Un tribunal federal sentenció a Cristina Fernández de Kirchner, dos veces presidenta y actual vicepresidenta de la nación, por defraudar al Estado: seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La cifra del dinero desviado impresiona: 1.000 millones de dólares.
«Se la considera autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública», leyó el presidente del tribunal, que absolvió a la ex presidenta del delito de «asociación ilícita».
Nunca antes en Argentina un vicepresidente en ejercicio había sido condenado por la Justicia. En el caso de Fernández de Kirchner, de 69 años, la sentencia cobra un significado aún mayor, porque se trata de la dirigente más influyente y polarizadora de las últimas dos décadas en el país.
La fiscalía pedía 12 años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, pero el Tribunal Oral Federal 2 determinó que fueran la mitad. En el momento de ser condenada, Fernández de Kirchner estaba en ejercicio de la Presidencia de la Nación, ya que el jefe de Estado, Alberto Fernández, viajó este martes a Montevideo, Uruguay, para asistir a la Cumbre del Mercosur. La relación entre el presidente y la vicepresidente rebosa de tensión y el diálogo es escaso.
«Esto es un estado paralelo y mafia, mafia judicial», reaccionó la vicepresidenta en un discurso desde su despacho en el Senado tras el fallo. «Un sistema paraestatal que decide sobre la vida, el patrimonio y la libertad de los argentinos y que está por fuera de los resultados electorales».
Pese a la condena, Fernández de Kirchner no ingresará en prisión: tiene la posibilidad de apelar y está además protegida por fueros especiales como vicepresidenta. En el caso de que en las instancias de apelación se confirme la condena, la prisión sería domiciliaria, beneficio que tienen en Argentina aquellos que superan los 70 años de edad.
Tras la lectura de la sentencia, Fernández de Kirchner tenía previsto hablar en sus redes sociales. La vicepresidenta ha venido denunciando que la sentencia ya estaba «escrita» y que se la persigue desde una alianza entre el «poder real», la política y la justicia que resume en un vocablo: lawfare.
Dijo estar no ya ante una sentencia judicial, sino ante un «pelotón de fusilamiento».
El Mundo y Agencias
