Mientras pasaban los meses y Alejandro Andrade, extesorero nacional de Venezuela, estaba encerrado en una prisión estadounidense, acusado de lavado de dinero, Yanoselli Colmenares, su exesposa, compró y vendió casi una decena de viviendas en el condado de Palm Beach, Florida, donde la familia vivió con opulencia en el pasado, a expensas de cientos de millones de dólares que recibió de la corrupción venezolana, revela una investigación del portal Itempnews.
El conjunto de ocho viviendas se ubica en la ciudad de Wellington, Palm Beach, y está valorado en más de tres millones de dólares. Dos de las propiedades están disponibles para rentar por $25.000 al mes, mientras el resto se ha revalorizado. Otra fue vendida en octubre de 2019 por $1.1 millones.
Colmenares, una abogada que sirvió durante al menos una década como funcionaria pública de Venezuela hasta mudarse a Florida, en 2014, fue citada por su ahora exesposo como beneficiaria del esquema de lavado de dinero del cual él se declaró culpable en 2017. Los fiscales no presentaron cargos contra ella.
La pareja se divorció en agosto de 2019 luego de 29 años de matrimonio, conforme con registros venezolanos. La petición se introdujo en Venezuela en febrero de 2018, dos meses después de que el extesorero se declarara culpable. El caso devino una de las mayores pesquisas contra la corrupción transnacional realizada en Florida en los últimos años.
Tras ser acusado, Andrade admitió que había obtenido más de $1.000 millones en sobornos del empresario de los medios venezolanos, Raúl Gorrín, y otros conspiradores conectados con la dictadura socialista de Nicolás Maduro a cambio de beneficiarlos en operaciones de cambio de divisas a tasas favorables.
El botín incluyó millones de dólares en efectivo, automóviles de lujo, joyas, bienes raíces, jet privados y caballos de exhibición y 40 cuentas de 17 bancos de Estados Unidos, Suiza y Panamá.
La lista de propiedades en manos de Colmenares, que se informan por primera vez aquí, se obtuvo después de examinar más de 300 páginas de documentos judiciales del caso que mostraban cuentas bancarias, beneficiarios y empresas, usadas por el extesorero para recibir sobornos. Itempnews encontró que al menos una compañía de la lista, asociada con la entonces pareja de Andrade, se mantuvo activa.
Andrade fue sentenciado en noviembre de 2018 a 10 años de prisión por un juez de la Corte del Distrito Sur de Florida, pero logró una reducción del 65% de su condena por cooperación con los fiscales. En febrero de 2022 quedó en libertad.
El mes pasado, la Corte del Distrito Sur de Florida notificó a Colmenares que una vivienda que había obtenido en noviembre de 2014 con ayuda económica de los conspiradores de su esposo sería decomisada por el gobierno.
Unos $100.000 de un total de $250.000 usados para adquirir esa propiedad provinieron de sobornos.
De acuerdo con la confesión del extesorero en el acta de “Consentimiento para Decomisos”, las cuentas bancarias y la compañía YICSMI66, LLC, registrada en Florida en 2014 a nombre de Colmenares, habrían servido para triangular dinero de sobornos.
También, dos cuentas personales asociadas a su esposa en dos importantes bancos estadounidenses habrían sido utilizadas para absorber dinero de la trama, siempre según los documentos. Ambas instituciones fueron contactadas para este reporte, pero no respondieron a solicitudes de información.
Los fiscales nunca ordenaron disolver YICSMI66, LLC y tampoco ordenaron cancelar las cuentas bancarias asociadas a la compañía, por lo cual ésta siguió activa.
Entre el 22 de diciembre de 2017, cuando Andrade se declaró culpable, y su posterior sentencia en noviembre de 2018, el extesorero de Venezuela entregó al menos 300 millones de dólares entre dinero y bienes.
Al margen de ese enorme botín, su cónyuge comenzó a adquirir inmuebles a título individual en Wellington, una ciudad al sur de Florida conocida por sus lujosas residencias.
