La semana pasada, ocurrieron dos hechos que vuelven a cuestionar el rol del Poder Judicial en Iberoamérica. La justicia española, controlada obviamente por el dúo Pedro Sánchez (Partido Socialista Obrero Español) y Pablo Iglesias (Podemos), actualmente presidente y vicepresidente del gobierno, aprovechan el caos de la pandemia china Covid19, para imponer el control social y beneficiar a sus cómplices de causa venezolanos.
Por violación de sus derechos, el Tribunal Constitucional Español, liberó al ex viceministro de Energía Eléctrica del gobierno de Hugo Chávez, el zuliano Nervis Villalobos, a quien detuvo el 17 de octubre de 2018 por blanqueo de capitales. Según el diario El Mundo, citado por el canal informativo NTN24 (17-10-2018), “el 28 de octubre de 2017 la policía española detuvo a Villalobos y lo recluyeron en la cárcel de Soto del Real, después de que Estados Unidos pidiera su extradición por su presunta participación en una trama de corrupción, vinculada con la oficina de la empresa estatal venezolana Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en Houston (Texas).
En esa fecha también se emitieron “cuatro órdenes internacionales de detención y seis registros de domicilios y despachos profesionales, junto al embargo preventivo de más de 130 inmuebles, incluyendo un hotel, dos edificios de apartamentos, una urbanización de lujo con más de 40 villas situada en Marbella y una decena de inmuebles localizados en un barrio de Salamanca, todo con un valor estimado de 72 millones de euros”. Sin embargo, el alegato indica que se violaron sus derechos.
El 21 de diciembre de 2020, la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, liberó a la acaudalada enfermera de Hugo Chávez, Claudia Patricia Díaz, ex tesorera Nacional de Venezuela, y a su esposo Adrián José Velásquez, a quienes la justicia norteamericana reclaman por lavado de dinero y presunta participación en una millonaria “trama de lavado de dinero en la que Raúl Gorrín, dueño del canal Globovisión, pagó millonarios sobornos a dos ex tesoreros venezolanos, Alejandro Andrade Cedeño y Claudia Díaz”.
El 14 de noviembre de 2019 un escape colocó en duda la imparcialidad de la justicia española. El ex jefe de inteligencia (2000-2011) de Hugo Chávez, Hugo “El Pollo” Carvajal, a quien la justicia norteamericana solicitó en extradición por vínculos con grupos terroristas y tráfico de drogas, se fugó poco antes que la Audiencia Española aceptara la petición de entregarlo a EEUU. Hasta la fecha se desconoce su paradero. La liberación y fuga era obvia, manejaba mucha información relacionada con los oscuros vínculos con el narcoterrorismo y otros intereses de la nomenclatura chavista.
El 23 de diciembre de 2020, “una corte federal en Argentina eligió absolver a Carlos Telleldín, un sospechoso clave en el atentado de 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires que tomó las vidas de 85 personas inocentes que se convirtieron en objetivos simplemente por ser judías”, señala el portal Infobae (25-12-2020). El ex reo es acusado de entregar la camioneta con la cual se ejecutó el atentado. Durante la gestión de Cristina Kirchner hubo acusaciones de manipulación del caso por sus vínculos con el gobierno iraní, autor intelectual del hecho.
Como los hechos anteriores, hay varios ocurridos en los últimos años en los que están involucrados personajes que conforman el Foro de Sao Pablo, como es el caso del ex mandatario brasileño y uno de sus fundadores, Ignacio Lula da Silva, Gustavo Petro (Colombia), Cristina Kirchner (Argentina), Rafael Correa (Ecuador), Evo Morales (Bolivia), Daniel Ortega (Nicaragua) y Nicolás Maduro (Venezuela), todos absueltos o sin investigación alguna. Un caso destacado y uno de los mayores casos de corrupción es el Lava Jato, que gestó el ex mandatario brasileño con las empresas Odebrecht y Petrobras en toda Latinoamérica con sus colegas socios; a pesar de las pruebas en su contra, Lula fue liberado y posteriormente condecorado y nombrado ciudadano honorífico por la alcaldesa de París, Anne Hidalgo.
En España, luego de la nefasta gestión de José Luis Rodríguez Zapatero del Psoe, aliado incondicional del cuestionado régimen chavista de Nicolás Maduro, su pupilo Pedro Sánchez asumió la presidencia a través de un golpe legislativo contra Mariano Rajoy del Partido Popular, y de la mano del corrupto Pablo Iglesias han emprendido una estrategia de control del poder judicial y de ataques en contra de quienes se opongan a sus planes, incluyendo el rey de España, Felipe VI, y su padre Juan Carlos de Borbón, dejando sin efecto las investigaciones relacionadas con los financiamientos ilegales de su partido Podemos o los serios cuestionamientos que se han generado contra la actual gestión durante el manejo de la pandemia.
El peligro de la impunidad que gozan estos insignes personajes disfrazados de demócratas reivindicadores de las causas sociales, es que su poder demoledor socava los avances sociales y políticos que han mejorado progresivamente las condiciones de los países de la región y en especial sus instituciones; mientras sus representantes progresistas que han ejercido funciones de gobierno, ahora viven del fruto de sus mentiras y del aprovechamiento de los dineros públicos que fueron a parar en cuentas personales y paraísos fiscales, tal como lo demuestran los casos de Nervis Villalobos, los tesoreros Claudia Díaz y Alejandro Andrade, este último disfrutó su vida de rico en las cálidas playas de Florida.
La editora de TVE, María Izaguire (El Mundo 25-12-2020), advierte que lo ocurrido en España con el manejo de la información oficial del gobierno Sánchez-Iglesias refleja el peligro de soportar la democracia sobre las bases de la mentira, insistiendo que el rol del periodismo es oxigenarla con su ética y ejerciendo la libre información. Los controles y la propaganda oficial están deteriorando el sistema democrático español, y esa amenaza, datos en mano, está expresada en su libro “100 días de estado de alarma. La democracia confinada”.
Una advertencia de un fenómeno local que ya trasciende las fronteras españolas y se expande por su antiguo imperio, destruyendo la institucionalidad y el régimen de libertades ganadas con “sangre, sudor y lágrimas”, que progresivamente han movido al continente latinoamericano hacia sistemas sociales, políticos y económicos menos excluyentes. Lo preocupante es que esos izquierdistas, que se hacen llamar progresistas, han tenido experiencias de gobierno que han dejado nefastas secuelas y no han resuelto los problemas de desigualdad, por el contrario los han profundizado con mentirosos logros que generan dependencia política, mayor pobreza y atraso.
Hugo M. Delgado A.-Periodista
@hdelgado19
