Durante cinco años los contratistas estadounidenses, Keith Stansell, Marc Gonsalves y Thomas Howes, permanecieron secuestrados (13 de febrero 2003) por el Bloque Sur de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) que operaban en el departamento de Caquetá. Uno de sus cabecillas y jefe de finanzas, Simón Trinidad, fue capturado en 2004, durante el gobierno de Álvaro Uribe, luego fue extraditado a Estados Unidos de América (EUA) acusado de ser responsable del acto y condenado a 60 años de prisión.
Durante el secuestro, murieron asesinados, por órdenes expresas del comandante guerrillero, Wilking Fernando Lugo, el cuarto contratista de la empresa Northrop Grumman, Thomas Janis, y el sargento del ejército, Luis Alcides Cruz. A pesar de la aceptación de conversaciones para liberar a los sobrevivientes, por representantes de los gobiernos de Colombia y EUA, nunca se acordó nada. EUA mantuvo su política de “no negociar con terroristas”. El 2 de julio de 2008, el Ejército de Colombia realizó la Operación Jaque, logrando rescatar a los tres norteamericanos y 12 prisioneros más, entre ellos la ex candidata presidencial, Ingrid Betancourt.
En 2016, el entonces presidente colombiano, Juan Manuel Santos, pidió su liberación para facilitar el proceso de negoción de paz que se realizaba en La Habana-Cuba. El gobierno de EUA, presido por Barack Obama, rechazó la petición y la presión que ejercían los insurgentes, porque en ese momento, las Farc, eran consideradas por el Departamento de Estado, “como una amenaza para sus intereses”.
Negociar prisioneros no es novedad para los EUA. Es una práctica tradicional en su historia, reflejada en la película de Steven Spielberg, “El puente de los espías” (Puente Glienicke-Alemania), interpretada por el actor Tom Hank, que encarna al abogado, James Donovan, quien en la vida real defendió (1957) y luego logró su intercambio con los soviéticos del espía, Rudolf Ivánovich Abel, por el piloto del avión norteamericano U-2 derribado en 1960, Francis Gary Powers, y el estudiante de economía de la Universidad Libre de Berlín, Frederic Pryor. Donovan intervino en numerosas operaciones de este tipo incluyendo la liberación de prisioneros de la fallida invasión de la Bahía de Cochinos-Cuba (CIA-1961).
Durante la gestión del presidente, Joe Biden, se intentaron acciones de este tipo. EEUU –supuestamente- se ha resistido a los intercambios de prisioneros por temor a que pueda alentar más tomas de rehenes y promover una equivalencia falsa entre un estadounidense detenido injustamente y un ciudadano extranjero condenado con justicia. Pero un acuerdo en abril 2022, revirtió la posición, cuando el veterano de la Marina, Trevor Reed (detenido en Moscú julio 2020 por golpear a funcionarios rusos en estado de ebriedad), fue cambiado por el piloto ruso encarcelado, Konstantin Yaroshenko (preso en Liberia en 2010 por tráfico de drogas y condenado en 2011), abriendo la puerta a resoluciones similares en el futuro.
Este primero de octubre de 2022, el gobierno Biden anunció la liberación de los narcotraficantes venezolanos, Franqui Francisco Flores de Freita (31) y Efraín Antonio Campos Flores (32), sobrinos de la esposa de Nicolás Maduro, Cilia Flores (ya el 17 de junio de 2022, el Departamento del Tesoro había sacado de la lista de sancionados a su otro familiar Carlos Malpica Flores), quienes fueron detenidos en Puerto Príncipe-Haití el 10 de noviembre de 2015, por agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA), en una operación encubierta para el traslado de 800 kilos de cocaína suministrada por las Farc en Venezuela, que luego sería trasladada desde el hangar presidencial del aeropuerto de Maiquetía hasta Honduras. En noviembre de 2016 fueron condenados y en 2017 se les dicta condena a 18 años. El régimen desató una guerra propagandística defendiendo a los parientes, aduciendo que fueron víctimas de una trampa del gobierno norteamericano para desprestigiarlos.
