María Alejandra Márquez, presidenta de Iniciativa para la Recuperación de Activos Venezolanos, indicó a Infobae que el monto desviado “solamente por corrupción” oscila entre 300.000 y 500.000 millones de dólares. Cómo es el proceso de incautación y cuáles son las principales causas que sacuden al régimen bolivariano.
La corrupción de la dictadura venezolana ha sido tal que es sumamente difícil -o casi imposible- determinar cuánto dinero fue desviado durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Lo cierto es que esos miles de millones de dólares que fueron a parar a manos de la cúpula chavista, familiares, o empresarios amigos, serían de vital importancia para un país que desde hace años está sumido en la peor crisis humanitaria de su historia.
Como respuesta a las constantes violaciones a los derechos humanos en Venezuela, en los últimos años la comunidad internacional, con Estados Unidos a la cabeza, incrementó las sanciones financieras contra los jerarcas de la dictadura, muchos de los cuales gozaban de millonarias propiedades, cuentas bancarias y lujosos bienes, tanto en suelo norteamericano como en Europa.
En Estados Unidos es donde más han avanzado las causas contra empresarios afines al chavismo. En la mayoría de los casos en que los acusados fueron detenidos, hubo cooperación con las autoridades a cambio de una sentencia menor. Esto permitió a la justicia norteamericana comenzar a tejer la extensa red de la corrupción chavista. Pero todavía falta mucho.
Según la agrupación Iniciativa para la Recuperación de Activos Venezolanos (Inrav), con sede en Miami, a fines de 2020 el Departamento de Justicia norteamericano había incautado cerca de 1.500 millones de dólares. Ese monto total decomisado equivale a casi una cuarta parte de las reservas internacionales del Banco Central de Venezuela, estimadas en unos 6.269 millones de dólares.
La ONG Transparencia Venezuela informó que hasta febrero de este año había 38 casos e investigaciones en los tribunales norteamericanos, que involucran a 164 personas y muchas empresas. De esos 164 implicados, 159 son ciudadanos, en su mayoría venezolanos, que enfrentan acusaciones judiciales.
La mayor parte de esas causas se encuentran en los tribunales del estado de la Florida. Paradójicamente, el epicentro de las presuntas conspiraciones contra el régimen bolivariano, según las reiteradas denuncias del dictador Maduro. Solo en esos tribunales se encuentra el 53% de los acusados en Estados Unidos con cargos vinculados con la corrupción chavista.
El otro estado norteamericano con una importante cantidad de causas es Texas.
Durante la primera década de este siglo el país caribeño vivió una bonanza petrolera que se extendió hasta 2014. Jorge Giordani fue durante 14 años el ministro de Planificación de Chávez (1999-2013). Como otros hombres cercanos al fallecido ex presidente venezolano, con la llegada de Maduro abandonó las filas del régimen. Según confesó en 2016, de los fondos de la bonanza petrolera se perdieron cerca de 300.000 millones de dólares.
Transparencia Venezuela ubicó alrededor del mundo 236 casos relacionados con la corrupción venezolana. Sólo en 114 de esas causas se conoce la cantidad de dinero público desviado, que asciende a unos 52.000 millones de dólares. Ese monto equivale a ocho veces las reservas internacionales de Venezuela (BCV, enero 2020) y a dos años de ingresos por exportaciones de petróleo (45.810 millones de dólares correspondientes a 2018 y 2019). Además, según Corruptometro, una investigación impulsada por la ONG venezolana, con ese dinero se pudieron construir 593 hospitales especializados, 194 mil escuelas de educación básica, y se hubiese podido construir 21 represas hidroeléctricas
En diálogo con Infobae, María Alejandra Márquez, presidenta de Inrav, indicó que el cálculo aproximado del dinero robado “solamente por corrupción” oscila entre 300.000 y 500.000 millones de dólares: “Eso no incluye narcotráfico, terrorismo, obras no ejecutadas, tráfico de oro…”. De ese cálculo, el 90% proviene de la petrolera estatal PDVSA y del sistema cambiario venezolano.
Pero, “¿qué sucede con todo el dinero decomisado por Estados Unidos?”. Ese el gran interrogante que surge cuando se observan estas mega causas de corrupción.
Legalmente, esos bienes se transfieren a un fondo de Estados Unidos. Márquez apuntó que existen dos fondos: “Uno del Departamento del Tesoro, y otro del Departamento de Justicia. El del Tesoro tiene más que ver con fondos provenientes del narcotráfico y el terrorismo, que son los incautados a través de la llamada Ley Clinton”.
Una vez que el dinero se recupera, cada Estado víctima de la corrupción debe pelear caso por caso. Esto representa un obstáculo más en el caso venezolano, ya que el Estado es el principal promotor de esa corrupción. “Lo que el Estado norteamericano busca es que el dinero que regrese no vuelva a ser utilizado para la corrupción, entonces los criterios de devolución son muy estrictos, y obviamente un país como Venezuela no los cumple”.
