Lo sucedido el pasado viernes en la Cota 905, en Caracas, la sede de todos los poderes públicos y epicentro del gobierno nacional, de verdad no tiene una explicación simple.
Solamente bajo un régimen inepto y disfuncional como el de Nicolás Maduro, una mega banda de delincuentes armados, como la de Carlos Luis Revete, alias “El Coqui”, intenta tomar un comando de la Guardia Nacional Bolivariana, trancan una autopista, aterrorizan una extensa área de la capital, siembran el caos y emprenden una balacera contra las autoridades, donde resulta muerta una ciudadana en su propia casa a causa de un proyectil perdido. Además, a plena luz del día y a los ojos de todos, bajan de su motocicleta a un ciudadano que, como pasa a muchos diariamente, tiene que contentarse por perder solo su medio de transporte y no la vida.
Lo de la Cota 905 ha sido, una vez más, contundente demostración de que las organizaciones delictivas, sean Colectivos Bolivarianos o en este caso la banda de “El Coqui”, quien reina bajo la más absoluta impunidad en todo el suroeste de Caracas, cohabita con la dictadura y juegan duro en la dinámica política venezolana. Si no fuese así, ¿cómo se explica la saña con la que los cuerpos de seguridad nacional acechan, atacan y disminuyen de forma feroz y eficiente a la población civil desarmada cuando protesta por sus derechos civiles y constitucionales, pero contra estos peligrosos malvivientes son permisivos, tolerantes y absolutamente inofensivos.
Por esta actitud permisiva y cómplice hacia estas organizaciones criminales, los jefes de seguridad deberían ser removidos de sus cargos y puestos a la orden de la Justicia. Claro, eso pasaría en un país normal, no en uno gobernado por una horda de narcotraficantes y corruptos, como lo son Maduro y sus secuaces.
La Revolución chavista, con sus dos décadas de enquistamiento en el poder, ha estimulado el florecimiento de la delincuencia de muchas maneras: saboteando la educación pública y privada, atacando la empresa privada generadora de puestos de trabajo, coartando las oportunidades de crecimiento profesional y personal para las nuevas generaciones, llevando hasta los límites de lo imposible el poder mejorar la calidad de vida a través del estudio y el trabajo, aumentando sostenida e intencionalmente los índices de pobreza; y, claro está, engrosando la dependencia de los ciudadanos hacia las migajas que regala el Estado.
No es casual que Venezuela se ubique entre los países más peligrosos del mundo, con cifras que dan terror. Y algunas de nuestras ciudades se puedan encontrar en la lista de las más inseguras del continente. Este desbordamiento de la criminalidad es planificado e inducido desde las altas esferas del poder. Sólo hay que ver la calculada ineptitud de los cuerpos de seguridad frente a la delincuencia. Acaso ¿cuántas veces escuchó usted a Chávez o a Maduro preocupado por las tasas de criminalidad?
Por otro lado, todo está servido para que la delincuencia prospere: el aparato de Justicia es inoperante y únicamente está para servir a los intereses políticos del chavismo. Y si hablamos del sistema penitenciario, ni se diga. Los pranes se reparten el control de los centros penitenciarios y a control remoto dirigen bandas que azotan las ciudades, repartiendo luego sus ganancias con los carceleros.
Así las cosas. Mientras los destinos del país estén comandados por tipos de la calaña de Maduro y “El Coqui”, los ciudadanos de bien tendrán que seguir persignándose y elevando sus plegarias, como única protección válida, cada vez que ellos o sus hijos deben salir a la calle.
@augustolacruz
