Nicolás Maduro aterrorizado por lo que pasó en la elección de gobernador de Barinas ―toda la maquinaria del Estado no pudo contener la avalancha de votos opositores y chavistas contra su excanciller y exyerno del comandante eterno― decidió no correr el riesgo de ir a un referéndum revocatorio de su mandato, según la lógica oficialista (Artículo 72 de la Constitución). Un evento que pudo haber resuelto la legitimidad de origen de su mandato.
La fecha tan próxima y las condiciones impuestas por el órgano electoral a la recolección de manifestaciones de voluntad para tramitar la solicitud del referéndum revocatorio presidencial hacen casi imposible alcanzar la meta del 20% de las firmas necesarias a nivel estatal.
Roberto Picón, rector del CNE, señaló que se tendrían que “procesar 5 electores por minuto, por 12 horas, en todas las máquinas del país, sin margen de error”. Por lo que habría que mantener 300 personas en cola de forma constante en los 1.200 centros de votación para alcanzar la meta.
Para hacer la recolección de las firmas más difícil, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció este lunes que acudirán ante el Consejo Nacional Electoral para solicitar la lista de los que firmen. Lo que hace recordar la “Lista Tascón” de 2004 que permitió perseguir a quienes refrendaron en contra de Chávez, en especial a los empleados públicos. Una flagrante violación de los derechos políticos y libertad de pensamiento y expresión, y por la desviación de poder y discriminación política según el dictamen de la CIDH en 2018.
Con esto, el cabellomadurismo busca ocultar la realidad de que ya no cuenta con el voto popular, creando la ficción que el número de firmas solicitantes para el referéndum revocatorio en contra de Maduro no alcanzó el 1%. Mañana dirá: el pueblo está con el heredero de Chávez y quiere que termine su segundo mandato. Esto a pesar de ser un presidente de facto para las grandes democracias que reconocen a Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela.
Para una parte del interinato, el referéndum revocatorio a Maduro no era una opción porque sería reconocerlo como presidente, después de haber establecido su condición de usurpador en 2019.
Sin embargo, la grave crisis que atraviesa Venezuela requiere de grandes consensos para desalojar a Maduro del poder, utilizando todas las opciones que se presenten. Porque la crisis económica y social que atraviesa el país será difícil resolverla si no hay una legitimación de origen de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Por lo tanto, todo lo que contribuya a ello debe utilizarse. Y el referéndum revocatorio presidencial lo permitía ―el reconocimiento mutuo ente los presidentes, de facto e interino, se dio cuando se sentaron en México el año pasado y firmaron el memorándum de entendimiento Jorge Rodríguez en representación de Maduro y Gerardo Blyde en nombre de la Plataforma Unitaria―.
Ahora, la solución a la ilegitimidad de origen de Maduro se desplazó para diciembre de 2024, cuando corresponde la elección presidencial para el período 2025-2031. En ese momento todos los cuestionamientos hechos para no ir al referéndum revocatorio presidencial este año seguirán vigentes. Se mantiene el CNE actual ―su período de ejercicio en sus funciones es de 7 años―. Y Maduro es reconocido como presidente legítimo, al participar la oposición en la elección.
En 2024, para las que sí pueden cambiar las condiciones es para las fuerzas democráticas.
El gobierno interino podría terminar en 2023, por lo que las sanciones económicas estadounidenses a la estatal petrolera Pdvsa serían flexibilizadas. Además, el escenario de precios del barril de petróleo lo ubica en la franja de 100 dólares o más. En consecuencia, los ingresos por exportaciones petroleras le generarían a Maduro cash para asegurar el cumplimiento de los programas sociales, sobre todo el suministro confiable de las cajas CLAP. La región estará en manos de gobiernos antiestadounidenses, lo que le permitiría a Maduro escoger el candidato opositor al mejor estilo de Daniel Ortega en la reciente elección de Nicaragua.
El 2024 le permitirá a Maduro y compañía reconectar con las bases del PSUV que hoy lo rechazan. El desgaste del interinato es mayor que el de su régimen en los próximos dos años y medio. Además, no podrán ejercer el derecho al voto 8 millones de venezolanos (38% del padrón electoral actual) que habrán emigrado.
Por ello, Maduro tranca el revocatorio de 2022 pensando que en 2024 la mano está segura, pues la probabilidad de que ocurra su reelección es mayor.
Antonio de la Cruz
Director ejecutivo de Inter American Trends
