El Ministerio Público de Venezuela rechazó el jueves los señalamientos esgrimidos en un documento de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en el que se concluye que existe una “base razonable” para iniciar una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en este país sudamericano.
“Tras haberse hecho pública la opinión de la exfiscal de la Corte Penal Internacional sobre el examen preliminar en curso sobre nuestro país, rechazamos de forma contundente y enérgica las acusaciones que en estas se vierten”, dijo el fiscal general venezolano Tarek William Saab en un comunicado.
La ahora exfiscal general de la CPI, Fatou Bensouda, en un documento desclasificado y publicado el martes concluyó que ”que existe una base razonable para creer que en Venezuela se han cometido crímenes de la competencia de la Corte” al menos desde el 2017. Bensouda dejó el cargo en junio pasado tras nueve años en funciones.
La Fiscalía de CPI también concluyó que “las autoridades (venezolanas) no están realmente dispuestas a investigar y / o enjuiciar esos casos”.
Saab en su escrito catalogó como “gratuitas e inveraces” las afirmaciones sobre una falta de pasos concretos para determinar la responsabilidad penal de los sospechosos”.
“Estamos convencidos, porque así lo ha manifestado el actual Fiscal de la Corte Penal Internacional”, Karim Khan, “de que la falta de diálogo honesto con nuestras autoridades será cosa del pasado, y a partir de ahora podremos trabajar codo con codo con la Fiscalía de la CPI, para asegurar la complementariedad plena y ser tratados en igualdad” de condiciones con otros países que se encuentran bajo examen preliminar, resaltó el comunicado.
Los gobiernos de Canadá, Argentina, Colombia, Chile, Paraguay y Perú en el 2018 solicitaron a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional la apertura de un proceso contra el gobierno de Maduro por supuestos crímenes de lesa humanidad.
En septiembre de 2020, investigadores independientes dijeron en un informe elaborado para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que fuerzas de seguridad venezolanas han llevado a cabo terribles torturas y asesinatos usando técnicas como descargas eléctricas, mutilación genital y asfixia.
La CPI, bajo mandato de un tratado internacional llamado el Estatuto de Roma, es la primera corte penal permanente de ámbito internacional y su meta es investigar y enjuiciar a individuos acusados de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
De acuerdo con Saab, desde que la CPI solicitó formalmente el suministro de información a las autoridades venezolanas en octubre de 2020, Venezuela ha presentado “cinco informes con datos fehacientes de los avances, en más de 700 procedimientos penales en curso”, sin obtener “una sola respuesta de la Fiscalía, ni tampoco se produjo ninguna visita a nuestro país”.
“Es por ello, que afirmamos que las conclusiones emitidas por la exfiscal carecen de valor alguno, en estas circunstancias, y como hemos puesto de manifiesto al nuevo Fiscal señor Karim Khan, estamos dispuestos a demostrar con hechos la actuación y acción del Estado en esta materia, expulsando los prejuicios y prevenciones que la exfiscal ha demostrado con sus actuaciones parciales en este caso”, agregó.
AP
