Queda claro que el reto de superar el drama de la inseguridad es gigantesco y requerirá del esfuerzo de todos con base a planes que respondan a una visión holística del caso. Sabiendo que se corre el riesgo de parecer repetitivo, es inevitable insistir en que la clave para recuperar Venezuela de esta tragedia estará en un resucitado Estado de Derecho. La madriguera del hamponato que secuestra las instituciones del país está en la impunidad. Ese relajo no es casual, más bien responde a un patrón de conducta que le permite a la corporación criminal ejecutar sus actos delictivos, que van desde saltarse a la torera dispositivos constitucionales, leyes, reglamentos, códigos y ordenanzas, hasta detener o secuestrar personas, torturarlas y asesinarlas; además de cercenar el derecho a la expresión libre y pisotear la propiedad privada. Así fue que se montó la cuna en la que las manos del régimen mecen a los que ahora integran poderosas megabandas, como la del Koki, sin duda alguna procreado en la era chavomadurista.
En nuestro ámbito continental, será indispensable aplicar un Plan Colombia, adaptado a Un Plan Venezuela, teniendo como referencia el confeccionado en el gobierno del presidente Andrés Pastrana en 1999, que logró conseguir un definitorio apoyo de la administración del presidente de los EEUU, Bill Clinton y un respaldo efectivo de Joe Biden, quien entonces era senador de los EEUU y ahora presidente de ese país.
Ese plan se concibió para atacar y buscar remediar el prolongado conflicto armado que viene sacudiendo a la hermana república de Colombia con los impactos que afectan a Venezuela, Brasil y Ecuador. Además de pretender concebir una acción conjunta que controlara y derrotara esas fuerzas subversivas, se proponían, los autores de ese Plan Colombia, dar rienda suelta a una estrategia plural que enfrentara con la fuerza necesaria a las mafias del narcotráfico. Para tales efectos se activaron algunos programas específicos como la Iniciativa Andina Contra Las Drogas, que a su vez fue fortalecida financieramente por la Foreign Military Financing (FMF) o la Financiación Para Fuerzas Militares Extranjeras, dependiente de la Cuenta Central Antinarcóticos del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Ese plan ha venido dando giros hasta involucrar, también entre sus objetivos, al terrorismo internacional, dada la estrecha relación entre los cárteles del narcotráfico con los grupos terroristas.
Pues bien, Venezuela actualmente está atenazada por los más diversos y peligrosos grupos irregulares. Dentro operan a sus anchas miles de bandas delincuenciales que controlan territorios, manteniendo a raya a los cuerpos policiales, que a su vez están infestados de todo tipo de vicios. Esas bandas se reparten los espacios, así tenemos que hay bandas a las que les corresponde manejar todo lo relacionado con hurto y robo de vehículos, otras tienen como fuente de ingreso los atracos o hurtos de celulares, otras los secuestros exprés, y en ese reparto de zonas y áreas se incluye la venta de drogas, desde el menudeo, la venta por consignación o las grandes operaciones de tráfico de estupefacientes. Los sicariatos son las formas para controlar sindicatos en un país donde las elecciones democráticas van en desuso.
Las operaciones del narcotráfico son de vieja data, para ser preciso recordemos que la Dra. Mildred Camero, a cargo de la Oficina Nacional Antidrogas, con rango de ministra de Estado, presentó expedientes con denuncias documentadas al entonces presidente de la República Hugo Chávez. La ministra fue despedida después de reunirse con Chávez en el palacio de Miraflores. Eso fue en el año 2005. Pero más adelante surgió la confesión de quien se desempeñó como magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Eladio Aponte Aponte, quien en abril del año 2012 desató una tormenta política al desvelar el entramado de las redes del narcotráfico en las instituciones del Estado venezolano con la connivencia de factores gubernamentales. Es así como comienzan a salir a la luz pública los nombres de militares, jefes policiales relacionados con la Interpol, el CICPC, la DGCIM, el SEBIN, Policía Nacional, regionales y municipales, además de jueces y otros altos personeros señalados, entre otros narcos, por Walid Makled (actualmente cumple condena en la prisión El Helicoide de Caracas).
