Maduro y sus asesores castristas en La Habana buscan a cómo de lugar y con la fórmula del poder absoluto que ostentan, quitarse de encima de una vez por todas el interinato de Guaidó, apoyado desde hace más de 2 años por una robusta representación de gobiernos democráticos incluido los EEUU.
La política norteamericana se mantiene implacable ante las sanciones impuestas contra la cruenta, feroz y deslegitimada dictadura chavista. La administración de Biden busca una salida política contra un régimen criminal, y lo hace hurgando la posibilidad de una única salida, la disposición de parte del régimen a aceptar unas elecciones transparentes, libres y democráticas en Venezuela, luego de la reelección de Maduro ocurrida en 2018, calificada como una farsa.
Pero nada resulta fácil en el actual tablero de juego porque Maduro tiene una visión distinta y espera obtener la legitimidad que requiere sin condicionamientos, una vez culmine el proceso electoral del 21 de noviembre y expire el acuerdo previsto pocos días después con el líder opositor Juan Guaidó.
El dictador señalado por sus crímenes de lesa humanidad y principal destructor de la economía del país, sigue culpando de la miseria nacional al presunto bloqueo norteamericano, utilizando el mismo guión del castrocomunismo durante 60 años de dictadura y tachando su responsabilidad sobre la crítica situación venezolana. Maduro exhala confianza con México como su teatro de operaciones.
“Hemos propuesto tres condiciones para ir a México. Uno, que Estados Unidos y la Unión Europea levanten todas la sanciones; dos, que todos los sectores políticos al sentarse reconozcan la validez y funcionamiento de los poderes públicos y la constitucionalidad del país y sus autoridades legítimas; y tres, que todos los sectores renuncien a planes violentos con delincuentes, golpes de Estado, magnicidio y otros caminos de la violencia”.
A pesar de la persecución contra dirigentes de Voluntad Popular, luego que Guaidó manifestara el origen criminal de ambas dictaduras aliadas en medio de las protestas en La Habana, Maduro no ha dejado de enviar señales al gobierno del presidente de los EEUU, Joe Biden, a través de un costosísimo aparato de “lobistas” que incluye jefes y exjefes de Estado.
Sin embargo Washington no parece dispuesto a aliviar las sanciones sin medidas concretas a pesar del fango discursivo del dictador venezolano que solo espera comprar tiempo, generar contradicciones en la maniobrabilidad de la oposición a través de una poderosa hegemonía en las redes, y repotenciar el caos que lo mantendría en el poder hasta el término de su segundo período en el 2024.
La administración Biden ha dejado en claro que continuará reconociendo al líder de la oposición, Juan Guaidó, como presidente del interinato, que la salida para Venezuela será política y electoral basada en las leyes previstas en nuestra carta magna, que no habrá ningún tipo de “ruido externo” en las decisiones que deben tomar los venezolanos y que prepara un nuevo suministro de sanciones que incluyen a los familiares y “colaboradores testaferristas” que manejan negocios y utilizan cuentas de los EEUU con dineros de la corrupción, el lavado de dinero y las expropiaciones de empresas venezolanas.
Los asesores de Maduro han soltado la matriz de que unas elecciones regionales dejará sin efecto el liderazgo del interinato con un jaque mate a Guaidó, debilitará el apoyo de los países democráticos a la propuesta de salvación nacional, inflará los egos dispersos de los nuevos y no tan nuevos liderazgos de la oposición que surgirían como consecuencia de las regionales, retomaría el control de Citgo en los EEUU, Monómeros en Colombia, y el oro en poder de la justicia británica y restablecerá el poder absoluto del narcoeje castrocomunista que pretende imponerse y tomar control en toda América.
Pero por el contrario, voces críticas en Venezuela han manifestado su disposición a participar en unas elecciones que comiencen a generar cambios mientras se producen las negociaciones, con miras a fortalecer la propuesta de un revocatorio para finales del primer trimestre y no a finales del próximo año, tal como se ha filtrado de conversaciones entre voceros de la administración de Biden con factores de la oposición venezolana.
Tanto es así que el reciente estudio de una encuestadora seria como Delphos ha develado que el 81,8 % de la población inscrita en el RE está dispuesta a votar porque considera “necesario” y “muy necesario” un cambio de gobierno en las regiones y estados.
El director de la encuestadora, Félix Seijas, ha señalado que la maltratada población venezolana no está esperando una respuesta externa o un movimiento geopolítico para participar y dar una respuesta electoral, a pesar de las advertencias radicales de siempre anunciando fraude, sino que además confía en el actual árbitro integrado por figuras de la oposición, con el fin de ganar terreno y exigir posteriormente otros procesos de mayor contundencia donde se exigiría la participación de la diáspora de casi 6 millones de venezolanos.
Nadie tiene en su poder la bola de cristal que nos acerque al complicado escenario que se nos viene encima.
@damasojimenez
