Estamos ante el ocaso del año 2021. Un momento para evaluar los hechos ocurridos durante estos casi 12 meses en Venezuela.
Al principio, el régimen de Nicolás Maduro pensó que el cambio de administración en Estados Unidos de Donald Trump a Joe Biden abriría las puertas para “ganar la batalla de la legitimidad con la liquidación de la figura del interinato de Juan Guaidó”, con la justificación de que es el único poder en Venezuela. Basado en esta creencia le propuso al nuevo presidente “el cese de la política de sanciones y el establecimiento de canales diplomáticos de diálogo respetuoso que pudieran conducir a la reapertura de la Embajada de Estados Unidos y a la liberación de varios norteamericanos encarcelados en Venezuela”.
Sin embargo, la decisión de Washington fue continuar con la política exterior del gobierno de Trump. Solo que la “máxima presión” que venían aplicando estaría comprendida dentro de un esfuerzo multilateral con los países que reconocen a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Asimismo, determinó que la solución a la crisis política venezolana es una “elección democrática, libre y justa que represente al pueblo venezolano (…) concertada con los actores internos y la comunidad internacional, además de estar en concordancia con aliados y el propio Senado de Estados Unidos”.
Una propuesta que el cabellomadurismo ha ignorado durante todo 2021. Además, ha usado el mecanismo idóneo ―mesa de negociación de México― que permite acordar la hoja de ruta de la salida a la crisis para desgastar el interinato y ganar tiempo en el poder, según la vieja usanza oficialista. En 11 meses, sus representantes no han avanzado nada en una agenda que permita restablecer la democracia en el país y es que han dejado en claro que no les interesa en absoluto.
En consecuencia, el régimen de Maduro continúa con las sanciones económicas, que fueron diseñadas para asegurar que el sucesor de Chávez y sus cómplices no se beneficien de las operaciones petroleras estatales o de otras transacciones comerciales que permitan sus actividades criminales y la violación de los derechos humanos. Que se mantengan estas medidas pone en alto riesgo su plan de normalización, que busca reactivar el aparato productivo con el sector privado nacional. No pueden disponer de los ingresos lícitos de divisas procedentes de la exportación petrolera que otrora equivalían a 95% de los dólares que entraban al Banco Central, pero que este año llegan solo a 29%. Y en el ámbito internacional, las grandes empresas no invertirán en el país por el riesgo a ser penalizadas.
Otros hechos resaltantes que marcaron el año fueron la apertura de una investigación formal al régimen del heredero de Hugo Chávez por parte de la Corte Penal Internacional; la comprobación de “la falta de independencia judicial, la no adherencia al Estado de Derecho y que algunas leyes afectaron la igualdad de condiciones, el equilibrio y la transparencia de los comicios regionales y municipales, por parte de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea; y la demostración de que el cabellomadurismo perdió el apoyo popular, pero no está dispuesto a ceder el poder, lo que quedó evidenciado con toda la tramoya que inventaron para anular la elección de gobernador en el estado Barinas.
La Corte Penal Internacional buscará determinar la veracidad de los supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde al menos 2017. Es la primera vez que la CPI abre una investigación formal en América Latina, lo que coloca la cadena de mando del régimen de Maduro como sospechoso de crímenes de lesa humanidad. «La misión tiene bases razonables para creer que tanto el presidente como los ministros del Interior y de Defensa contribuyeron a la comisión de los crímenes documentados en este informe», concluyó la investigación del fiscal de la corte, Karim Khan. Un golpe muy importante a la imagen internacional de Maduro y compañía. Además, un ejemplo para el resto de los países de la región que violen los derechos humanos, donde se reproduzca “la falta de independencia judicial y la no adherencia al Estado de Derecho”.
Una conclusión ratificada por el informe preliminar de los observadores de la Unión Europea en cuanto al proceso electoral del 21N. La intención del régimen de blanquear las elecciones parlamentarias de 2020 para afianzar su Asamblea Nacional sufrió un revés al mostrar su verdadero rostro dictatorial. De hecho, su desacuerdo con el documento leído por la jefa de la misión, Isabel Santos, los llevó a tildarlos de espías y a expulsarlos del país días después.
Por último, el hecho más contundente fue la demostración de la pérdida del apoyo popular. El asalto del cabellomadurismo al resultado electoral en Barinas fue la evidencia. No logró defender democráticamente la tierra donde nació el comandante supremo. Tuvo que usar todo lo que tenía a mano para arrebatarle el triunfo a la oposición. Desde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana hasta el Tribunal Supremo de Justicia.
Así que 2021 nos deja un régimen al que le abrieron una investigación por crímenes de lesa humanidad; que pierde el apoyo popular; que es una dictadura, sin Estado de Derecho e independencia de los poderes; y un presidente interino reconocido por las grandes democracias. Con estos hechos que pueden resultar alentadores si consideramos que el mundo se ha dado cuenta de que “el rey está desnudo” despedimos el Año Viejo y nos preparamos para recibir un 2022 en democracia.
A mis queridos lectores, ¡felices pascuas y un próspero año nuevo!
Antonio de la Cruz @antdelacruz_
Director ejecutivo de Inter American Trends
