«Las autoridades ejecutaron al menos a 94 personas solo en los meses de enero y febrero», señalaron estas dos organizaciones de defensa de derechos humanos en un comunicado. Las informaciones recogidas también revelan «horripilantes acusaciones de violencia sexual y otros tipos de tortura» para obtener confesiones forzadas.
Las oenegés advierten de un «creciente uso de la pena de muerte contra las minorías perseguidas». Desde inicios de año, «las autoridades iraníes ejecutaron al menos a una persona de la minoría árabe Ahwazi, 14 kurdos y 13 baluchíes tras unos juicios injustos», resaltan.
Al menos una decena de otros fueron condenados a muerte, lo que supone «una espantosa escalada en el uso de la pena de muerte como herramienta de represión contra las minorías étnicas», afirma el comunicado.
Algunas de estas personas fueron condenadas por estar supuestamente implicadas en el movimiento de protestas que sacude Irán desde la muerte en detención en septiembre de 2022 de Mahsa Amini, una joven kurdo-iraní acusada de no respetar el uso del velo.
«Las autoridades iraníes están llevando a cabo ejecuciones a una escala aterradora. Sus acciones constituyen un ataque al derecho a la vida y un intento desvergonzado no solo de reprimir aún más a las minorías étnicas, sino también de sembrar el temor de que cualquier oposición sea reprimida con la fuerza bruta, ya sea en las calles o en la horca», subrayó Roya Boroumand, directora de la oenegé iraní con sede en Estados Unidos.
«El mundo debe actuar ahora para presionar a las autoridades iraníes para que apliquen una moratoria oficial sobre las ejecuciones, que anulen las condenas injustas y las penas de muerte, y que anulen todas las inculpaciones vinculadas a una participación pacífica a las manifestaciones», sentenció Diana Eltahawy, directora adjunta de Amnistía Internacional para el Medio Oriente y el Norte de África.
AFP
