La fiscal de la Corte Penal Internacional Fatou Bensouda anunció este lunes que, luego de haber llevado a cabo un examen preliminar sobre la situación en Venezuela, ha encontrado fundamentos razonables para creer que “al menos desde abril de 2017 autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del Gobierno (del país caribeño) han cometido los crímenes de lesa humanidad de encarcelación, tortura, violación y/u otras formas de violencia sexual y persecución de un grupo o colectividad en motivos políticos”.
En un comunicado, el órgano internacional enumeró las fuerzas de seguridad del régimen de Maduro cuyos miembros son presuntamente responsables de los crímenes: “: la Policía Nacional Bolivariana; (“PNB”), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (“SEBIN”), la Dirección General; de Contrainteligencia Militar (“DGCIM”), la Fuerza de Acciones Especiales (“FAES”), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (“CICPC”), la Guardia Nacional Bolivariana (“GNB”), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (“CONAS”) y ciertas otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (“FANB”)”.
El documento también hace referencia a las milicias paramilitares al servicio de la dictadura, conocidas como “colectivos”, e indica que actuaron “junto con miembros de las fuerzas de seguridad o con su consentimiento”. “En relación con el presunto rol de los actores mencionados, “el/los caso(s) potencial(es) identificados por la Fiscalía no estarían limitados a estas personas o grupos de personas y se procuraría examinar la presunta responsabilidad de aquellos que parezcan ser los máximos responsables por tales crímenes”.
La persecución política también está incluída en el reporte de la fiscal, quien indicó que “la información disponible indica que individuos a favor del gobierno también participaron en la represeión de opositores del Gobierno de Venezuela, o gente percibida como tal, principalmente actuando junto con miembros de las fuerzas de seguridad o con su consentimiento”.
El reporte aclara a su vez que la información recabada no excluye otros potenciales crímenes cometidos en el país caribeño, sino que su rol es de establacer “si se ha satisfecho el umbral requerido para abrir investigaciones”. “La Fiscalía anticipa concluir el examen preliminar a fin de determinar si existe fundamento razonable para proceder a una investigación durante la primera parte de 2021″, explica.
La fiscalía comenzó con el examen preliminar en febrero de 2018, luego de que un grupo de Estados Parte del Estatuto de Roma -Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú- remitieran la situación. La solicitud tiene como punto de inicio el 12 de febrero de 2014, pero la investigación lo ubicó en abril de 2017. Venezuela también es un Estado Parte de la CPI, y el órgano investigará formalmente la situación si determina que el país caribeño no puede o no quiere hacerlo por cuenta propia.
La determinación de la CPI coincide con aquellas de otros organismos internacionales como la ONU y la OEA. La misión de determinación de hechos de la primera concluyó en septiembre que “Maduro tiene responsabilidad directa en crímenes de Lesa Humanidad” cometidos desde 2014.
