Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, con visiones diferentes, encarnan el rechazo al establecimiento y a la política tradicional. Que el país dé el paso que quiera su democracia, pero con libertad para sus electores.
Teniendo como telón de fondo el discurso del cambio y de rechazo a la clase política tradicional, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández se disputan este domingo en las urnas la Presidencia de la República 2022-2026, momento culminante de una campaña atravesada por encuestas encontradas, filtraciones de reuniones privadas, ausencia de debates, ataques personales y acusaciones por doquier, todo ello azuzado por hordas de fanáticos en las redes sociales, que algunos llaman bodegas, que no dan cuartel. Colombia se juega hoy la definición de un nuevo camino a escala democrática e institucional, con dos candidatos de trayectorias diametralmente diferentes. Y aunque ambos se identifican como antiestablecimiento y en sus discursos enarbolan siempre la bandera de la lucha contra la corrupción, es claro también que los liderazgos que ejercen, sus posturas y propuestas transitan por ese terreno que muchos encuadran dentro del populismo.
Con cerca de 30 años de vida política y 62 de edad, Petro llega a su tercera aspiración presidencial (fue candidato en 2010 y 2018), según dijo, el último intento por gobernar con una visión que él llama “progresista” y que implica, entre otros aspectos, la transformación del modelo económico del país, con un nuevo marco fiscal y tributario en el que los más pudientes sean los que más aporten, y apuntando a dar los primeros pasos para ir del extractivisimo hacia la producción agrícola. Habla de convertir a Colombia en “potencia mundial de la vida”, a partir de la implementación del Acuerdo de Paz, y si bien le han llovido críticas por acercar a sus toldas a políticos tradicionales y cuestionados —caso Armando Benedetti, Roy Barreras o Piedad Córdoba—, insiste en que no quiso encerrarse “en una especie de secta purista de la izquierda” y que, ante la polarización, “se deben tender puentes”.
Por su parte, a sus 77 años, Hernández es un empresario de la construcción transitando por el camino de la política, afianzado en el manejo de las redes sociales, sobre todo Tik Tok. Aunque fue concejal de Piedecuesta (Santander) en 1992, su salto formal a lo público lo dio en 2016, cuando, contra todos los pronósticos, ganó la Alcaldía de Bucaramanga, cargo al que renunció meses antes de terminar su período y por el que arrastra líos judiciales. Su estilo coloquial y su manera de expresarse, muchas veces con groserías, han servido para afianzar un discurso que bien puede resumirse en una frase: “Yo me defino como un ingeniero que quiere sacar los ladrones del gobierno, eso es todo”. Habla de “no mentir y no traicionar a sus electores” y plantea “una pequeña modificación” al Código Penal para quitarles la impunidad a los corruptos. Promete rebajar el IVA al 10 % y que los empresarios entiendan que “el mejor negocio del mundo es tener gente pobre con capacidad de consumo”. Y anuncia “dedicarse a la paz”.
La campaña desde el pasado 29 de mayo, cuando se llevó a cabo la primera vuelta, ha sido un sube y baja de acontecimientos. Las encuestas pulularon en estas tres semanas, unas con ventaja para Hernández, otras para Petro y varias dando empate técnico. Pero sin duda, la mayor polémica corrió por cuenta de la filtración a algunos medios de comunicación de videos de las reuniones privadas de la campaña de Petro, en las que supuestamente se definieron estrategias para “atacar, desprestigiar o dividir” a sus rivales políticos, traspasando para muchos las líneas de lo ético e incluso de lo jurídico. “Guerra sucia” para los opositores del Pacto Histórico. “Interceptaciones ilegales” para el petrismo, que solo han demostrado la “transparencia” del actuar del candidato. La Fiscalía estudia la posibilidad de investigar formalmente la conducta de quienes aparecen en los videos, que tienen un protagonista: el senador Roy Barreras, quien decidió hacerse a un lado de las actividades electorales de Petro.
La otra arista de la recta final de la campaña tuvo que ver con la ausencia de debates. Según el artículo 23 de la Ley 996 de 2005 (Ley de Garantías), los candidatos presidenciales tienen derecho a tres espacios de debate en el canal institucional y en la radiodifusora nacional. Sin embargo, pese a que un fallo de tutela del Tribunal de Bogotá quiso obligar a Hernández a debatir con Petro, no fue posible y el país no los pudo ver cara a cara confrontando sus ideas y propuestas. Como era de esperarse, las redes sociales estallaron y mientras los petristas dicen que al exalcalde de Bucaramanga le dio miedo, este argumentó que la intención de Petro era convertir el fallo en una expresión publicitaria y lo responsabilizó del fracaso en la realización de dicho debate. Un toma y dame constante entre las dos campañas que solo alimentaron la polarización, desviando la atención frente a temas fundamentales del país, en momentos de tanta turbulencia económica y de seguridad.
Lo claro es que lo que vive hoy Colombia es un escenario totalmente inédito. Y aunque mucho se ha hablado de que los dos candidatos representan la oposición al establecimiento y sus partidos, no cabe duda de que en uno y otro lado se van a querer acomodar los viudos del poder después del 7 de agosto. Y que hoy más que nunca se hace fundamental el rescate de los Acuerdos de Paz, pues la violencia en las regiones aumenta y la indignación en las ciudades se hace evidente. No se trata de marchas o primeras líneas, sino del conflicto trasladado a lo urbano, incitado por el fuego del narcotráfico y otras economías ilegales. De ahí que la reforma rural sea inaplazable. Los territorios cocaleros urgen del oxígeno del Acuerdo para la solución del asunto de las drogas, antes de convertirse en el renacer de la guerra. Ya viene también el informe de la Comisión de la Verdad con realidades durísimas para la sociedad, pero con una clara apuesta por la paz.
Por último, una premisa urgente: vencer el miedo. Es fundamental que la gente vaya a las urnas sin miedo. Que las nuevas generaciones que llegan a su mayoría de edad decidan entre dos modelos que prometen cambio. Han sido décadas en las que cualquier opción fuera de la política tradicional ha sido tachada de salto al vacío, de error, de miedo. Hoy, analistas y parte de esa misma clase política son conscientes de que las fuerzas dominantes que han tenido el poder son las que llevaron al actual estado de cosas. Basta ya de esgrimir el miedo para conservar el statu quo. Que el país dé el paso que quiera su democracia, pero con libertad para sus electores. Que lleguen a las urnas fortalecidos por su conciencia y no por la polarización que se ha creado para impedir los cambios sociales, políticos y económicos que exige la sociedad contemporánea.
Hugo García Segura/ El Espectador
