024 y esto requiere de la voluntad de todos y el ejercicio del voto. La inacción no puede volver a ganar terreno y tampoco los discursos extremistas que dividen y le hacen el juego al régimen”.
Mucho más frontal en su valoración fue el partido Primero Justicia (dividido entre apoyar a Capriles Radonski o a María Corina Machado en la primaria).
A través de un comunicado de prensa, la organización explicó que el nuevo CNE “ no se corresponde con el espíritu de nuestra Constitución Nacional y que busca sembrar desconfianza en los venezolanos acerca del poder del voto como herramienta de cambio”.
Según la organización el nuevo CNE “es una decisión de Nicolás Maduro y su cúpula, y no el fruto de un amplio proceso de consulta con la sociedad democrática en el marco del mecanismo de negociación de México, que tiene como uno de los puntos de agenda la reinstitucionalización del país. Una vez más le exigimos a Maduro que retome de manera inmediata la negociación de México. Abogamos por un CNE integrado por venezolanos independientes, tal y como lo señala la Constitución y esa es la manera que aspiraba Primero Justicia, por lo cual no avalamos esta designación”.
En similares términos se pronunció el partido Voluntad Popular. También a través de un comunicado de prensa catalogó como “irregular e inconstitucional” la designación de la nueva directiva del CNE “a través de una Asamblea Nacional fraudulenta”.
Según Voluntad Popular las designaciones de los nuevos rectores “son una imposición de la dictadura (…) Con esta decisión, el régimen de Maduro reafirma su permanente obstrucción al proceso de negociación de México, siendo responsable de su paralización. Sin duda, buscan profundizar el conflicto político, pues el CNE constituía uno de los aspectos más importantes de esta negociación”
Una posición diferente asumió el gobernador del estado Zulia Manuel Rosales, quien declinó a participar en la primaria, aunque no se encuentra inhabilitado. Rosales aseguró que las fuerzas democráticas apuestan por “la honorabilidad y alta formación en materia electoral de Aimé Nogal y Juan Carlos Delpino. La conformación del nuevo CNE se mantiene con similares características a los anteriores. Es una proporción de tres rectores oficialistas y dos rectores opositores como hemos visto en los últimos años. Nuestra ruta es clara: Primarias en el 2023 y victoria en el 2024. Nuestro llamado es a redoblar el trabajo unitario que nos dio victorias como la de 2015. En ese entonces había un CNE similar al que designó hoy la AN y ganamos las parlamentarias por abrumadora mayoría”.
Las tareas pendientes
Las organizaciones de control y veeduría electoral de Venezuela reaccionaron a la designación de los nuevos rectores del CNE recordando la lista de condiciones y garantías que debe tener la elección presidencial de 2024.
A través de un comunicado, las organizaciones e individualidades que integran el espacio de coordinación de la sociedad civil llamado Foro Cívico, recordaron que “recuperar el valor del voto como instrumento de cambio y resolución de los conflictos políticos es el paso previo ineludible para lograr la reinstitucionalización del país y una transición a la democracia”.
Además, se explica en un comunicado público que es obligación de los nuevos integrantes del organismo comicial “garantizar el acceso equilibrado a los medios de comunicación y garantía de cumplimiento de las normas electorales; permitir auditoría a fondo del sistema automatizado de votación; garantizar la actualización de del Registro Electoral dentro y fuera de Venezuela, especialmente considerando la necesidad de devolver a los venezolanos en el exterior su derecho a la identidad y posteriormente su derecho para poder participar en eventos electorales de ámbito nacional y trabajar para evitar el uso de medios y recursos públicos como aparato de propaganda de un sector político (…) Por último, pero no menos importante garantizar que los próximos procesos electorales cuenten con observadores nacionales e internacionales calificados”.
@Puzkas
