A partir de este lunes 29 de noviembre ningún inmigrante indocumentado (no ciudadano) podrá ser deportado por ser indocumentado (no tener papeles de permanencia legal en Estados Unidos) de acuerdo con el reglamento.
Publicado en el Registro Federal el 29 de septiembre, la norma otorgó un plazo de 60 días para el comentario público en cumplimiento con la Ley de Procedimiento Administrativo (APA).
“Ese plazo vence hoy, por esa razón a partir de este día oficialmente ningún extranjero podrá ser deportado sólo por ser indocumentado”, dijo Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles (California).
Gálvez dijo que la espera de 60 días para la entrada en vigor del nuevo reglamento de nuevas prioridades de deportación “evita demandas por parte de detractores de la política de Biden, quienes insisten en restablecer la política migratoria de ‘tolerancia cero’” que entre enero de 2017 y enero de 2021 criminalizó la estadía indocumentada.
Las nuevas prioridades de deportación fueron anunciadas en enero, pero un juez de distrito de Texas las detuvo en agosto en respuesta a una demanda entablada por los estados de Luisiana y Texas, quienes alegaron que la política migratoria de Biden violaban la APA.
Pero en septiembre un panel de jueces de la Corte de Apelaciones del 5to Circuito halló que el gobierno federal había demostrado que, probablemente, tendría éxito en su apelación basándose en el hecho de que la orden judicial emitida en agosto limita a los funcionarios a depender de prioridades de directivas para decisiones que no están relacionadas con las detenciones.
“El gobierno tiene potestad para tomar las prioridades sobre a quien van a detener y a quien no”, dijo José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami (Florida).
“Ley de 1996 nunca determinó que ICE tenía la capacidad para determinar prioridades, es una competencia del gobierno”, apuntó.
El panel dijo además que “no vemos una justificación sólida para concluir que la ley de Inmigración de 1996 (Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante de 1996) anula la tradición arraigada de discreción en la aplicación cuando se trata de decisiones que ocurren antes de la detención, como quién debe ser sujeto a los procedimientos de arresto, detención y deportación».
Univisión
