Exjefes de Estado de LATAM: Inhabilitación contra María Corina demuestra temor del régimen de Maduro

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El Grupo IDEA expresó su «firme condena al régimen venezolano» por la inhabilitación política de la opositora María Corina Machado.

A través de una declaración oficial, los exjefes de Estado y de Gobierno miembros del Grupo IDEA denunciaron la violación por parte del régimen en Venezuela al inhabilitar políticamente a la opositora María Corina Machado.

La declaración, firmada y autenticada por Asdrúbal Aguiar, Secretario General del Grupo IDEA, está firmada por Óscar Arias S., Costa Rica; José María Aznar, España; Nicolás Ardito Barletta, Panamá; Felipe Calderón, México; Rafael Ángel Calderón, Costa Rica; Laura Chinchilla, Costa Rica; Alfredo Cristiani, El Salvador; Iván Duque M, Colombia; Vicente Fox Q., México; Federico Franco, Paraguay; Eduardo Frei R., Chile; César Gaviria T., Colombia; Lucio Gutiérrez, Ecuador; Osvaldo Hurtado, Ecuador; Luis Alberto Lacalle H., Uruguay; Mauricio Macri, Argentina; Jamil Mahuad W., Ecuador; Carlos Mesa G., Bolivia; Lenin Moreno, Ecuador; Mireya Moscoso, Panamá; Andrés Pastrana, Colombia; Ernesto Pérez Balladares, Panamá; Sebastián Piñera, Chile; Jorge Tuto Quiroga, Bolivia; Mariano Rajoy, España; Miguel Ángel Rodríguez E., Costa Rica; Luis Guillermo Solís, Costa Rica; Álvaro Uribe Vélez, Colombia; Juan Carlos Varela, Panamá; y Juan Carlos Wasmosy, Paraguay.

Los exjefes de Estado y de Gobierno participantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), enterados de la comunicación cruzada entre un parlamentario afecto al régimen dictatorial de Venezuela y el organismo de control administrativo sujeto a este, para hacer ver que la líder de la oposición democrática María Corina Machado se encuentra inhabilitada políticamente para ser candidata presidencial, mientras persiguen a quienes la apoyan; advirtiendo, además, que ello ocurre en medio de una amplia movilización popular con vistas a la elección primaria en la que Machado se ha inscrito y ha sido aceptada su nominación por la Comisión Nacional de Primaria, hacen presente que sólo la soberanía popular bajo un régimen de Estado de Derecho habilita o inhabilita para las funciones representativas.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia de 8 de julio de 2020, ha reiterado su doctrina obligante para los Estados que reza así: “En tanto la destitución e inhabilitación solo puede ser impuesta por un juez competente previa condena en proceso penal, la Corte advierte en este caso una violación al principio de jurisdiccionalidad. Esto es así puesto que la sanción contra el señor Petro fue ordenada por una autoridad de naturaleza administrativa que, de conformidad con las disposiciones del artículo 23.2 de la Convención en los términos desarrollados por la jurisprudencia de este Tribunal189, carece de competencia al respecto”.

Por ende, expresamos nuestra firme condena al régimen venezolano, al igual que lo ha hecho la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.

Agencias