El intercambio incluyó la liberación de siete norteamericanos detenidos por el régimen venezolano: Jorge Toledo, Tomeu Vadell, Alirio Zambrano, Jorge Pereira y Jorge Luis Zambrano de la empresa Citgo; el ex mariner, Matthew Heath, y Osman Khan. Lo cuestionable de este acto es que se negocian dos narcotraficantes confesos y condenados, por siete personas secuestradas y enjuiciadas irregularmente. El hecho ocurre en momentos cuando se adelantan conversaciones entre la oposición democrática y el régimen, y la Organización de la Naciones Unidas emitió un informe sobre la violación de los derechos humanos en el que responsabiliza a Maduro y su cúpula militar de crímenes y torturas; mientras la Corte Penal Internacional (CPI) adelanta investigaciones sobre delitos de lesa humanidad.
Este acto se da en pleno deterioro de la institucionalidad democrática, el predominio en el continente de gobiernos de izquierda corruptos e ineficientes, aliados con los rusos, chinos e iraníes, y cuando las instancias judiciales han propiciado la impunidad de genocidas, de violadores de los derechos humanos y de las organizaciones encargadas de la gestión pública. Es un momento inoportuno que envía un mensaje negativo y relativista a la sociedad, que te muestra cómo el máximo líder de la democracia mundial, EUA, utiliza la ley de acuerdo con sus intereses, sin importar –en este caso- que Venezuela viva una crisis social, económica, migratoria y política, que necesita el apoyo y solidaridad continental.
Para el cuestionado régimen de Nicolás Maduro es una victoria porque va a utilizar la liberación como una derrota del imperialismo norteamericano y que tuvo razón en sus denuncias de inocencia de “los pichones de narcotráfico”. Va a obtener legitimidad y el reconocimiento que necesitaba para “atornillarse” en el poder, e impunidad ante los innumerables crímenes de lesa humanidad que ha cometido, y la corrupción que les facilitó el saqueo de miles de millones de dólares que hoy reposan en sus cuentas personales.
EUA necesitado de proyectar una imagen fuerte ante el mundo, flaqueó ante el régimen venezolano, lo que debilita su posición ante Rusia y China, dice el periodista zuliano, Alirio Rodríguez. Para el editor del portal informativo venezuelausa.org, Dámaso Jiménez, este intercambio traerá consecuencias en las próximas elecciones legislativas norteamericanas de noviembre. El fotoreportero, Gustavo Bauer, considera que la edad y las condiciones físicas de Biden son factores que han colocado a la otrora líder de la democracia mundial en una posición de debilidad, agudizando la crisis que vive el sistema. La abogada opositora zuliana, Milagros Matos, advierte que negociar con narcotraficantes es un grave error y abre la posibilidad de impulsar el secuestro de norteamericanos para tomarlos como rehenes negociables. Otros analistas venezolanos justifican el acto aduciendo que para EUA lo primero es garantizar la vida de sus ciudadanos y que no es primera vez que un gobierno hace este tipo de negociaciones.
Ante el hecho, el polémico mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, al dirigirse a los venezolanos, dijo que esto demuestra que “somos peones de las élites globales, nuestras causas son desechadas a conveniencia y nuestra libertad vendrá de nosotros mismos”. El analista, Pedro Mario Burelli, afirma que “en los próximos días veremos si este canje incluye darle la licencia a Chevron para que opere, como si nada, en Venezuela; la administración Biden terminó doblegada por el cabildeo de esta empresa que ha sido siempre desvergonzada, apóloga del chavismo”. Para el ex comisario Iván Simonovis “este intercambio debilita la credibilidad de cualquier sistema de justicia y abre una puerta para negociar con el terrorismo”. Esta apreciación es una advertencia para lo que pueda ocurrir con la “paz plena” que intenta imponer el presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuyo fundamento persigue otorgar impunidad y privilegios a los narcoterroristas: Farc, ELN y los paramilitares. Con esta mala decisión se acentúa el cuestionamiento al debilitado liderazgo de EUA, más cuando pretenda reclamar, recomendar o criticar a naciones que apliquen el relativismo para tomar sus decisiones.
@hdelgado10
