En el clímax de la crisis política que sacude al Perú, el presidente Pedro Castillo se entregó a la policía, poco tiempo después de ser destituido por el Congreso y de decretar la disolución del parlamento y la instauración de un gobierno de excepción de emergencia.
La prensa peruana documentó que Castillo fue ingresado en la Prefectura de Lima, acusado por el Procurador General del Estado, Daniel Soria Luján, de sedición, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.
Tras el anuncio del gobierno de excepción, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú se negaron a acatar las instrucciones de Castillo, pues sostuvieron en un comunicado que constituían “una infracción a la Constitución”; urgieron la ciudadanía a “mantener la calma y confiar en las instituciones del Estado legalmente establecidas”.
«Rechazamos el quebrantamiento del orden constitucional y exhortamos a la población a respetar la Constitución Política y a mantener la calma. Asimismo, confiar en las instituciones del Estado», escribió la Policía minutos antes de confirmar la detención de Castillo.
Ante el tercer juicio de desafuero que le abría hoy el Congreso –controlado por la oposición– por supuestos actos de corrupción, Castillo anunció la disolución del parlamento y el arranque de un gobierno de excepción, durante el cual mandaría a través de “decretos-ley” y convocaría a elecciones para un nuevo Congreso constituyente.
En los sectores políticos de oposición surgieron denuncias contra Castillo por un intento de “golpe de Estado”; y hasta la embajada de Estados Unidos en Lima difundió un comunicado breve, en el cual rechazó “categóricamente cualquier acto extraconstitucional del presidente Castillo para impedir que el Congreso cumpla con su mandato”. “Los Estados Unidos instan enfáticamente al presidente Castillo a revertir su intento de cerrar el Congreso y permitir que las instituciones democráticas de Perú funcionen según la Constitución”, abundó la representación diplomática.
Acto seguido, el Congreso aprobó, con 101 y 130 votos, la destitución del mandatario.
La reacción del Congreso
El pleno del Congreso destituyó a Castillo, por «permanente incapacidad moral» con 101 de 130 votos a favor, después de que este anunciara la disolución del Legislativo y declarara un Gobierno de excepción de emergencia, lo que fue calificado como un golpe de Estado por diferentes voces, incluida la vicepresidenta.
Tras esta decisión, el Parlamento citó a la vicepresidenta Dina Boluarte para que jure como nueva jefa de Estado, en reemplazo de Castillo, y se convierta, de esa manera, en la primera mujer gobernante de la historia del país.
«Se cita a las 3.00 p.m. a la sesión del pleno del Congreso, en el que se tomará juramento a la vicepresidenta Dina Boluarte para que asuma el cargo de presidenta de la República», informó el Congreso en un mensaje publicado en Twitter.
La decisión fue anunciada por el presidente del Legislativo, José Williams, luego de que Castillo fuera destituido por el pleno por «permanente incapacidad moral», tras anunciar que iba a disolver el Congreso y la formación de un Gobierno de emergencia nacional.
Williams informó que, a partir de la decisión del Congreso, se activa la sucesión presidencial contemplada en la Constitución, y se convoca a sesión del pleno para que Boluarte jure como la primera mujer en asumir la presidencia peruana en 200 años de vida republicana del país.
El Congreso denuncia un golpe
Legisladores de diferentes bancadas del Congreso de Perú denunciaron que el presidente Pedro Castillo dio un golpe de Estado al anunciar que dicta la disolución del Parlamento y la conformación de un «Gobierno de emergencia» en el país.
«Esta decisión configura un golpe de Estado y se aleja de todos los marcos constitucionales», declaró la legisladora izquierdista Ruth Luque, cuya agrupación ha apoyado habitualmente la permanencia de Castillo en el poder.
La parlamentaria agregó que la decisión del gobernante «es claramente un golpe al estilo del 92», en referencia al «autogolpe» que dio en 1992 el entonces presidente Alberto Fujimori (1990-2000), que también disolvió el Congreso.
Agencias
