El contador Anibal Pirela necesitó seis días de viaje y 7.000 dólares para llegar a Austin, Texas desde Maracaibo, la capital del otrora floreciente estado petrolero occidental de Venezuela, Zulia.
Pirela emigró con su hijo Daniel, de cuatro años, sumándose a una avalancha de personas que está vaciando barrios en Zulia, ahora un importante punto de partida para los venezolanos que abandonan su tierra natal.
“Son casi incontables los cercanos a mí que se han ido del país. Son muchísimos” los que han salido de Zulia, dijo Pirela, de 48 años, desde su nuevo hogar en Austin.
El número de venezolanos detenidos por las autoridades estadounidenses en la frontera sur se ha disparado a 47.762 en el año hasta septiembre, en comparación con solo 1262 en el período del año anterior, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.
Cientos de zulianos se van cada mes, dicen los grupos de derechos humanos, aunque no hay cifras oficiales de migración para ninguno de los 23 estados de Venezuela.
El estado occidental históricamente había estado más aislado de los vaivenes económicos de Venezuela debido a la industria petrolera, pero ese sector ha sido golpeado por años de falta de inversiones, mantenimiento y más recientemente las sanciones de Estados Unidos, cortando ingresos muy necesarios.
Reuters habló con ocho familias que habían salido de Zulia en los últimos dos meses debido a la falta de servicios públicos, medicinas y desempleo. Las casas y edificios abandonados son cada vez más comunes en el área metropolitana de Maracaibo, la capital de Zulia de 1,7 millones de habitantes, dicen residentes y exresidentes.
La mitad de todos los hogares en Zulia tenía al menos un familiar viviendo en el extranjero en 2018. Desde 2019 esa cifra aumentó a 70%, según la ONG Comisión de Derechos Humanos del Zulia (Codhez). “Hay sectores de barrios donde queda muy poca gente”, dijo Juan Berríos, coordinador general de la institución.
Corte de energía, escasez de agua
Zulia, al final de las líneas nacionales de transmisión de electricidad, sufre cortes más frecuentes que otros lugares de Venezuela, dicen los residentes.
El colapso de la industria petrolera de Venezuela, debido en parte a una serie de sanciones estadounidenses implantadas por la administración del expresidente Donald Trump, pero que los críticos dicen que es una mala gestión estatal, ha llevado a un alto desempleo. Algunos analistas dicen que las sanciones han exacerbado el empeoramiento de la crisis económica del país.
Incluso aquellos que tienen trabajo reciben un salario tan bajo que el costo de vida, especialmente de los alimentos importados o de contrabando, es prohibitivo. “En verdad el sueldo no nos alcanza, tenemos una pobreza extrema, es como una enfermedad”, dijo Carmen Ortega, una barrendera de 74 años, que vive en un rancho de latas y piso de arena junto a ocho nietos.
La madre de los niños está desempleada y su padre se fue a Colombia. Ortega dijo que la familia tiene que empezar el día sin comida ni café. “Lloro de noche, pienso tantas cosas y es triste vivir esta situación con ellos, que se paren y no tenga ni un café para hervir, un alimento, nada”, agregó.
El salario mínimo mensual equivale a unos 3 dólares. La inflación alcanzó el 631,1% de enero a noviembre en Venezuela, según el Banco Central.
Unas 850 personas por semana salían de Zulia antes de la pandemia de coronavirus, y aproximadamente la mitad regresaba después de comprar en Colombia bienes escasos en el país, como suministros médicos, dijo a Reuters Juan Restrepo, presidente del sindicato de transporte más grande de la región. Ahora unas 2000 personas se van cada semana, de las cuales sólo regresa el 30%.
La situación de seguridad en Maracaibo ha empeorado durante años, dijo Pirela a Reuters, y los robos, la destrucción de propiedades e incluso la violencia se han vuelto cada vez más comunes.
Estados Unidos es el destino de muchos. Bajo la presión de Washington para detener el aumento de venezolanos que ingresan ilegalmente a Estados Unidos a través de la frontera sur, México dijo la semana pasada que impondrá requisitos de visa para que ingresen al país, aunque no está claro cuándo entrará en vigencia la medida.
Largo camino al norte
Los residentes de la empobrecida barriada Altos de Milagro, en el norte de Maracaibo, dicen que la escasez de alimentos está siempre presente y que el colapso de su ciudad incluso está afectando los entierros dignos de los muertos.
La familia de José Amaya hizo un agujero en su patio al aire libre para enterrar a su hermano. “La funeraria hace todo por 170 dólares, pero nosotros no tenemos los recursos para eso”, dijo.
La comunidad tenía unos 2200 residentes antes de la pandemia, dijo la trabajadora social María Carolina Leal, de 44 años, pero sólo quedan 1500. Ortega, la abuela que vive con sus ocho nietos, dice que dos de las niñas piden limosna en la calle. “Ellas traen su pancito, les dan harinita, porque en verdad el sueldo no nos alcanza”.
Para llevar a su familia a Austin, Pirela vendió su auto y retiró los beneficios de laborales de la compañía en la que trabajaba. Eso fue suficiente para enviar en avión a su esposa Daniela Mendoza, de 31 años, y a su hija Paula, de 12, a Texas.
A continuación, vendió sus electrodomésticos para embarcarse junto a su hijo Daniel en una serie de vuelos hacia el norte y luego por tierra a través de la frontera entre Estados Unidos y México.
Después de cuatro vuelos, la pareja aterrizó en Monterrey y se reunió con un traficante de personas, conocido como “coyote”. Un conductor los llevó a una pequeña casa que albergaba a otros 30 migrantes venezolanos, aproximadamente un tercio de ellos de Maracaibo. Los servicios del “coyote” costaron un total de 4400 dólares, que Pirela pagó en efectivo, aunque dijo que el hombre también aceptaba transferencias bancarias.
A la mañana siguiente, el grupo fue conducido siete horas en camioneta hacia el norte hasta la frontera, caminando unos quince minutos para cruzar el Río Bravo a pie y entrar a Estados Unidos.
Fue recibido por funcionarios de migración y al día siguiente fue inscrito en un programa del Departamento de Seguridad Nacional que permite a los migrantes ser liberados con un monitor de tobillo, entregando su pasaporte y dando sus huellas dactilares.
Pirela cruzó solo unos días antes de que México anunciara que impondría requisitos de visa a los venezolanos. Hasta ahora, tuvo una cita de control con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, la primera en lo que dice que puede ser un largo proceso para legalizar su estado. Su próxima cita será en febrero.
“Ya estoy con mi familia, el reencuentro fue hermoso”, dijo Pirela, y agregó que lo que más quiere es un permiso de trabajo. “Me toca esperar porque quiero hacer las cosas bien”.
Mariela Nava
Agencia Reuters
