La semana pasada asistí, junto con varios colegas preocupados y ocupados por el devenir político nacional y regional, a una ponencia de la Alianza Nacional Constituyente Originaria (ANCO) conformada por un grupo de respetados profesionales, pertenecientes a una red nacional de organizaciones de la sociedad civil, y también, líderes independientes de diferentes ambientes, que buscan mediante un proceso constituyente un país mucho más digno, donde impere la justicia y por supuesto, la libertad y democracia en toda su magnitud.
La ponencia estuvo a cargo del Ing. Enrique Colmenares Finol, quien hizo una buena explicación de lo que están vendiendo. Debo confesar que mi asistencia se debió a que no pude hacerles a dos amigos, el desaire de no asistir ante sus invitaciones, ya que ese tema no me interesaba en lo absoluto, fui de la opinión que ese tipo de estrategia no tiene posibilidades de éxito en el actual escenario de arbitraje por parte del gobierno nacional. Pero afortunadamente estaba equivocado, este proceso constituyentita puede tener posibilidades con el amparo de organizaciones internacionales como la ONU, de acuerdo con la explicación que se proporciono.
Existen sobradas razones para un nuevo proceso de reestructuración del estado venezolano, no solamente, por las características que actualmente posee, que lo hacen, ineficiente y además ineficaz en el logro de cualquier objetivo nacional o regional, sino también, que muchas de esas incapacidades o patologías, fueron heredadas de la Constituyente del 99, porque la del 2017 fue totalmente inocua. Ahora bien, también es cierto, que sea imposible con el actual gobierno, podamos ejercer ese derecho consagrado en varios artículos de la Constitución, sobre todo en los Artículos 5 y 347. Pero no importa, el nuevo gobierno democrático para Venezuela, que se encuentra medio escondido en una de las esquinas próximas, tiene el deber y la necesidad de hacer una Constituyente de manera impecable, sin sesgos y con la máxima participación de todos los sectores de la vida nacional, incluyendo al propio gobierno en su nuevo rol de oposición.
El tema es que salí convencido de esta necesidad debido a muchas razones, pero la que más me llamo la atención, es la que tiene que ver con la participación ciudadana en los asuntos públicos, tópico objeto de muchas discusiones, sobre todo por lo contemplado en el Articulo 299 de la Constitución que claramente aborda este tópico, y que de paso existen muchas propuestas para operacionalizarlo, y ahora entendí la imposibilidad de llevarlo a la práctica sin una constituyente. Pero vale mencionar textualmente este artículo:
“El régimen socioeconómico de la República Bolivariana de Venezuela se fundamenta en los principios de justicia social, democracia, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad. El Estado conjuntamente con la iniciativa privada, promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica del país, garantizando la seguridad jurídica, solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento de la economía, para lograr una justa distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica democrática, participativa y de consulta abierta”.
Definitivamente, con la materialización de este mandato constitucional, otro país tuviésemos, imaginemos que los asuntos públicos se manejen mediante la planificación estratégica democrática, con participación de la gente y cada vez que sea necesario una consulta abierta a los ciudadanos sobre casos de extremo interés. Señores, esto sería la máxima expresión de la democracia. Pero, hay un factor que impide que este artículo se lleve a la práctica, y va mas allá, del interés político, el factor que lo impide es la pésima estructura político-territorial que impera en el país y que aleja al ciudadano común de todo proceso administrativo gubernamental.
En nuestro país, la relación entre “Estado Vs. Municipio”, es demasiado limitada. Por ejemplo: Venezuela con 916.445 Km2 de superficie, una población de 32.384.132 habitantes, posee 335 Municipios, en contraste con países como Francia con una superficie de 675.417 Km2, una población de 65.073.482 habitantes, posee 36.460 Municipios, o Bélgica con una superficie de 30.510 Km2, una población de 10.396.000 habitantes, y posee 589 Municipios. Es decir, en todos estos países que son una gran mayoría en el planeta, los ciudadanos están muy cerca de la primera instancia de poder, llámese Alcaldías o Gobernaciones, prácticamente, la gente tiene al Alcalde de vecino, por ende, estos funcionarios públicos se deben a un pequeño conglomerado de ciudadanos que son en definitiva sus “clientes” y a ellos se deben.
Por lo tanto, el nuevo gobierno, tiene que acometer una Constituyente genuina y seria, para, entre otras cosas importantes, acercar estratégica y estructuralmente al funcionario público con la gente que lo elige, y mancomunadamente trabajen en la resolución de los problemas de la colectividad o municipio. Estoy convencido, que ello cambiara radicalmente el curso de los acontecimientos en materia de gobernanza municipal, regional y central.
Alberto Barboza
Coach Gerencial en liderazgo, planificación y productividad
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