El 25 de agosto, el presidente de Argentina, Alberto Fernández fue denunciado por diputados opositores por una polémica comparación entre el fiscal Diego Luciani y su par Alberto Nisman, quien fue hallado sin vida, con un disparo en la cabeza, tras haber acusado a Cristina Kirchner (CK) de haber conspirado con Irán para encubrir a los presuntos responsables de un ataque terrorista ocurrido en 1994. El mandatario dijo: «Alentar la idea de que le puede pasar a Luciani lo que le pasó a Nisman… hasta acá lo que le pasó a Nisman es que se suicidó. Hasta acá no se probó otra cosa. Espero que no haga algo así el fiscal Luciani«. (BBCMundo, 25-08-2022).
Una amenaza pública a lo mafia, que muestra la falta de escrúpulos y la injerencia del Poder Ejecutivo en el Judicial, por parte de Alberto Fernández, luego de la petición del fiscal Luciani de condenar a 12 años de prisión e inhabilitar políticamente a la Vicepresidente argentina, por estar involucrada en el caso “Causa Vialidad”, en la que se entregaron 51 contratos de construcción a Lázaro Báez, socio de su esposo y ex presidente fallecido, Néstor Kirchner, de las cuales solo se concluyeron 27 y las restantes no se terminaron, sin embargo, todas recibieron el 100% del presupuesto, cerca de 46 mil millones de pesos de la época. En el caso también están involucrado Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal del gobierno de Néstor Kirchner, y José López.
Esta es una de las muchas denuncias que se han hecho en contra de CK, incluso hay una que la involucra con el régimen de Hugo Chávez y el caso del maletín con 800 mil dólares de Guido Antonini Wilson (2007) destinados a su campaña, en el que también está involucrado De Vido. Pero como todo sistema judicial latinoamericano la lentitud y la falta de autonomía han afectado los procesos. El anuncio del fiscal Luciani provocó la reacción de la populista Vicepresidenta, quien ordenó la movilización de “su pueblo” y alegó que no hay pruebas concretas que la condenen.
Como dice el diseñador amigo, Armando Rosales, “son más unidos que pan de piñita”. La reacción no se hizo esperar, a los pocos días una decena de mandatarios latinoamericanos, compañeros de andanzas de los Kirchner, en abierta injerencia en los asuntos judiciales de Argentina, firmaron un documento de solidaridad con la sospechosa Vicepresidenta.
Como un vulgar mafioso, el presidente Fernández, amenazó de muerte a Luciani, tratando de persuadir al poder judicial. Igualmente indujo a sus funcionarios para que mostraran su apoyo a su Vicepresidenta, siendo uno de los más expresivos su canciller, Santiago Cafiero: “Quieren proscribir a Cristina Kirchner. La extrema derecha en América Latina es antidemocrática. Lo hicieron con Perón y recientemente con líderes populares de la región como Evo Morales y Lula Da Silva. Pero nuestros pueblos son justos: no abandonan a quienes se la juegan por ellos”. En sociedades con memoria histórica corta, estos hechos se manipulan para justificar las sinvergüencerías.
Extraña declaración porque “ese pueblo que se la juega por ellos” viven en su mayoría en la miseria, como resultado de las políticas económicas y la corrupción que caracterizan a la izquierda que ha gobernado en las últimas dos décadas en Latinoamérica, especialmente en Argentina. Siguiendo el lineamiento del Foro de Sao Pablo, esta mafia se escuda en las causas justas y juega con la sensibilidad de la población, especialmente con su resentimiento y sus desigualdades, para hacerlos aliados de sus intereses políticos y su obsesión por el poder.
La expresión de solidaridad de Lula (Brasil), Gabriel Boric (Chile), Gustavo Petro (Colombia), Luis Arce (Bolivia), Andrés Manuel López Obrador (México), Xiomara Castillo (Honduras), Nicolás Maduro (Venezuela) y Pedro Castillo (Perú), es clamor de mafiosos, de los cómplices de violación de derechos humanos como son los casos de Venezuela donde se investigan crímenes de lesa humanidad, México con la muerte de más de 15 periodistas, o Nicaragua con un centenar de asesinados y arrestos de opositores y miembros de la iglesia.
Se endosan el título de protectores y se escudan en el pueblo tarifado (colectivos o grupos paramilitares) para que muestren solidaridad con los corruptos y expresan su faceta violenta cuando las circunstancias lo ameritan, como sucedió en Colombia en 2021, Nicaragua 2018 o Venezuela en 2017.
El revisionismo histórico y el relativismo que encierra lo que ahora denominan “postmodernismo” (tal como lo expresa el profesor de la Universidad del Zulia, Kaled Yorde), han minado la institucionalidad y los valores democráticos, resquebrajando su sentido de justicia, haciendo de la impunidad una constante ante el acto fraudulento en la administración pública y del abuso, de la utilización parcializada de los recursos del Estado y del tráfico de influencia, todo en función de mantenerse en el poder.
Esta cúpula latinoamericana que no ha estado a la altura de los deseos de su población, tiene arraigo popular con el cual ha logrado encantarla y limitar la posibilidad de que la saquen del poder, sumergiéndolas en escenarios de violencia, el cual usa cuando es necesario, y la han acostumbrado a la rapiña y la trampa, sin canalizarles su energía hacia la formación de una cultura ciudadana-civilista-democrática que reduzca sus debilidades psicosociales.
Con esto último se evitaría el apoyo a gobernantes incapaces y corruptos, como ha sucedido frecuentemente en el continente y tal como ocurre en la Argentina de los Kirchner y de Alberto Fernández, quienes no enfrentan la justicia con la verdad y tampoco respetan la institucionalidad del poder judicial, solo usan la descalificación y la amenaza para tapar sus fechorías. Una expresión evidente de la izquierda continental, cuya miopía ideológica la condujo al fracaso.
@hdelgado10