La presidenta de Inrav sostuvo que lo más complejo en este tipo de procesos es documentar y obtener las pruebas suficientes para poder congelar el dinero. En el caso de la corrupción chavista, representantes de la Asamblea Nacional venezolana presidida por Juan Guaidó han logrado conseguir pruebas y facilitarlas a las autoridades norteamericanas. Sin embargo, el gobierno interino del líder opositor no cuenta con los medios suficientes para colaborar “ni la estructura institucional y financiera para llevar adelante este proceso”.
Una vez que esos fondos están decomisados, pueden ser utilizados para cubrir los gastos de la investigación o para retribuir a las agencias gubernamentales que participaron en el caso en cuestión. En ocasiones también se usan para responder a los acreedores o a las víctimas.
“Es muy poco probable que Venezuela pueda recuperar ese dinero”, reconoció Márquez.
Más allá de los procesos complejos para devolver ese dinero, dijo que Estados Unidos es uno de los países que más acuerdos está llevando a cabo para el retorno de activos, no solo con Venezuela.
En 2019, legisladores republicanos y demócratas aprobaron la ley “Venezuela Emergency Relief, Democracy Assistance, and Development”, conocida como la Ley VERDAD, que ordena al Departamento de Estado a trabajar “con organizaciones no gubernamentales para fortalecer la gobernanza democrática y defender los derechos humanos en Venezuela, y a trabajar con gobiernos extranjeros para investigar la corrupción y recuperar los activos robados a Venezuela”, entre otras acciones. Medida que fue aplaudida y reconocida por la comunidad venezolana.
Además de destinar dinero para la ayuda humanitaria, y otras cuestiones más políticas como el reconocimiento al gobierno interino y a la Asamblea Nacional elegida en 2015, la Ley VERDAD, explicó Márquez, “contiene unos artículos particulares en los que Estados Unidos se compromete a devolver dinero de la corrupción a Venezuela. En ese artículo se contempla la creación de un fondo para resguardar ese dinero”. Pero hasta el momento ese fondo no fue creado, por lo que varias organizaciones no gubernamentales, como Inrav, están trabajando en su aplicación.
“Estamos movilizados desde el año pasado, entrando en contacto con legisladores americanos, para que se creara un proyecto de ley para ese fondo en particular. A fines de mayo se introdujo el proyecto de ley que se llama ‘Pana Act’. Es importante porque en el momento en que esté plasmado en una ley, no importa qué gobierno venga, tendrá que cumplirse. Es un proyecto que durará décadas, incluso sabiendo que apenas una pequeña porción del dinero total se logrará recuperar. Por ejemplo, en el caso Andrade cuando lo descubrieron solo pudieron documentar 1.000 millones, pero se supone que tenía mucho más, que fue imposible probar”, contó la activista venezolana.
De todas formas, aclaró: “Es tan grande lo robado a Venezuela que el porcentaje de recuperación va a ser sustancial”.
Decenas de empresarios ligados a la dictadura chavista ya fueron condenados en Estados Unidos. Otros, en cambio, han sido acusados formalmente y tienen pedido de captura internacional. Pero hay uno que, tras ser detenido por Interpol en Cabo Verde el año pasado, movió todas las estructuras del régimen. El empresario en cuestión es el colombiano Alex Saab, apuntado como el testaferro de Maduro.
Saab es solicitado por la Corte del Distrito Sur de Miami por el blanqueo de 350 millones de dólares. Sin embargo, las autoridades norteamericanas lo consideran una pieza vital para obtener información relevante sobre la estructural criminal de la dictadura venezolana.
Es tal la influencia que tiene el colombiano en el régimen, que ni Estados Unidos ni Colombia saben hasta dónde llegan la totalidad de las millonarias negociaciones que maneja en nombre de la dictadura de Maduro. Por eso, la información que tiene en su poder es altamente relevante y sensible. Maduro y su entorno lo saben. De ahí los incesantes esfuerzos para lograr su libertad: el chavismo ya gastó casi 200 millones de dólares en su defensa. Pero hasta el momento, Saab permanece en prisión domiciliaria en un lujoso complejo de Cabo Verde, mientras Estados Unidos continúa presionando para que se haga efectiva su extradición.
Márquez adelantó que si Saab es extraditado a Estados Unidos, el impacto será “muy resonante”: “Al ser el testaferro de Maduro las vinculaciones van a ser muchísimas. Toda la estructura del Estado está comprometida: los militares que manejan las importaciones, los puertos, el tráfico de gasolina; los ministros, sus familias… Están todos metidos en la administración pública. Entonces el tejido que va a salir de la causa de Alex Saab va a resonar mucho más allá, va a ser muy contundente. Por eso Estados Unidos está tan interesado en su extradición”.
“Si se suelta va a soltar muchísimos casos, muchísima documentación, que puede complicar a mucha gente, y no solo de Venezuela”, añadió.
