Las antorchas de quema y los oleoductos con fugas de la otrora próspera industria petrolera venezolana, azotada por la mala gestión y las sanciones estadounidenses, están contaminando pueblos y un lago importante.
La compañía petrolera del Estado ha luchado por mantener una producción mínima para exportar a otros países, así como para el consumo interno. Pero para hacerlo, ha sacrificado el mantenimiento básico y se ha apoyado en equipos cada vez más deficientes, lo que ha generado un costo ambiental cada vez mayor, según los activistas ambientales.
Aguilera vive en El Tejero, un pueblo a casi 480 kilómetros al este de Caracas, la capital, en una región rica en petróleo conocida por tener pueblos que nunca ven la oscuridad de la noche. Las antorchas de quema de los pozos petroleros se encienden a todas horas con un estruendo ensordecedor, y sus vibraciones hacen que las paredes de las casas destartaladas se agrieten.
Muchos residentes se quejan de tener enfermedades respiratorias como asma, las cuales, según los científicos, pueden agravarse con las emisiones de los quemados en antorcha. La lluvia produce una película aceitosa que corroe los motores de los automóviles, oscurece la ropa blanca y mancha los cuadernos que los niños llevan a la escuela.
Y, sin embargo, paradójicamente, la escasez generalizada de combustible en el país con las mayores reservas comprobadas de petróleo del mundo se traduce en que prácticamente nadie en esta región tenga gas para cocinar en casa.
Poco después de que el presidente Hugo Chávez llegara al poder en la década de 1990 con la promesa de utilizar la riqueza petrolera del país para ayudar a los pobres, despidió a miles de trabajadores de la industria, incluidos ingenieros y geólogos, y los remplazó con aliados políticos, tomó el control de los activos petroleros de propiedad extranjera y descuidó las normas ambientales y de seguridad.
Luego, en 2019, Estados Unidos acusó al sucesor de Chávez, el presidente Nicolás Maduro, de haber cometido fraude electoral e impuso varias sanciones económicas, incluida la prohibición de las importaciones de petróleo venezolano, para intentar sacarlo del poder.
La economía del país colapsó, lo que ayudó a impulsar un éxodo masivo de venezolanos a los que ya no les alcanzaba el dinero para alimentar a sus familias. Sin embargo, Maduro ha logrado mantener su control represivo del poder.
Tras casi detenerse por completo, el sector petrolero ha experimentado un modesto repunte, en parte porque el gobierno de Biden permitió el año pasado que Chevron, la última compañía estadounidense que produce petróleo en Venezuela, reiniciara sus operaciones de manera limitada.
Las penurias de la industria petrolera nacional se han visto agravadas por una investigación de corrupción en torno a dinero petrolero perdido, la cual hasta ahora ha resultado en decenas de arrestos y la renuncia del ministro de Petróleo del país.
En el oriente de Venezuela, las refinerías oxidadas queman gases metano que forman parte de las operaciones de la industria de combustibles fósiles y son importantes impulsores del calentamiento global.
Aunque Venezuela produce mucho menos petróleo que antes, ocupa el tercer lugar mundial en emisiones de metano por barril de petróleo producido, según la Agencia Internacional de la Energía.
Cabimas, una ciudad a unos 640 kilómetros al noroeste de Caracas a orillas del lago de Maracaibo, es otro centro de producción de petróleo regional. Allí, la empresa del Estado, PDVSA, construyó en su momento hospitales y escuelas, instalaba campamentos de verano y entregaba juguetes navideños a los habitantes.
Hoy, el petróleo se filtra por los deteriorados oleoductos submarinos en el lago, cubriendo las costas y convirtiendo el color del agua en un verde neón que se puede ver desde el espacio. Los ductos rotos flotan en la superficie y los taladros petroleros, cada vez más oxidados, se hunden en el agua. Se pueden ver aves cubiertas con una sustancia aceitosa, esforzándose para poder volar.
El colapso de la industria petrolera ha dejado a Cabimas, que solía ser una de las comunidades más ricas de Venezuela, en la pobreza extrema.
Todos los días, a las 5:00 a. m., los tres hermanos Méndez —Miguel, de 16 años, Diego, de 14 y Manuel, de 13— desenredan sus redes de pescar, las limpian y reman hacia las aguas contaminadas del lago de Maracaibo, con la esperanza de atrapar suficientes camarones y peces para alimentarse a sí mismos, a sus padres y a su hermana menor.
Usan gasolina para quitarse el petróleo de la piel.