La realidad es que Venezuela dejó de ser un Estado de Derecho para pasar a ser, tristemente, un narcoestado. También dejamos de ser un país petrolero, porque ahora somos un país cocalero. «Las noticias e informes confiables revelan que desde el territorio nacional salen cargamentos de drogas que superaron el año 2019 más de 240 toneladas», así lo destacó una investigación realizada por la cadena de televisión CNN. Otras denuncias indican que en espacios de los estados Zulia y Apure, se han construido pistas clandestinas desde donde despegan aviones cargados de drogas hacia Honduras, Guatemala o México. Que las lanchas rápidas surcan nuestras costas llevando alijos importantes que le reportan cuantiosas ganancias a los cárteles de México (Sinaloa, Jalisco y Juárez) y de Colombia asociados con el cártel venezolano de Los Soles, denominación relacionada con las insignias que identifican los altos rangos de los militares corruptos de Venezuela. Ese cuadro que no obedece a una película de ficción es el que ha dado lugar a la publicación de avisos ofreciendo recompensas por la información que facilite la captura de los capos del narcotráfico que operan desde Venezuela, comenzando por la oferta de 15 millones de dólares por Nicolas Maduro.
El Arco Minero, ubicado en el eje de Guayana, que representa más del 73 % del territorio nacional, es controlado por grupos irregulares, una mezcla de narcos, terroristas, hampa común y comerciantes de mercados paralelos, que compiten en medio de una selva que se lleva por delante las tradiciones de etnias y la ecología de buena parte del territorio nacional. En ese amplio espacio está la mina número 4 del mundo por la riqueza que entraña, además de la abundancia del llamado Oro Azul, el coltán. El informe del año 2020, dado a conocer por la Organización Kapé Kapé contiene detalles de «la manera como se lleva a cabo la explotación minera ilegal en comunidades indígenas, confirmando que parte del oro producido se vende al Banco Central de Venezuela».
Ese informe de 52 páginas elaborado por un equipo integrado por Henry Gómez Montiel, Ítalo Pizarro, José Naveda, Melquíades Ávila y Simeón Rojas, quienes contaron con el asesoramiento de Teresa Peña, Faustino Rodríguez e Isabelina Rodríguez. El llamado Oro Azul o coltán es un mineral, según consta en el precitado informe, «de alto valor comercial y con gran demanda en la industria tecnológica por sus propiedades (primer informe, 2020) y cuyas minas se encuentran en Parguaza al sur del municipio Cedeño en el estado Bolívar, desde donde se contrabandea hacia países como EEUU, Tailandia, Corea del Sur, Colombia, Brasil y mercados del Medio Oriente».
Las megabandas que ahora tomaron parte del territorio nacional tuvieron su esplendor en las llamadas Zonas de Paz. Esa insólita política de conversión de delincuentes por ciudadanos decentes se ligó con una no menos peligrosa táctica del régimen chavomadurista que decidió instalar sus CDR cubanos a lo venezolano. El embrión estuvo en los llamados Círculos Bolivarianos, después derivaron en los conocidos Colectivos, luego se agregaron las famosas UBHC, que significan “Unidades de Batallas Hugo Chávez”, otro aro lo representan las milicias, más las legiones de presidiarios liderados por los pranes que manejan los centros penitenciarios.
En conclusión, todo ese desajuste y fuentes de violencia fue premeditado. Es parte del perverso esquema que conduce a ejercer el control social, mediante el carnet de la patria, de las misiones, de la entrega de armas de guerra y la instalación de campos de entrenamiento para los combates con el enemigo imaginario del imperio. Así nacieron los kokis en Venezuela.
@alcaldeledezma
