En numerosas oportunidades nos hemos referido a la remuneración de la población económica activa en nuestro país, destacando los niveles de pobreza generalizada que integran a la cuasi totalidad del censo nacional, que sobrevive en el país del ingreso más bajo del planeta representado en 70 centavos de dólar mensual.
La tiranía madurista se ufana de su “obrerismo” al otorgar innumerables bonos basura, que no conllevan ningún impacto sobre el salario para efectos de utilidades, horas extras, vacaciones y demás derivados de la relación salarial, los cuales sumados al sobre de pago formal no alcanzan para el trabajador del sector público siquiera a 10 dólares, cantidad ridícula frente a la canasta alimentaria de 250 dólares mensuales. Otro tanto sucede con el trabajador del sector privado que es remunerado mediante acuerdos discrecionales y en el mejor de los casos, bajo contratos colectivos con cantidades mucho más cercanas a la cesta de alimentos citada.
Ahora bien, entre tanto ¿qué sucede con los pensionados y jubilados de nuestro país cuyos derechos emanan del artículo 86 de la CRBV, de la Ley Orgánica de Seguridad social de 2002, de la Ley del Seguro Social Obligatorio de 1966 y de numerosos contratos colectivos del sector público, ya que en la empresa privada se han convenido excepcionalmente planes de jubilación adicional a la pensión del IVSS?
La dimensión de esta tragedia se acrecienta cuando identificamos que este sector laboral, comprende un universo de más de 5 millones de seres humanos, de los cuales 4 millones son pensionados por el IVSS al cumplir las cotizaciones requeridas para acceder al derecho a la pensión, y un millón y medio adicional que percibe la pensión amor mayor, concedida por el ejecutivo nacional aun cuando no hayan cumplido las cotizaciones.
En realidad, esta inmensa masa humana se encuentra a la intemperie, la edad no le permite acceder por su condición física al mercado de trabajo, tampoco tiene la fuerza de la juventud para asumir el éxodo que han decidido 6 millones de Venezuela en edad productiva, quienes han tenido la tenacidad para cruzar sabanas y páramos en procura de un trabajo que les permita alimentar a sus familias en Venezuela.
La gran mayoría de la tercera edad no cuenta con la oportunidad de recibir remesas de sus familiares en diáspora, tan solo cuentan con 1.200.000 bolívares como pensión mensual, más los bonos que otorga discrecionalmente el tirano, entre ellos el bono de guerra económica que sumaría 2.400.000 adicionales, cantidades que en el contexto de una economía dolarizada significarían 4 dólares mensuales de ingreso. Incluso aquellos que perciben su jubilación en el sector público, esta es consumida por los descuentos para servicios médicos, funerarios que tampoco utilizan.
Por tanto, pareciera que morir de mengua es el destino final ya que las escasas fuerzas las utilizan en deprimentes y agotadoras colas, cada vez que asisten al llamado del IVSS para el cobro mensual en el respectivo banco, momento en que solo pueden retirar un 30% del efectivo ante la baja disponibilidad suministrada en las agencias.
Todo este cuadro dramático se agrava con la pandemia al ser los adultos mayores la población más vulnerable al Covid 19, como lo han indicado los partes médicos en numerosos reportes de una infraestructura sanitaria en ruinas, incapaz de atender a decenas de miles de infectados sin esperanza de atención, que no sean las curas milagrosas como las “gotitas del Dr. José Gregorio Hernández” que se anuncian demagógicamente para tranquilizar y burlarse de la población.
Los adultos mayores en nuestro país ven con estupor como las pensiones en la mayoría de los países de América Latina oscilan entre 150 y 400 dólares mensuales, sin comparación alguna con los 0,70 dólares mensuales que perciben de manos del gobierno “revolucionario”, situación que ha determinado para los jubilados y pensionados ser uno de los sectores más representativo en la protesta laboral desarrollada en el territorio nacional, e incluso internacional, al no percibir aquellos pensionados que se encuentran en el extranjero un solo centavo de sus pensiones y jubilaciones.
Esta amarga condición no se compadece con la voluntad y el sacrificio de generaciones de venezolanos y extranjeros, quienes durante el siglo XX y lo que va del XXI entregaron mediante el trabajo sus mayores esfuerzos en procura de la construcción de un país, para terminar en la recta final de sus vidas en la ruina más abyecta, a manos de un régimen criminal e insensible a quien poco importa la condición humana.
