El presidente colombiano Gustavo Petro firmó el miércoles la orden de extradición de Álvaro Fredy Córdoba, hermano de la reconocida congresista Piedad Córdoba, quien es solicitado por una corte de Estados Unidos para que responda por delitos relacionados con el narcotráfico.
La defensa de Córdoba aún puede presentar un recurso durante los próximos diez días hábiles. En caso de que sea rechazado, la extradición quedará en firme, según indicó el Ministerio de Justicia a través de su oficina de prensa.
Se trata de una de las primeras extradiciones hacia Estados Unidos que firma Petro, quien asumió como presidente un mes atrás. Es el hermano de una senadora en funciones, elegida en marzo por el izquierdista Pacto Histórico, movimiento político de Petro.
Álvaro Córdoba, de 63 años, se encuentra detenido desde febrero de este año en una cárcel colombiana. Desde entonces, su hermana ha negado públicamente que tengan vínculo alguno con el narcotráfico o con grupos armados ilegales.
Durante los años más álgidos del conflicto colombiano, la senadora Córdoba fue una intermediaria clave en la liberación de los secuestrados que tuvo las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), guerrilla que firmó un acuerdo de paz con el Estado en 2016.
En el 2010 Córdoba fue sancionada disciplinariamente por la Procuraduría por presuntos lazos con las FARC. Seis años después, el Consejo de Estado falló a su favor anulando la sanción, por lo que pudo volver a aspirar al Congreso.
La Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, solicita a Álvaro Córdoba por presunto concierto para importar narcóticos, que habría iniciado desde al menos julio de 2021 hasta febrero de 2022 -cuando fue capturado-, según el documento publicado por la Corte Suprema colombiana en el que se avala su extradición.
Córdoba habría participado en la coordinación del tráfico de cocaína, de acuerdo con varias videoconferencias y reuniones en persona grabadas, de acuerdo con la declaración jurada de un agente especial de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).
Durante una reunión de diciembre de 2021, Córdoba se habría ofrecido para hacer arreglos con el fin de que personas interesadas en comprar narcóticos viajaran a un campamento donde había unos 300 hombres armados de las disidencias de la extinta FARC, quienes volvieron a la insurgencia. En el viaje se reunirían con el comandante guerrillero para hablar sobre “cantidad, los precios y la logística”.
En esa reunión y luego en enero, aseguró el agente de la DEA, Córdoba y otros vinculados hablaron sobre un acuerdo de “participar en una transacción de drogas que consistía aproximadamente en al menos varios cientos de kilogramos de cocaína destinados por último a los Estados Unidos”.