El empresario colombiano Álvaro Pulido también es acusado de blanqueo de capitales junto a Saab. Según el Departamento de Justicia norteamericano, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015, Saab y Pulido se confabularon con otros individuos para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela hasta cuentas bancarias en Estados Unidos, razón por la que Washington dice tener jurisdicción en el caso. Por ese motivo, el juez de Miami Robert N. Scola se negó a retirar el título de prófugo de la justicia a Saab tras una moción presentada por la defensa. Pulido, en tanto, también cuenta con el estatus de fugitivo.
Saab, nacido en Barranquilla y de origen libanés, está vinculado a varias empresas, como Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar con sobreprecios alimentos para el programa de ayudas sociales, conocido como CLAP. Las autoridades norteamericanas estiman que el colombiano, y tres hijastros de Maduro, se lucraron con “cientos de millones de dólares”.
Otro que permanece como fugitivo para la justicia de Estados Unidos es Hugo Armando Carvajal Barrios, conocido como “El pollo Carvajal”, quien se desempeñó como director de Inteligencia Militar de Venezuela, durante el gobierno de Chávez. En su caso, es acusado de haber participado en una conspiración de narcoterrorismo junto a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
“El pollo Carvajal”, sobre quien pesa una recompensa de 10 millones de dólares por información que conduzca a su detención, fue acusado en el Distrito Sur de Nueva York por conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y cargos relacionados con armas de fuego. En el Distrito Sur de Florida, en tanto, tiene acusaciones de conspiración para importar cocaína.
Sin embargo, quien se convirtió en la figura más emblemática de las causas de corrupción chavistas en Estados Unidos fue Alejandro Andrade, ex secretario privado de Chávez y Tesorero Nacional de Venezuela (2007-2010), quien en noviembre de 2018 fue condenado a diez años de prisión por lavado de dinero.
Durante el juicio, el teniente retirado, quien luego de formar parte del gobierno de Chávez se radicó en Miami, reconoció haber cobrado sobornos por casi mil millones de dólares. A cambio de una reducción de pena, confesó su culpabilidad, y se comprometió a entregar un monto equivalente. Tras la condena, la justicia le decomisó cinco propiedades -una de ellas una mansión valuada en ocho millones de dólares-, diez vehículos de lujo, 17 caballos de competencia, 35 relojes de marca, y dinero depositado en nueve cuentas bancarias en Estados Unidos y Suiza, según lo detallado por el Departamento de Justicia.
“Cuando comenzó el juicio él se comprometió a entregar los bienes a cambio de una reducción sustancial de la pena, o no pasar tiempo de cárcel. Pero mientras todo esto ocurría el FBI descubrió que Andrade le ocultó que estaba moviendo dinero a otras partes. Él entregó al estado americano mil millones de dólares, y estaba moviendo cuatro mil millones por Andorra. Por esto no tuvo reducción de la pena y va a tener diez años de prisión”, recordó Márquez.
En esa causa de lavado de dinero también fueron involucrados el empresario chavista Raúl Gorrín, Claudia Patricia Díaz Guillén -ex Tesorera de Venezuela, quien también fue enfermera de Chávez-, y su esposo Adrián José Velásquez Figueroa.
Gorrín, empresario multimillonario venezolano propietario del canal de noticias Globovisión, fue acusado en agosto de 2018 por conspiración para cometer blanqueo de capitales y dos cargos de blanqueo de capitales. Desde entonces permanece en calidad de prófugo de la justicia estadounidense.
De acuerdo a la acusación, Gorrín pagó millones de dólares en sobornos a Andrade Cedeño y a Díaz Guillén, así como a Velásquez Figueroa, para garantizar transacciones de cambio de moneda extranjera para la dictadura venezolana a tasas preferenciales.
Casos como el de Gorrín, o el del propio Tareck El Aissami, quien fue el primer sancionado por Estados Unidos por vínculos con el terrorismo y el narcotráfico, y a quien se le congelaron unos cuatro mil millones de dólares, no avanzarán en la medida que no pisen suelo norteamericano. Por ese motivo, Márquez subrayó la importancia de trabajar en lo que están desarrollando otros países: “Se está llevando a cabo un proceso denominado preserva de dominio, mediante el cual algunos estados están avanzando en procesos de corrupción aún cuando el culpable no está en el país, porque las probabilidades de que un Gorrín, por ejemplo, se venga a afrontar eso son casi nulas, por lo que el caso estará congelado ad eternum”. En ese sentido, advirtió que desde Inrav también están trabajando para impulsar ese tipo de procedimientos en Estados Unidos.
Para dimensionar la corrupción de la dictadura venezolana en la última década, la activista venezolana recordó los dichos de Marshall Billingslea, ex funcionario del Tesoro norteamericano durante la administración de Donald Trump, quien sostuvo que se trata del “caso de corrupción más grande de la historia mundial contra un país”.
“El caso venezolano es un caso que va a dar que hablar durante mucho tiempo. Se avecina una bola de nieve, el crecimiento va a ser exponencial”, concluyó.
Lucas Goyret/ Infobae