Los niños juegan y se bañan en el agua, que huele a vida marina putrefacta.
El padre de los niños, Nelson Méndez, de 58 años, solía dedicarse a la pesca comercial cuando el lago estaba más limpio. Le preocupa enfermarse por comer lo que pescan sus hijos, pero le preocupa más pasar hambre.
Méndez contó que hace unos 10 años fue contratado por la compañía petrolera estatal para ayudar a limpiar un derrame de combustible en el lago, pero dicho trabajo terminó perjudicando su visión.
“Yo perdí todo. Todo lo que trabajé en la vida lo perdí por culpa del petróleo”, dijo Méndez.
El deficiente mantenimiento de la maquinaria de producción de combustible en el lago de Maracaibo ha causado un incremento de derrames petroleros, los cuales han contaminado a Cabimas y otras comunidades a lo largo de su costa, según organizaciones locales dedicadas al tema.
Las antorchas que arden en diferentes partes de Venezuela también dejan en evidencia el debilitamiento de la industria de combustibles fósiles del país: se expulsa tanto gas a la atmósfera porque no hay suficientes equipos en funcionamiento para convertirlo en combustible, afirmaron los expertos.
Según el Banco Mundial, Venezuela se encuentra entre los peores países del mundo en términos del volumen de quemas en antorcha producidas por sus deterioradas operaciones de combustible.
En un informe de 2021, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresó su profunda preocupación por el estado de la industria petrolera de Venezuela.
“Es imperativo que el gobierno implemente de forma eficaz su marco regulatorio ambiental en la industria petrolera”, decía el informe.
En una cumbre sobre cambio climático de la ONU el año pasado, Maduro no mencionó el daño ambiental causado por la inestable industria petrolera de su país.
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En cambio, afirmó que Venezuela era responsable de menos del 0,4 por ciento de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y culpó a los países más ricos de causar daños ambientales. (Los expertos afirmaron que la cifra es correcta y señalan que las emisiones del país han disminuido a medida que su industria petrolera se ha hundido).
“El pueblo venezolano debe pagar las consecuencias de un desequilibrio causado por las principales economías capitalistas del mundo”, afirmó Maduro en su discurso en la cumbre.
En 2021, el ministro del Ecosocialismo, Josué Alejandro Lorca, dijo que los derrames petroleros “no son nada del otro mundo porque, históricamente, todas las empresas petroleras lo hacen”. Agregó que el gobierno no tenía los recursos para abordar el problema.
La compañía petrolera del Estado no respondió a las solicitudes de comentarios.
En Cabimas, David Colina, un pescador de 46 años, vestía un overol naranja manchado de petróleo con el característico emblema de la petrolera estatal.
Hace 30 años, contó, lograba pescar más de 90 kilogramos de pescado. Hoy, con suerte, captura unos 11 kilogramos en su red antes de cambiarlos por harina o arroz de sus vecinos.
Cuando la petrolera estatal funcionaba mejor, contó Colina, solía ser compensado si un derrame afectaba su negocio de pesca. Pero ahora, agregó, “aquí ya no hay gobierno”.
Tras el anuncio de Chevron el año pasado de que iba a reanudar parte de la producción en Venezuela, la petrolera estatal contrató buzos para inspeccionar los oleoductos en el lago de Maracaibo.
Hasta el momento, según entrevistas con tres de esos buzos, aún no se han reparado los ductos con fugas. Los buzos hablaron de forma anónima porque dijeron que podrían ser sancionados por revelar información interna de la empresa. Un representante de Chevron se negó a comentar y remitió las preguntas a la compañía petrolera estatal venezolana.
Durante más de 20 años, Francisco Barrios, de 62 años, quien también vive en Cabimas, reparó embarcaciones utilizadas por la industria petrolera y ganaba lo suficiente para alimentar y pagar la educación de sus cinco hijos.
Sin embargo, contó, comenzó a decepcionarse por el deterioro de la industria, la contaminación que estaba causando, la infraestructura cada vez más deficiente y un salario que no lograba llevarle el ritmo al aumento del costo de vida.
Barrios contó que uno de sus hijos, que era buzo, murió hace 12 años cuando explotó un ducto submarino que estaba reparando.
“Me cansé de ver la destrucción”, dijo mientras usaba gasolina para tratar de quitar la sustancia aceitosa que se había filtrado en su jardín.
Por Isayen Herrera y Sheyla Urdaneta
Fotografías por Adriana Loureiro Fernandez
