Luego de conocida la victoria del izquierdista chileno, Gabriel Boric, el pasado 19 de diciembre de 2019, el nerviosismo comenzó a sacudir los corazones de los miles de venezolanos radicados en ese país, que ya vivieron la experiencia del socialismo del siglo XXI emprendida por Hugo Chávez, y que huyeron de las nefastas consecuencias de uno de los países íconos del progresismo latinoamericano.
La izquierda es experta en colocar nombres histriónicos a sus actos. Tratan de cobijar bajo sus conceptos todas las causas de los grupos históricamente relegados, que buscan reivindicarlas, en una época caracterizada por la búsqueda de gestas libertarias nubladas por intereses revisionistas, ajenos a las verdaderas aspiraciones de las mayorías, que de una u otra forma han sufrido históricamente los efectos de las distintas facetas de las desigualdades sociales.
Eso es lo que trata de hacer en Latinoamérica, el Foro de Sao Pablo (FSP) liderado por el corrupto ex presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, quien por obra y gracias de la justicia logró salirse con la suya y evadir sus responsabilidades del escándalo Lava Jato (17 de marzo de 2014), en el que conjuntamente con la estatal petrolera Petrobras y las gigantes de la construcción como Odebrecht y otras 45 corporaciones más, desataron el mayor escándalo de corrupción jamás visto en el continente.
El “progresista” Lula que ahora puntea las preferencias en la carrera presidencial de 2022, habla de moral y critica a los gobiernos demócratas liberales, estuvo involucrado en sobornos pagados a mandatarios y funcionarios extranjeros y locales aliados, para favorecer la asignación de obras en varios países del continente y África. La investigación también realizada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de América (EUA), no se profundizó en Venezuela –obviamente-, por el grado de compromiso que existe entre el líder del (FSP) y el régimen chavista. El escándalo abarca políticos de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Brasil, Panamá, México, EUA, Mozambique, Angola, República Dominicana y Panamá.
En Venezuela, la mano del progresismo estuvo en las siguientes obras: Cabletren Bolivariano, Central Hidroeléctrica Tocoma, Línea 2 del Metro de Los Teques, Línea 3 del Metro de Los Teques, Línea 5 del Metro de Caracas, MetroCable La Dolorita, MetroCable Mariche, Metro de Guarenas-Guatire, Proyecto Agrario Integral Socialista José Inácio de Abreu e Lima, Puente Cacique Nigale, Sistema Vial III Puente sobre el río Orinoco y ampliación del aeropuerto internacional Maiquetía. Según el Departamento de Justicia norteamericano este país fue el más afectado por el escándalo Odebrecht, ya que las obras no fueron concluidas y se pagaron grandes cantidades en comisiones.
Pero la audacia de los progresistas es su capacidad de mentir y endosarse el monopolio de la verdad, mostrando su caradurismo con la crítica a la democracia liberal y al capitalismo. Con habilidad han filtrado organismos judiciales nacionales e internacionales para escabullirse de la justicia cuando se les indaga, y utilizando esas instituciones condenan las acciones de quienes les adversan.
Sucedió con las investigaciones de las “supuestas manifestaciones pacíficas de 2019 y 2020 en Chile, Colombia y Ecuador, en las que la alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la ex presidenta socialista chilena, Michelle Bachelet, condenó a los cuerpos de seguridad por asesinar y violar los derechos humanos (13-12-2019), pero nada dijo de la destrucción del metro de Santiago de Chile, ni de las empresas privadas afectadas y mucho menos los violentos ataques a los Carabineros; igual ocurrió con el informe colombiano (15-12-2021) en el que se excluyó la destrucción de centenares de unidades de transporte público y estaciones de Transmilenio, negocios, edificaciones de organismos oficiales y agresiones a la Policía Nacional (PN), desconociendo que estas obras son patrimonio de las respectivas sociedades que son las que las financian con sus impuestos, es decir el derecho de las mayoría se negó. En ambos casos se enfilaron los informes contra los Carabineros (Chile) y la PN (Colombia).
Los culpables son los que reprimen las violentas manifestaciones pero quienes generan la destrucción de los bienes públicos y privados no. La interrogante que se desprende es porqué los organismos de derechos humanos siempre miran para un lado y no para el otro. Porqué los culpables de la destrucción no son sancionados y condenados. Lo peor no es que los sistemas judiciales abiertamente parcializados y que organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), siempre favorecen a los “progresistas”, sino que las mismas sociedades se encargan de “reivindicarlos”, como son los casos de Cristina Kirchner en Argentina investigada por corrupción (electa vicepresidenta 2019), Evo Morales en Bolivia (violación de la constitución, tráfico de influencia y su títere Luis Arce ganó la presidencia), Gustavo Petro en Colombia (corrupción e ineptitud en la gestión en la alcaldía de Bogotá, es favorito en las venideras elecciones de 2022) o Lula en Brasil (mayor escándalo de corrupción en el continente y líder en las encuestas para el proceso del próximo año). Es como si el requisito para ser aceptado por estos pueblos es tener antecedentes corruptos, ser criminal, violar la normativa legal y destruir en nombre del resentimiento.
Estas sociedades condenadas al fracaso, gracias al revisionismo manipulado y el resentimiento social generalizado, siempre van de un lado para el otro en cada show electoral que se realicé, esperando haber quien les da más dádivas. Sin verdad ni libertad difícilmente habrá democracia y justicia, si estos dos pilares no son sólidos, la impunidad y la mentira prevalecerán, agudizando los problemas estructurales que inciden en la injusticia y la desigualdad.
Una vez más es preciso evocar la reflexión del editor argentino, Diego Fonseca (NY Times 20-09-2021): “El siglo XX y las dos décadas del actual han dado suficiente evidencia: salvo excepciones, la izquierda latinoamericana no ha sido democrática sino autoritaria. La amplia mayoría de la izquierda jamás se preparó para gobernar, apenas para llegar al poder. No ha generado propuestas de crecimiento, solo de redistribución de la pobreza. No piensan el futuro desde el presente, vive pertrechada en un pasado rancio, encerrada en dogmas desde los que pontifica con superioridad moral. Cuando debió demostrar de qué estaba hecha, en los primeros veinte años del siglo XXI, mientras gobernaba buena parte de la región, probó que gusta de los gobiernos fuertes, descree de los acuerdos y no tiene imaginación cuando se queda sin dinero”. El legado de esta profunda reflexión está a la vista, solo con mentiras –estos líderes progresistas- muestran unos resultados mágicos impregnados de sangre, corrupción, ineficiencia y atraso, materializados en las naciones símbolos de su propuesta ideológica: Cuba, Venezuela, Argentina y Nicaragua.
@hdelgado10
