La situación de seguridad, política, económica y social, en la frontera entre Venezuela y Colombia, siempre ha tenido un techo con agujeros. Productores agropecuarios, comerciantes e industriales instalados en la zona saben lo que ocurre, y si no hablan públicamente es por temor. Es un asunto histórico originado por la violencia que ha afectado históricamente a la nación neogranadina y la crisis que vive –ahora- la patria de Bolívar.
Esa paz que todos los expertos saben es la clave para que Colombia se proyecte como un eje de desarrollo económico en Latinoamérica, está limitada por las distintas fases de su violencia política y delictiva, porque la guerrilla (Ejército de Liberación Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias) y el narcotráfico, hacen difícil que se logre.
La búsqueda de alternativas desembocó en el acuerdo del 26 de septiembre de 2016, rechazado con el plebiscito del 2 de octubre de 2016, por un movimiento liderado por el ex presidente, Álvaro Uribe Velez (2002-2010), quien luego de la victoria propuso crear un «Gran Pacto Nacional» con otras fuerzas políticas para buscar la paz (BBC Mundo 2-10-2016). Su oposición respondió a la crítica sobre los inadecuados castigos para los crímenes cometidos por los jefes rebeldes durante el conflicto. «Nos parece fundamental que en nombre de la paz no se creen riesgos a los valores que la hacen posible: la libertad, la justicia institucional, el pluralismo, la confianza en el emprendimiento privado, acompañado de una educación universal, de calidad, como cabeza de la política social».
También, lo ocurrido en Centroamérica evidencia los riesgos que genera un plan sin visión futura. La estructura en la que se montó la paz y el sistema democrático hace cuatro décadas flaquea ante los ataques de una ideología arcaica y fracasada: el socialismo. Entendida ésta como el paso previo al comunismo que sólo busca “el control de la voluntad popular” decía Jimmie Holt del Ejército de EUA, en marzo de 1990. Se vende como la reivindicadora de las causas perdidas: resentimiento, desigualdad social, medio ambiente, justicia, etc. Su éxito en la región es producto del error de EUA y sus aliados, de montar democracias sobre estructuras tradicionales corruptas y coercitivas, advertía el militar.
Sin embargo, las consecuencias de estos gobiernos izquierdistas han profundizado los problemas de las naciones latinoamericanas, básicamente porque pretenden imponerla en la sociedad, sin respetar a quienes piensan diferente. Además, muestran gestiones corruptas, derrochadoras de recursos para tratar asuntos como la desigualdad y la pobreza (hacen a la clase pobre más dependientes de la dádiva pública), son incapaces de generar programas fiscales viables, irrespetan la institucionalidad democrática, modifican los lapsos de permanencia en el poder y quieren hacer todo nuevo destruyendo el aprendizaje social histórico. Finalmente, endosan sus fracasos al imperialismo yanqui, al Fondo Monetario Internacional o al Banco Mundial.
Ahora que Gustavo Petro asumió la presidencia en Colombia, el guión estaba escrito de lo que iba hacer en materia de “paz” y en sus relaciones con Venezuela. No hay nada nuevo ni extraño. Su gesta ensamblada por el Foro de Sao Pablo indica lo que han anunciado ambos gobiernos, con la venia de EUA, dandole así un espaldarazo a un régimen no democrático, delincuente y criminal.
El anuncio de escoger a Nicolás Maduro como mediador en las conversaciones de paz con el ELN y posteriormente con las FARC, afianzará lo que ya está haciendo EUA de darle legitimidad al régimen y –posteriormente- eliminar las sanciones económica que afectan a las empresas públicas (Petróleos de Venezuela entre otras), las negociaciones de papeles públicos con los que alimentan el gasto público y la corrupción, y las cuentas personales de los miembros de su nomenclatura.
Las conversaciones quedarán entre panas, porque ya es conocida la relación entre el régimen de Hugo Chávez y Maduro, y los grupos subversivos colombianos; al igual que el control que FARC y ELN tienen en trece estados de Venezuela (Fundación Crimen Insight, Infobae 2-10-2022), especialmente en la frontera colombo-venezolana, en temas como la minería ilegal en el Arco Minero, extorsión y narcotráfico. Estas actividades son las que mantienen al régimen y sus militares, y a los grupos narcoterroristas vinculados con los carteles mexicanos de las drogas.
La complicidad también genera soluciones complejas en asuntos relacionados con narcotráfico, minería ilegal y extorsión en la frontera, evidenciada –por ejemplo- con el enfrentamiento de la segunda Marquetalia de las Farc, liderada por Iván Marquez, con las facciones disidentes y el ELN, tal como ocurrió en marzo de 2021. Maduro mandó al ejército de Venezuela a defender los intereses de su aliado, dejando un balance negativo de 16 militares muertos y 37 heridos, demostrando el nivel de compromiso entre ambas partes (Fundaredes 30-03-2021).
Los productores agropecuarios de Zulia, desde la llegada de Hugo Chávez, saben que están en manos de las Farc y el ELN. En la Machiques-Colón la guerrilla vigila las vías, imparten su justicia, extorsionan y controlan el tráfico de drogas. Eso ocurre hace años. Son asuntos que en tiempos de apertura fronteriza, sería interesante saber cómo van a quedar, ahora que el nuevo mejor (EUA) amigo es permisivo.
Construir una propuesta fundamentada en los intereses de los violadores de derechos humanos traerá consecuencias en pocos años. La impunidad advertida por Uribe y vista las consecuencias del proceso de paz en Centroamérica, solo beneficiará a los criminales y narcotraficantes que dominan a las Farc y al ELN (esta guerrilla ya perdió el sentido ideológico-político y es un cartel de drogas). El mandatario colombiano ya anunció que se manejará “el perdón a todos” para alcanzar la ansiada paz total.
Mientras, EUA mirará para otro lado, esperando que sus aparentes enemigos construyan su mundo, sobre las estructuras distorsionadas. Total, luego del intercambio de los dos narcotraficantes sobrinos de Cilia Flores, confesos y condenados por la justicia norteamericana, no hay mucha moral para cuestionar la impunidad generalizada que viene ¿Y la democracia? Bien gracias.
@hdelgado10
