El informe de Instituto Prensa y Sociedad destacó que en el país “se contabilizaron 374 incidencias que acumularon 636 violaciones a las garantías informativas entre enero y diciembre pasado”
Cuando la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, revela en su más reciente informe oral que su oficina ha documentado en los últimos seis meses “al menos 66 casos de intimidación, acoso, inhabilitación y criminalización de periodistas, medios de comunicación, defensores de los derechos humanos, trabajadores humanitarios, líderes sindicales y miembros o partidarios de la oposición, incluidos los miembros electos de la Asamblea Nacional de 2015 y sus familiares”, la conclusión es aterradora, porque la mayoría de los casos contra periodistas, por ejemplo, no pasan por la oficina de Bachelet en Venezuela.
El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) destacó, en su más reciente informe “El Virus de la Censura”, que en Venezuela “se contabilizaron 374 incidencias que acumularon 636 violaciones a las garantías informativas entre enero y diciembre pasado, período en el que una fiebre de represión se dio contra la libertad de expresión y el acceso a la información pública en el país”.
“La curva de casos de vulneraciones estuvo lejos de aplanarse y los atropellos afectaron a 325 personas, de las cuales 194 eran reporteros. La emergencia sanitaria por COVID-19 complicó aún más el cuadro clínico de la labor informativa, la cual sigue sin ser inmune a las restricciones impuestas fundamentalmente desde el Poder Ejecutivo”.
IPYS consideró que “la violencia, las detenciones arbitrarias, las limitaciones de acceso a la información y los procesos judiciales se esparcieron con fuerza y adquirieron resistencia. Estos mecanismos de control y opresión ejecutados por las autoridades estatales hacia los periodistas, medios de comunicación y ciudadanos, fueron los patrones de silenciamiento que más debilitaron las libertades de expresión e información en Venezuela en el año 2020”.
Sentencia la destacada organización que “el periodismo venezolano se enfrenta a riesgos cada vez más notables. El miedo y el silencio se acentuaron en un país inmerso en una realidad compleja por la crisis política y económica, en donde las voces de denuncia han sido acalladas por las presiones, las amenazas, el abuso del poder estatal, la desinformación y la opacidad. Estos fueron los síntomas que padeció la libertad informativa en Venezuela durante 2020 -el año de la pandemia causada por el COVID-19- y que deterioraron no solamente la salud de los derechos comunicacionales sino también de la democracia”.
Asesinato y silencio
A través de su sistema de monitoreo y alertas, Ipys constató 374 casos que acumularon 636 violaciones a las garantías de libre expresión e información en entornos tradicionales y digitales. Si bien la cifra de incidentes es inferior a la evidenciada en 2019, cuando se contabilizaron 534 hechos que incluyeron 1032 violaciones, los condicionamientos que actualmente rodean a la prensa en un país en confinamiento son prueba de un escenario que continúa empeorando, debido a los controles excesivos que comprometen la autonomía, independencia, diversidad y pluralidad del periodismo.
La organización registró 338 violaciones en la categoría de agresiones y ataques, 102 por abuso del poder estatal, 63 por limitaciones de acceso a la información pública, 29 acciones legales administrativas, 13 casos de censura previa, 12 casos de censura interna, y un caso de impunidad.
El mayor número de casos ocurrieron en enero, marzo, abril, mayo y junio. Solo durante abril se registraron 41 casos de violaciones, mientras que en marzo se reportaron 39 hechos.
Aunque fue un año de pandemia y con todas las restricciones existentes, aún así IPYS Venezuela publica que de enero a diciembre del 2020 ocurrieron 338 violaciones por incidentes contra la integridad física de periodistas y medios, que comprendieron principalmente 115 hechos de intimidación, 33 agresiones físicas, 27 amenazas de agresiones, 26 ataques contra sus herramientas de trabajo, 16 por la eliminación de registros periodísticos, nueve por cierres, suspensiones, incautaciones de medios de comunicación, siete por persecuciones, cinco por acoso, tres por desapariciones forzadas, e inclusive se registraron hechos de más alta gravedad como dos asesinatos y un intento de homicidio.
En agosto del año pasado aparece en la lista de excesiva violencia los casos de José Carmelo Bislick en Guiria (estado Sucre) y Andrés Eloy Nieves Zacarías en Cabimas (Zulia).
“Otro caso que reflejó los peligros a los que se exponen quienes ejercen labores informativas en Venezuela fue el intento de homicidio y de secuestro que sufrió Jamel Louka, reportero gráfico del diario La Antena, quien ya había recibido amenazas y la visita de dos desconocidos a su casa en más de una ocasión, para exigirle que ‘bajara el tono a sus publicaciones’. Fue interceptado en su vivienda por los mismos dos sujetos, un hombre y una mujer, quienes con una escopeta le propinaron un disparo de bala que le perforó el brazo izquierdo, y otro que tenía como dirección su abdomen, pero fue esquivado por un chaleco antibalas que tenía puesto en ese momento”.
Aspecto relevante de lo reflejado por IPYS es que “las regulaciones de Conatel también cesaron las transmisiones de ocho estaciones de radio. Estas sanciones se ejecutaron bajo condiciones de poca transparencia y sin respetar el debido proceso, constituyendo en actos discriminatorios que afectan el funcionamiento libre, plural e independiente de los medios de comunicación”.
Así refleja la interrupción de la señal de las emisoras Aventura 91.3 FM (Zulia), Kariñosa 106.1 FM (Anzoátegui), Rumbera 106.9 FM (Miranda), Pura Candela 93.3 FM (Sucre), Médano 95.5 FM (Falcón), OStereo 99.7 FM (Monagas), Rumbera 94.7 FM (Cojedes) y Ritmo 96.9 FM (Aragua). “Desde 2005, Conatel ha ejercido alrededor de 150 acciones de censura, y suspendido la señal de 10 televisoras extranjeras en el país”.
El informe de IPYS destacó, que durante las elecciones del 6D, en los portales consultados los resultados arrojaron bloqueos. “Del total de pruebas realizadas a las 30 plataformas digitales seleccionadas, 372 corresponden a evidencias de censura bajo las modalidades DNS, HTTP y TCP/IP”. La televisora más veces bloqueada fue VIVOplay, después VPItv, NTN24 y El Pitazo.
En el caso de los medios internacionales; El Tiempo de Colombia, Infobae, BBC, EVTV Miami y El País, según el informe IPYS.
A principios del 2021 el director de la oficina de RSF en América Latina, Emmanuel Colombié, destacó que “la censura estatal que ejerce el gobierno de Nicolás Maduro contra la prensa crítica y de oposición tiene consecuencias dramáticas para el pueblo venezolano, que ve cada vez más limitado el acceso a información plural y contrastada”, agregando que “la libertad de información y el pluralismo mediático son los pilares de la democracia. Al acosar y asfixiar a los medios de comunicación independientes y no oficiales, el gobierno venezolano se pega un tiro en el pie y perjudica a la población”.
@sebastianab
