El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden condenó este martes los constantes atropellos y violaciones a los Derechos Humanos cometidos por la dictadura de Nicolás Maduro contra la oposición y la población venezolana. El Departamento de Estado denunció el rol de las fuerzas de seguridad del régimen y de los grupos paramilitares -como los colectivos chavistas- para llevar adelante el esquema represivo y de persecución.
“Los miembros de las fuerzas de seguridad cometieron numerosos abusos, y un informe de la ONU concluyó que había motivos razonables para creer que las autoridades gubernamentales y las fuerzas de seguridad habían cometido crímenes de lesa humanidad”, señaló el Departamento de Estado en un reporte especial publicado este martes sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela durante el año 2020.
La cartera dirigida por Antony Blinken indicó que entre los problemas más significativos en lo que respecta a los derechos humanos, se destacan “ejecuciones ilegales o arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura, y casos de trato cruel, inhumano y degradante por parte de las fuerzas de seguridad”, así como la presencia de cientos de “presos políticos” y los “graves problemas con la independencia del poder judicial”.
Frente a esa extensa lista de violaciones a los derechos humanos, las autoridades norteamericanas indicaron que el régimen chavista “no tomó ninguna medida efectiva para identificar, investigar, procesar o castigar a los funcionarios que cometieron” esos abusos.
El Departamento de Estado recordó que las ONG Foro Penal y Robert F. Kennedy Human Rights documentaron 753 desapariciones forzadas de detenidos políticos entre 2018 y junio de 2020. Asimismo, una investigación del ACNUDH descubrió que casi todas las personas detenidas por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) -uno de los brazos armados de la dictadura- “fueron sometidas a desapariciones forzadas durante períodos de siete a 40 días después de su detención, lo que aumenta el riesgo de que también sean víctimas de tortura y abuso”.
Pese a la condena internacional y la intención de profundizar las investigaciones en suelo venezolano, “el régimen de Maduro continuó negando las solicitudes del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de visitar el país”.
Entre los cuerpos de seguridad del régimen involucrados en los crímenes de lesa humanidad también se destacan las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), y Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
Los investigadores de la ONU concluyeron que “algunas autoridades de alto nivel tuvieron conocimiento de los crímenes y contribuyeron a ellos, mientras que otras que sabían o deberían haber sabido de los crímenes no tomaron medidas para prevenirlos o detenerlos”. “Los medios de comunicación y las ONG informaron de que las fuerzas de seguridad intentaban encubrir las ejecuciones extrajudiciales plantando pruebas o alterando las escenas del crimen para sugerir un altercado o un intento de huida de la víctima. Las FFM concluyeron que había motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad planificaron y ejecutaron graves violaciones de derechos humanos, incluidos asesinatos, algunos de los cuales equivalían a crímenes de lesa humanidad, desde 2014″.
El informe de la Misión Internacional Independiente también indicó que “hay motivos razonables para creer que Maduro y otros funcionarios del régimen ordenaron, contribuyeron o participaron en la comisión de los crímenes y abusos contra los derechos humanos documentados en el informe”.
De acuerdo a los reportes citados por el Departamento de Estado, las autoridades chavistas “sometieron a los detenidos a asfixia, descargas eléctricas, rotura de huesos, colgamiento de las extremidades y obligación de pasar horas de rodillas”. “Los detenidos también fueron sometidos a bajas temperaturas, privación sensorial y privación del sueño; permanecieron esposados durante largos periodos de tiempo y recibieron amenazas de muerte para ellos y sus familiares. Los detenidos informaron de que las fuerzas de seguridad afines al régimen los trasladaban de los centros de detención a casas y otros lugares clandestinos donde se producían los abusos”.
Entre los casos de torturas también hubo denuncias de que a los detenidos no se les permitió atención médica.
La ONG PROVEA identificó 574 casos de tortura por parte de las fuerzas de seguridad afines al régimen en 2019, lo que provocó la muerte de al menos 23 personas.
Pese a las denuncias de estos casos de abusos, desapariciones, crímenes y torturas, la justicia venezolana también es afín a la dictadura chavista, por lo que los procedimientos judiciales carecen de transparencia y de apego a la Constitución.
El gobierno norteamericano, por su parte, volvió a denunciar la presencia de agentes cubanos al servicio de las fuerzas de seguridad del régimen.
En el reporte de este lunes el Departamento de Estado norteamericano también fustigó las “graves restricciones a la libertad de expresión, a la prensa y a Internet, bloqueando sistemáticamente las señales e interfiriendo en el funcionamiento de la televisión, la radio y otros medios de comunicación privados, o cerrándolos”. Al respecto, Estados Unidos sostiene que la dictadura de Maduro “criminalizó la libertad de expresión al declarar la información desfavorable a sus políticas como difamación y calumnia, incitación a la violencia o al terrorismo, incluida la información precisa sobre las tasas de infección del COVID-19″.
Por su parte, el gobierno de Joe Biden rechazó las últimas elecciones “fraudulentas” en Venezuela -tanto las presidenciales de 2018 como las parlamentarias de 2020-, que impidieron a la población “cambiar su gobierno de forma pacífica a través de elecciones libres y justas”. En esa línea, Washington criticó el incremento de la persecución contra los diputados de la Asamblea Nacional (AN) y contra el gobierno legítimo del presidente interino Juan Guaidó.
“La corrupción de Nicolás Maduro ha agravado la terrible crisis humanitaria del pueblo venezolano”, escribió Blinken en la parte inicial del informe.
Estas conclusiones del Departamento de Estado tienen lugar semanas después de que el presidente Biden extendiera la duración del decreto de emergencia nacional con respecto a Venezuela, al considerar que la situación en el país caribeño bajo la dictadura de Maduro “continúa representando una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos”.
En una carta al Congreso de los Estados Unidos, Biden explicó la prórroga de la Orden Ejecutiva firmada el 8 de marzo de 2015 por el entonces presidente Barack Obama. “La sección 202(d) de la Ley de Emergencias Nacionales (50 U.S.C. 1622(d)) establece la terminación automática de una emergencia nacional a menos que, dentro de los 90 días anteriores a la fecha de aniversario de su declaración, el Presidente publique en el Registro Federal y transmita al Congreso un aviso que establezca que la emergencia continuará en efecto después de la fecha de aniversario”, señaló.
