El daño espiritual ocasionado por el chavismo, durante los 23 años de gestión, trasciende lo material. El saqueo generalizado y el despilfarro de más de un billón de dólares, producto de la bonanza petrolera, estuvo acompañada con la destrucción de la institucionalidad pública y privada, así como, los valores y principios que soportaban a la sociedad venezolana.
Ahora, en tiempos de conversaciones y negociaciones en México, la preocupación de la población y del régimen de Nicolás Maduro están centradas en asuntos materiales, expresados en la flexibilización de “las sanciones”, instrumentadas desde 2015 por el gobierno de Estados Unidos de América (EUA), que afectaron –principalmente- a miembros de la nomenclatura chavista (la justicia norteamericana tiene tasadas varias cabezas, incluyendo la de Maduro), empresas del Estado y al sistema de financiamiento público (vía para obtener dinero fresco externo).
Se ha vendido la idea de una crisis producto de las sanciones de EUA (el mismo discurso de la revolución cubana durante 63 años), pero el saqueo del “erario público”, la caída del Producto Interno Bruto, la inflación y la pobreza son asuntos que no se generaron por las medidas sancionatorias. Solo desde 2015, cuando el presidente, Barack Obama, declaró (decreto 13692) a Venezuela como «amenaza extraordinaria para la seguridad nacional y para la política exterior de EE. UU.” (DW 15-02-2019), fue cuando comenzaron ciertas restricciones.
Esas medidas restrictivas se ampliaron entre 2015 y 2919, cuando el presidente Donald Trump (2017-2021) aumentó el número de funcionarios y empresas sancionadas, restringió las operaciones financieras y reconoció en enero de 2019, al gobierno interino del diputado Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional 2015.
Estas decisiones debilitaron al régimen de Nicolás Maduro, reelecto en un proceso electoral impregnado de irregularidades y ventajismos. Las aberrantes elecciones fundamentaron la decisión de EUA y a más de cincuenta naciones de desconocerlo y reconocer a Guaidó; obstáculos que definieron los objetivos y estrategias del “dictador” y sus aliados cubanos, para luchar por conseguir la flexibilización de las sanciones, la búsqueda de la legitimidad y garantizar su impunidad ante los crímenes cometidos contra miembros de la oposición, tal como lo señala el informe 2022 de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) y el de la Corte Penal Internacional (CPI).
Los subterfugios de la crisis nacional van más allá de las sanciones económicas y políticas contra el régimen. Irónicamente, la oposición, empresarios y analistas le están haciendo el juego al régimen de Nicolás Maduro, cuando muestran como única salida la negociación y la suspensión de las medidas tomadas por Obama y Trump, aduciendo que son las causantes de la crisis que vive Venezuela y han fracasado.
Con el chavismo, el empobrecimiento, la dependencia de la mayor parte de la población y los desequilibrios sociales, se convirtieron en sus objetivos, muestra de ello es la profundización de la desigualdad y los índices de pobreza, mostrados en el último informe Encovi 2022, elaborado por investigadores de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). Es el mecanismo utilizado por la izquierda para controlar el poder y limitar las libertades de la sociedad. Una experiencia lamentable que coloca al país en el cuadro de asistencia y en emergencia humanitaria 2023 de la ONU, que atenderá a 339 millones de personas en el mundo, de los cuales 7 millones serán connacionales, superando las previsiones, en relación con 2022, en dos millones (La Patilla 3-11-2022).
Lo expuesto recientemente por Gustavo Coronel (Carta a Gerardo Blyde sobre las negociaciones con Maduro, La Patilla 3-12-2022) evidencia, que la crisis de Venezuela va más allá de lo económico (material-temporal), político, y ambiental. El articulista difiere en cuanto a la insistencia de justificar que existe una sola salida negociada y de diálogo, y en la errónea posición del jefe de la delegación opositora en las conversaciones de México, del fracaso de las sanciones.
Coronel argumenta que las sanciones debilitaron al régimen, pero que éstas no sacaron del poder a Maduro porque el trabajo interno (desobediencia civil), que debía realizar la sociedad y la oposición, no se hizo. Aclara, que la crisis humanitaria no es solo material, sino que abarca las limitaciones a la libertad, el control de las instituciones y la destrucción de la esperanza y la autorrealización de la población, especialmente los jóvenes.
Los impactos sobre los factores humanos del venezolano son imposibles de medir ¿Cómo hacerlo cuando se limita la libertad de expresión, con el cierre de 233 emisoras (64%), en lapso 2003-2022 (El País 7-11-2022), o con los ataques cibernéticos contra los diarios críticos que denuncian los problemas nacionales, como ocurrió recientemente contra La Nación, Los Andes y Táchira Noticias (La Patilla 3-12-2022) y ha sucedido con otros, durante los últimos años?
O cuando se registran 167.618 apagones durante 2022, como lo señala el Comité de Afectados por los Apagones, siendo el estado Zulia con 4.356 fallas del servicio eléctrico la región más afectada y ahora le aplican el “plan borrón y cuenta nueva”, instrumentado por el régimen, sin evaluar los daños emocionales y económicos provocados a la población, a quienes ahora obligan a pagar una tarifa dolarizada, para tapar la ineficiencia y corrupción de la empresa Corpoelec. Ante este atropello, ¿qué ha hecho la sociedad civil y la oposición? Nada.
La crisis humanitaria no es solo de limitaciones materiales-temporales que afectan la calidad de vida de los venezolanos. Ella abarca otros efectos como los ocasionados por la huida de 7,5 millones de venezolanos que difícilmente regresarán, lo hogares abandonados y destruidos por esa estampida, el capital humano que se formó en las universidades durante años y se fue, los suicidios que se han incrementado y son poco divulgados y estudiados, y los efectos sobre los jóvenes sumidos en la depresión y sin esperanzas de desarrollo de sus vidas.
Otro aspecto que difícilmente se tocará, es el del rescate de las instituciones garantes de “los procesos transparentes”, como lo son el Consejo Supremo Electoral (CSE), donde se fraguan las trampas que le han permitido al chavismo controlar el poder y violentar el principio del voto; el Poder Judicial, caracterizado por la sumisión al régimen y la corrupción; y los cuerpos de seguridad caracterizados por ser corruptos, extorsionadores y genocidas.
Para los simpatizantes de las medidas del presidente demócrata, Joe Biden, las limitaciones al uso y control de los US$ 3 mil millones (que tendrá un mínimo impacto en la solución de los problemas de salud, educación y electricidad) y la influencia que tendrá EUA sobre la actividad petrolera, a través de Chevron (se habla de desnacionalización y que será favorecida), son victorias contundentes.
Los críticos consideran que el régimen no ha dado nada y ha recibido todo lo que perseguía, impunidad, reconocimiento y flexibilización de las sanciones. Igual, aducen que, a pesar de las restricciones a las ventas de hidrocarburos establecidas por las sanciones, Maduro y su nomenclatura recibirán 0,85 centavos de dólar por barril, ingresos que los beneficiarán en una época pre electoral, con un pueblo necesitado y hambriento, una oposición que sueña con la vuelta a la normalidad y a la Venezuela bonchona y derrochadora, y a un pragmático sector empresarial y financiero que solo quiere vender y movilizar dinero a toda costa. Es el país en donde todos “jalan para su lado”, mientras el daño humano poco importa.
@hdelgado10
