En Tampa, Venezuela USA Foundation se ha reunido, por igual, con republicanos y demócratas en la búsqueda de una solución al vencimiento de los permisos de trabajo y a la negativa a la renovación de las licencias de conducir a venezolanos que se les caducó el pasaporte. La Cámara de Representantes debatirá la próxima semana el plan que, de aprobarse y ejecutarse, permitirá cambiar el status a Soñadores, DACA, TPS y trabajadores agrícolas y esenciales
G.M fue a trabajar en Publix en Orlando y le anunciaron de que sería sacado de la nómina porque se le vence el permiso de trabajo en enero de 2022.
“¿Por qué desde ya? Aún es válido”, preguntó y argumentó.
“Voy a quedar sin ingresos”, se quejó sin obtener respuestas.
El, al igual que cientos de latinos, está angustiado por el retardo del Servicio de Inmigración (Uscis, siglas en inglés) en enviar la renovación del documento lo que ha traído, como consecuencia, la pérdida de puestos de trabajo y que muchas familias estén a punto de quedarse sin viviendas y lo peor: sin el alimento de sus hijos.
G.M está indefenso. No sabe qué hacer. Sin embargo, ya en EEUU varias organizaciones están solicitando a los congresistas de Estados Unidos que inste al gobierno para que, través de Uscis, apruebe una prórroga automática en la vigencia de los permisos de trabajo.
En el ámbito nacional, hacen lobby ongs, como American Business Immigration Coalition (ABIC), pero en el área de la bahía de Tampa, Florida, está activa, entre otras, Venezuela Usa Foundation, cuya directiva se entrevistó con representantes demócratas y republicanos, en su empeño por alertar de la grave situación de los “cesantes” y el impacto que eso tendrá en sus vidas, en sus familias y en la economía.
Hasta ahora, el presidente y vicepresidente de VUF, León Granado y John Reyes, respectivamente, se han reunido con Jackie Toledo (R) el 26 de octubre; con Charlie Crist (D) el 1 de noviembre; y en la oficina del senador Rick Scott, con el director regional de ese despacho, Luis Laracuente, el 12 de noviembre.
León Granado dijo que a los tres representantes le entregaron una comunicación en la que exponen el grave problema de los despidos y la necesidad de que se adopten medidas urgentes, como la extensión de la vigencia del permiso de manera automática.
“Vemos con preocupación lo que ocurre porque hay personas que se enferman y otras que se angustian ante los despidos y el hecho de quedarse sin recursos para pagar la renta, la comida y educación de sus hijos; en general de sus gastos”, manifestó Granado.
Los funcionarios le dijeron a Granado y Reyes, entre otros miembros de VUF que han asistido a los encuentros, que la Cámara de Representantes en Washington propondrá a Uscis una prórroga por 365 días para la vigencia de los permisos de trabajo.
Aunque la fundación no maneja la data de cuántos venezolanos tienen el permiso de trabajo caducado, ya que muy pocos hacen las denuncias, les llama la atención el tema porque en Florida viven 250.000 connacionales.
ABIC registra la cifra de más de 10 millones de puestos vacantes en todo el país, bien porque una mayoría no quiere trabajar, o por la falta de documentos legales.
Licencias de conducir
En las reuniones mencionadas, VUF también señaló la necesidad de que las autoridades de EEUU le indiquen a sus dependencias que, aún cuando el pasaporte de los venezolanos esté vencido, es reconocido como válido por este país pues saben las condiciones de Venezuela y de cómo el chavismo no permite la renovación de este carnet de identidad a nivel internacional.
“Señores de tránsito en Tampa permitan la renovación de las licencias de conducir porque los pasaportes son admitidos por el gobierno de Estados Unidos porque, en vista de esta limitante, puede que muchos violen las leyes al manejar con licencias vencidas sólo por necesidad. Es decir, hay los mecanismos para solventar esta situación antes de que se convierta en un problema mayor”, instó.
Y, en tercer punto, han denunciado los atropellos que denuncian los venezolanos en los centros de detención, una vez que pasan la frontera de México-USA. “Queremos saber la situación de sus ingresos”, señaló Granado.
Plan a la espera del Congreso
La Cámara de Representantes tiene en agenda, para la próxima semana, el plan Build Back Better del presidente Jon Biden, que incluye permisos de trabajo y protecciones para casi 7 millones de trabajadores indocumentados y familias con vínculos de larga data con Estados Unidos.
Los interesados deben cumplir ciertos requisitos para calificar:
Demostrar que tiene residencia continua en EEUU desde el 1 de enero de 2011;
Completar una verificación de antecedentes;
Pagar una tarifa
No ser inadmisible en virtud de la Ley de inmigración y nacionalidad por ciertos motivos penales, de seguridad nacional u otros motivos.
De aprobarse el mencionado proyecto de ley saldrían favorecidos más de 2 millones de Soñadores (Dreamers, en inglés) que ingresaron en EEUU cuando eran niños.
El plan incluye las personas actualmente protegidas por la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA); unas 500,000 elegibles o que actualmente están protegidas por el Estatus de Protección Temporal ( TPS) y un estimado de 4.2 millones de trabajadores esenciales, incluidos más de 500,000 trabajadores agrícolas.
ABIC explicó que el programa “Libertad condicional de inmigración” ha sido utilizado por los inquilinos de la Casa Blanca de ambos partidos y les ha permitido atraer a varios grupos a este país desde la década de 1950. Entre ellos: refugiados cubanos en la década de 1960; a nicaragüenses en la década de 1980; y a afganos que actualmente se instalan en EEUU luego de la reciente retirada de las tropas estadounidenses.
“La propuesta ayudará a sacar a las personas de las sombras; les permitirá trabajar legalmente; ayudar a abordar la actual escasez de mano de obra y mantener unidas a las familias”, dijo ABIC en un comunicado de prensa, en el cual estimó que hay 10 millones de empleos disponibles en EEUU.
La coalición se comprometió a mantener la presión sobre el Senado y el Congreso para una reforma migratoria, que incluya estatus legal permanente y ciudadanía para los Soñadores, titulares de estatus de protección temporal (TPS), trabajadores agrícolas y esenciales.
“La libertad condicional, como medida temporal, serviría para mitigar el daño y el caos que la quebrantada política de inmigración de nuestra nación impone sobre las vidas de los inmigrantes indocumentados y los empleadores que dependen de ellos”, señalaron.
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