Apenas a dos días para que expire el Título 42, la norma de la era de Trump que permite expulsar migrantes de manera expedita por razones de salud pública vinculadas a la pandemia del covid-19, la presión de miles de inmigrantes en la frontera sur del país ha ido aumentando hasta niveles alarmantes para las autoridades locales.
El gobierno federal cifra en unos 152,000 los migrantes que aguardan en albergues y calles de estados del norte de México esperando poder cruzar hacia territorio estadounidense, según un fuente familiarizada con las estimaciones federales citada por la cadena CNN.
Según la misma fuente, solo en el estado de Chihuahua habría unos 60.000 migrantes, en Tamaulipas otros 35.000 y en Cohauila 25.000.
A ello se suma el flujo constente de inmigrantes que llegan al sur de México provenientes de Centroamérica, Suramérica, el Caribe y otros países. Solo este lunes una nueva ola de cerca de 5,000 migrantes de diversos países llegó a Chiapas, indica un reporte de la agencia española EFE.
El gobierno de Biden se ha apresurado a poner en marcha planes para frenar el previsible ‘tsunami’ migratorio, con el envío de 1,500 militares a la frontera con México que realizarán tareas administrativas durante 90 días, aunque no tendrán la misión de detener o procesar a los migrantes sino de transporte y detección de narcóticos.
Este domingo, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, durante una entrevista con el programa ‘Face he Nation’ de la cadena CBS, advirtió que aquellos extranjeros indocumentados que sean detenidos en la frontera a partir del jueves y no tengan visa, un patrocinador o una cita a través de la aplicación CBP One se enfrentarán a una deportación y 5 años de castigo sin poder entrar legalmente al país.
Mayorkas destacó que el gobierno lleva más de un año y medio con los preparativos sobre cómo actuará en la frontera sur al levantarse el Título 42, señalando que la controvertida política no había sido desmantelada por orden judicial.
Funcionarios federales han advertido de que su expiración podría disparar el número de inmigrantes que intentan cruzar a Estados Unidos y agravar una crisis humanitaria ya difícil en la frontera sur.
La gobernadora de Arizona, la demócrata Katie Hobbs, anunció el lunes un plan de emergencia para responder al posible incremento en el cruce de migrantes, el cual incluye el posible traslado de migrantes a otros estados y despliegue de la Guardia Nacional.
“Estaremos respondiendo de acuerdo a la forma en que se presenten las necesidades en los lugares donde más se requiera”, dijo Hobbs en una conferencia de prensa.
El plan incluye también establecer albergues de emergencia en caso de que los existentes no se den abasto para asistir a los migrantes.
“En caso de ser necesario firmaría una orden ejecutiva para enviar soldados de la Guardia Nacional a la frontera”, afirmó Hobbs, quien se queja de no haber recibido ninguna respuesta del Gobierno federal sobre cómo los estados serían rembolsados por los costos adicionales que tendrán que enfrentar ante un incremento del flujo migratorio.
El plan también aumenta la cooperación del Departamento de Seguridad Pública (DPS) del estado con agencias del orden locales para asistirlas en la vigilancia de caminos.
El jueves pasado un grupo bipartidista de senadores de tendencia moderada, encabezado por Kyrsten Sinema (independiente por Arizona) y Thomas Tillis (republicano por Carolina del Norte), presentó un proyecto de reforma migratoria cuyo propósito fundamental es frenar el flujo de inmigrantes indocumentados que se espera, otorgando a los agentes migratorios autoridad temporal de dos años para expulsar a los inmigrantes que lleguen sin la documentación requerida.
La presión también se nota en el sur de México
Los migrantes en Tapachula, en el límite con Guatemala, interpretan la desaparición del Titulo 42 como una oportunidad para ingresar a Estados Unidos pese a la permanencia de otras restricciones.
Franklin Calleja, venezolano que viaja con su esposa y con su hijo de 4 meses que se ha enfermado en el camino, teme no llegar a la frontera con Estados Unidos el 11 de mayo, por lo que cree que podría enfrentarse a una deportación inmediata que frustre su viaje.
“Este es uno de los países más difícil de circular (México), sin embargo, nos están apoyando. Hemos vendido nuestras cosas y la casa para reunir un dinero y llegar aquí (a Tapachula). Que nos deporten es como perder lo que hemos generado en muchos años”, mencionó.
La incertidumbre en la frontera crece antes del fin del Título 42.
Washington ha aclarado que el término de la citada medida no implica acabar con todas las restricciones, pero muchos de los migrantes mantienen la esperanza de que las autoridades estadounidenses los dejen pasar.
Por ello, a las afueras del parque Ecológico de Tapachula, miles de migrantes urgen acelerar los permisos del Centro de Atención Provisional (CAP), donde expiden documentos que les permitirían estar en México por 45 días.
La llegada de migrantes a Tapachula se incrementó este fin de semana ante este tipo de rumores generados por el fin del Título 42.
La región afronta un inédito flujo migratorio, con más de 2.76 millones de indocumentados interceptados por Estados Unidos en la frontera con México en el año fiscal 2022.
Agencias/ Univisión
