El gobierno de Joe Biden anunció este martes un plan que tiene como objetivo reducir el atasco en el servicio de inmigración, que supera los 9 millones de formularios sobre diversos beneficios, entre ellos la residencia legal permanente (green card) y la ciudadanía por naturalización.
El plan consistirá en tres medidas orientadas a acelerar los procesos que tiene prácticamente paralizado el sistema y a millones de inmigrantes aguardando resoluciones y documentos que demuestran la legalidad de sus permanencias, reportó la cadena de noticias CBS citando a funcionarios de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS).
Los funcionarios federales explicaron que el plan incluye ampliar los programas premium que -tras el pago de una cuota adicional- acelera el proceso de adjudicación de meses a algunas semanas.
Uno de los blancos del programa serán inmigrantes que aguardan la entrega y/o renovación de sus permisos de trabajo, entre ellos titulares del Estatus de Protección Temporal (TPS), dreamers beneficiarios de DACA y peticionarios de asilo.
Las fuentes dijeron además que otros grupos que se beneficiarán del programa de descongestionamiento serán trabajadores profesionales con visas H-1B, programa que también se ha visto afectado por las demoras.
Otra vía para solucionar el atasco es la contratación de personal para procesar solicitudes de beneficios migratorios.
El atasco
Según el reporte de CBS, al mes de febrero USCIS tenía acumuladas más de 9.5 millones de solicitudes pendientes, un aumento del 66% desde el final del año fiscal 2019, según datos de la propia agencia.
Los retrasos se agravaron durante el gobierno anterior tras la implementación de la política de ‘tolerancia cero’ que restringió beneficios y aumentó los requisitos argumentando razones de seguridad nacional.
El atasco ha dejado a miles de extranjeros con residencia legal temporal sin sus respectivos permisos de trabajo, y a otros aguardando durante meses resoluciones para la legalización de familiares inmediatos.
La directora de USCIS, Ur Jaddou, dijo que la agencia “sigue comprometida a brindar decisiones oportunas y justas a todos a los que servimos», señala el reporte de CBS. “Cada solicitud que adjudicamos representa las esperanzas y los sueños de los inmigrantes y sus familias, así como sus necesidades críticas inmediatas, como la estabilidad financiera y la protección humanitaria», apuntó la funcionaria.
De acuerdo con lo que se sabe hasta ahora, el procesamiento premium consistiría en un pago adicional de $2,500 por ciertos trámites para que los casos sean revisados de manera acelerada.
Las fuentes mencionaron que la nueva regla que agilizará el proceso entrará en vigor en 60 días, tras la publicación en el Registro Federal y para dar tiempo al comentario público, conforme dicta la Ley de Procedimiento Administrativo.
El proceso acelerado promete procesar una solicitud en un plazo de 45 días. El programa se irá expandiendo gradualmente para alcanzar otros servicios que ofrece la agencia.
La corte de inmigración
Además del atasco en la USCIS el gobierno enfrenta una segunda acumulación de casos en la Corte de Inmigración (EOIR), que a finales de febrero contaba más de 1.7 millones de expedientes que manejan unos 530 jueces activos.
En promedio, cada caso demora en ser resuelto unos 3.9 años, espera que en muchos casos se convierte en una pesadilla para los inmigrantes, sobre todo aquellos privados de libertad o enviados a México a esperar la resolución de sus casos en tribunales estadounidenses.
Tanto la habilitación de nuevos programas como la contratación de personal adicional para mejorar el servicio y reducir el atasco, la USCIS necesita un mayor presupuesto que debe asignar el Congreso.
En la primera semana de marzo un grupo de senadores demócratas urgió al liderazgo de la Cámara Alta que incluya fondos en el presupuesto de asignaciones del Departamento de Justicia para el año fiscal 2022, para no solo mejorar el servicio, sino también financiar representación legal a inmigrantes en proceso de deportación.
Liderados por la legisladora Kirsten Gillibrand (demócrata por Nueva York), los legisladores hicieron la petición por medio de una carta dirigida al liderazgo del Comité de Apropiaciones de la Cámara Alta.
En la misiva los senadores respaldan “los $50 millones incluidos actualmente en el proyecto de ley de asignaciones de la Cámara de Representantes”, y aseguran que los recursos “ayudarán a expandir programas federales “que brindan representación legal para miles de inmigrantes indigentes, solicitantes de asilo, familias y otras personas que enfrentan procesos de deportación cada año sin el consejo de un abogado”.
En la actualidad el gobierno federal no garantiza asesoría legal para las personas en proceso de deportación.
Univisión
