Aunque la dictadura de Nicolás Maduro asegura que está en medio de una campaña anticorrupción, la purga de funcionarios chavistas iniciada hace más de un mes no hace más que exponer el enorme desfalco de los recursos del Estado perpetrado por la cúpula del régimen. A medida que avanza esta operación, la dictadura -aunque lo intente- ya no puede ocultar sus vínculos con el narcotráfico y la corrupción.
Este martes la Asamblea Nacional chavista presentó la Consulta pública de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, aprobada preliminarmente el mes pasado y que establece mecanismos que permitan la “identificación, localización y recuperación” de los bienes derivados de las actividades ilícitas a favor del Estado.
En la presentación estuvieron el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y el vicepresidente del Partido Socialista Unidos de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, dos de los hombres de mayor peso del régimen.
Como pocas veces, y sin entrar en mayores detalles, Cabello se refirió abiertamente a posibles actividades de narcotráfico en el país. “Quien incurra en delitos de narcotráfico y corrupción debe saber que se van a enfrentar a la ley, pero también deben saber sus cómplices y sus testaferros”, advirtió.
“Deben saber aquellos que tengan bienes que se van a enfrentar a la ley. Si alguien sabe de una persona que de hechos ilícitos adquirió bienes puede denunciarlo para nosotros seguir avanzando”, agregó.
Desde la llegada de Maduro al poder en 2013, cada vez fueron más las denuncias y señalamientos de presuntas actividades vinculadas al narcotráfico en Venezuela. En marzo de 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció cargos por narcoterrorismo contra las principales figuras de la dictadura, y ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por informaciones que permitan el arresto y enjuiciamiento de Maduro.
La lista de sancionados también la integra Cabello, sobre quien pesa una recompensa de hasta 10 millones de dólares.
“Mientras ocupaban puestos clave en el régimen de Maduro, estos individuos violaron la confianza pública al facilitar los envíos de narcóticos desde Venezuela, incluyendo el control de los aviones que salen de una base aérea venezolana, así como el control de las rutas de la droga a través de los puertos de Venezuela”, señalaron las autoridades norteamericanas en un comunicado.
En los últimos años los señalamientos contra Cabello han sido innumerables. A tal punto que se le acusa de ser el líder del Cártel de los Soles. En 2016 Javier Cardona Ramírez, un ex narcotraficante que estuvo detenido en Brooklyn (EEUU), realizó explosivas declaraciones a Diarios Las Américas al afirmar que el número dos del chavismo “es el mayor narcotraficante de Venezuela”; sostuvo, además, que en ese entonces llegaba a ostentar más poder que el propio “Chapo” Guzmán.
Tras las acusaciones de Estados Unidos y gran parte de la comunidad, Cabello llegó a responder: “No tenemos ninguna vinculación con el narcotráfico. Esto es una arremetida y una agresión contra nosotros. No nos preocupa porque venceremos. No podrán contra nosotros ni probar nada”.
Contradictoriamente, sus palabras de este martes reconocen posibles actividades ligadas al narcotráfico en un país donde todos los resortes del Estado están cooptados y controlados por las altas esferas del chavismo. Nada se ejecuta sin la aprobación del dictador o de su entorno.
Por su parte, el vicepresidente del PSUV también llamó a ir contra “los testaferros”. Pero hasta el momento el régimen evitó iniciar acciones o incluso referirse al empresario colombiano Alex Saab, detenido en Estados Unidos por lavado de dinero y señalado como testaferro de Maduro.
Semanas atrás, cuando la dictadura chavista confirmó el allanamiento al empresario colombiano Álvaro Pulido, quien finalmente fue detenido en los últimos días, el fiscal general Tarek William Saab evitó afirmar si estas acciones implican una investigación sobre Saab, quien además es el principal socio de Pulido. “Yo no estoy diciendo, eso lo estás diciendo tú. Yo no he dicho para nada que tienen que ver con la persona que tú mencionas. Simplemente te estoy hablando a nivel general”, declaró durante una entrevista con el periodista colombiano Carlos Rolando Lizcano Manrique.
Pulido y Saab son acusados por la Justicia de Estados Unidos de transferir desde Venezuela, a través del país norteamericano, cerca de 350 millones de dólares a cuentas que poseían o controlaban en otros países. La acusación señala, además, que, entre 2011 y por lo menos 2015, ambos empresarios colombianos conspiraron con otros para lavar las ganancias de una red de corrupción sustentada en sobornos dirigidos a obtener contratos para realizar proyectos públicos y fraudes al sistema de control de cambio de divisas en Venezuela.
Las autoridades norteamericanas consideran que Saab es una de las piezas fundamentales para llevar a Maduro y a su cúpula a la Justicia. Por eso, desde su extradición en septiembre de 2021, cuando fue interceptado por Interpol durante una escala en Cabo Verde, el régimen chavista ha agotado múltiples esfuerzos para lograr su liberación. Hoy en día la dictadura sostiene que se trata de “un diplomático” venezolano secuestrado por Estados Unidos.
Como viene sucediendo desde hace más de un mes, los altos funcionarios del régimen se limitan a lanzar efusivas advertencias que, en su gran mayoría, involucran a dirigentes y empresarios chavistas, pero no parecen buscan una verdadera limpieza o una genuina lucha contra la corrupción en Venezuela.
Este martes, en el marco del Encuentro Internacional sobre Corrupción y Derechos Humanos en Venezuela celebrado en Madrid, la organización Transparencia Venezuela reveló que los casos de corrupción del chavismo investigados internacionalmente ascienden a cerca de 70.000 millones de dólares.
“El monto es imposible de sumar, pero contando los casos de los que ya tenemos el expediente en la mano, que solamente es la mitad de los 146 casos identificados, suman casi 70.000 millones de dólares”, explicó Mercedes De Freitas, directora de la ONG venezolana.
De Freitas también se refirió a la purga de funcionarios chavistas escenificada por el régimen de Maduro: “Es para castigar a lo que se considera un traidor y un enemigo del gobierno y no para acabar realmente con la impunidad”.
Infobae/ Lucas Goyret