No está claro el origen de los fondos que Colmenares utilizó para estas operaciones, ya que su estatus de Persona Expuesta Políticamente (PEP) hace más rigurosas sus transacciones a través del sistema financiero estadounidense.
Colmenares era cónyuge de un condenado por lavado de dinero en EEUU que fue tesorero nacional de Venezuela. Ella, al mismo tiempo, ejerció como funcionaria pública de rango medio en su país, por lo cual entra en la categoría de PEP.
En febrero de 2019, con el extesorero en prisión, y la economía de Venezuela sintiendo los efectos de mala administración y corrupción, Colmenares adquirió por $485.000 una casa de 2.700 pies cuadrados y cuatro habitaciones en Wellington que registró a su nombre. La propiedad, que está valorada en casi un millón de dólares en estos momentos, fue puesta a la renta por $18.000 mensuales.
Ocho meses después, en octubre, Colmenares vende por 1.1 millones de dólares una propiedad en Wellington que había adquirido en marzo de 2015 a través de YICSMI66, LLC.
Andrade contó a los fiscales que esa vivienda, así como otra registrada por YICSMI66, LLC, también en Wellington, eran propiedad de su esposa y familia desde junio de 2016 y él podría “tener intereses” en ese inmueble en virtud de su matrimonio. El Departamento de Justicia no ordenó incautarla.
Por otro lado, entre junio y octubre de 2020, en plena pandemia del coronavirus, Colmenares compró otras cuatro propiedades en Wellington a través de YICSMI66, LLC por $620.000. Hasta septiembre de este año el conjunto de viviendas está valorado en $1.2 millones, según Zillow, el sitio web de bienes raíces.
Los Andrade-Colmenares nunca dejaron de levantar suspicacia entre quienes los conocieron antes y después de mudarse con sus hijos a Wellington, recuerda un antiguo vecino de la familia en la zona, que pidió no ser mencionado para esta historia.
“Era absurdo su nivel de riqueza, cómo vestían, los carros que manejaban, los caballos, todo. La señora (Yanoselli) siempre estaba con carteras Louis Vuitton y joyas delicadas. Una vez la llegué a ver en un grupo de beneficencia de mujeres con mucho dinero”.
Conexión con el poder
En Venezuela, Colmenares era una registradora mercantil, un cargo público por designación de la Oficina Nacional de Presupuesto, una entidad del Ministerio de Finanzas, cuya función era recoger e inscribir todos los actos relacionados con sociedades mercantiles y particulares en dos circunscripciones judiciales del país.
Itempnews no pudo determinar los ingresos de Colmenares cuando dejó su cargo como registradora, porque las declaraciones juradas de patrimonio no son públicas en Venezuela.
Alejandro Andrade, un militar de carrera, fue primero guardaespaldas del fallecido presidente Hugo Chávez tras el triunfo de este en las elecciones de 1999. Ese puesto de extrema confianza lo catapultó hacia las filas del poder, hasta ser designado en 2007 como tesorero nacional.
Abordado por Itempnews en varias oportunidades durante 2022, por teléfono y correo electrónico, Michael Diaz, Jr., abogado de Andrade en EEUU, se negó a responder preguntas.
La portavoz de la Corte del Distrito Sur de Florida, Marlene Rodríguez, declinó comentar sobre la investigación
El exfiscal Jonathan J. Rusch, que enseña leyes en la Facultad de Derecho de la Universidad Americana de Washington, explicó que, si bien las propiedades de la exesposa de Andrade se compraron entre 2019 y 2020 bajo la misma razón social o cuentas asociadas al esquema de soborno, la fecha en que esto ocurrió juega un papel importante porque la compra ocurrió luego de la condena del extesorero en noviembre de 2018.
EEUU no tiene leyes que prohíban que las Personas Expuestas Políticamente (PEP) adquieran propiedades. Algunos expertos en delitos financieros ven esto como una vía libre para el lavado de dinero.
Frank López Ballesteros/ Diario Las Américas